Este jueves, la Suprema Corte de Estados Unidos (EEUU) desestimó la demanda civil que el Gobierno de México presentó contra fabricantes de armas de fuego, a los cuales acusó de negligencia, debido a que presuntamente fomentan la violencia generada por los cárteles de la droga.
En su decisión unánime, los nueve jueces del tribunal acordaron que la demanda de México no tiene un “alegato plausible respecto a los fabricantes y vendedores de armas que las comercializan de manera ilegal a los traficantes mexicanos”, dio a conocer la jueza Elena Kagan.
Agregó que México no presentó un argumento verosímil que compruebe que los fabricantes de armas estadounidenses hayan contribuido a la venta ilegal de sus productos. “Los fabricantes no pueden ser acusados de apoyar actos criminales simplemente porque los miembros de cárteles mexicanos también prefieren esas armas”, opinó.
En ese sentido, se indicó que los fabricantes demandados por México —entre los que se encuentran Smith & Wesson— conservan la inmunidad que les otorga la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PCLAA) contra cualquier medida por el uso de sus productos en actos delictivos.
El Gobierno de México presentó la demanda en agosto de 2021 ante la Corte Federal de Distrito de Boston, en Massachusetts. Las acciones fueron encabezadas por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y fueron acompañadas por el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio.
En su momento se argumentó que los fabricantes de armas estadounidenses realizaban prácticas negligentes en cuanto al comercio de sus productos, ya que mediante su tráfico ilícito llegan a las manos de miembros criminales que los usan en la comisión de actos violentos en territorio mexicano.
Ante la decisión del Máximo Tribunal, Alejandro Celorio afirmó que el Gobierno de México no debería dejar de lado esta exigencia para que los principales fabricantes de armas en EEUU promuevan medidas de comercio responsables, con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito y su uso en actos criminales.
“¿Debemos abandonar nuestra exigencia de que las empresas sean cuidadosas a quien le venden? No. ¿Debemos insistir en que más del 70% de las armas provienen de Estados Unidos y que no es normal? Sí”, expresó Celorio mediante su cuenta de X.
“Debemos seguir insistiendo en que la clave para atender los tráficos ilícitos es desarmando al crimen organizado. Y los fabricantes y vendedores de armas bien pueden ayudar. Es hora. No podemos permitirnos guardar silencio”, agregó
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto en su conferencia matutina de este jueves, se limitó a expresar una opinión. “Son dos juicios, vamos a ver cuál es el resultado e informamos”, acotó.
Además de este caso, el Gobierno de México presentó otra demanda en octubre de 2022 ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona. Aunque ambas tiene argumentos similares, la diferencia es que la primera está dirigida a los fabricantes, mientras que la segunda se enfoca en la venta de armas que se realizan a través de prestanombres.
Esta segunda demanda incluye a cinco tiendas en particular: Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC (conocida como The Hub Target Sports); Ammo A-Z, LCC, y Sprague’s Sports, Inc.
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