
La expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario “N”, fue detenida la noche del jueves 23 de enero en el municipio de Metepec por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La aprehensión se logró con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS), como parte de las acciones que conforman el Operativo Enjambre.
De acuerdo con las autoridades, a la exfuncionaria se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Tras su detención, se confirmó que será trasladada a un penal estatal donde quedará a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica.
Durante el mismo operativo, las autoridades localizaron a la hija de la detenida, quien, según declaraciones de su padre, había sido reportada como desaparecida.
Fuentes informaron que María del Rosario “N” será certificada médicamente en el edificio central de la Fiscalía del Edomex antes de su ingreso al centro penitenciario correspondiente.
Antecedentes de la investigación

María del Rosario “N” está siendo investigada por presuntos vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana, a la cual habría recurrido para financiar su campaña electoral como presidenta municipal de Santo Tomás, cargo que asumió en 2022 bajo el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor de Mauleón en su columna para El Universal, la exalcaldesa habría contraído una deuda de 15 millones de pesos con los líderes del cártel, comprometiéndose a pagarla con recursos públicos tras asumir el cargo. En retribución, la exfuncionaria habría permitido actividades ilícitas como extorsiones, secuestros y el despojo de propiedades en la región.
Además, su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, quien fue electo como presidente municipal de Santo Tomás para el periodo 2025-2027, también está bajo investigación por presuntos vínculos con el mismo grupo criminal.
Huida del esposo
El pasado 17 de diciembre de 2024, Pedro Luis Hernández, conocido como ‘Wicho’, logró escapar de las autoridades cuando intentaron arrestarlo en la ceremonia donde asumiría el cargo como presidente municipal.
Durante el evento, realizado en la plaza cívica del ayuntamiento, agentes de la Fiscalía mexiquense y elementos de la SEDENA desplegaron un operativo para su detención.
Sin embargo, la intervención de policías municipales, integrantes del cabildo y civiles impidió su captura, permitiéndole huir. En el lugar, las autoridades lograron la detención de 15 personas, incluidas tres policías municipales que fueron identificados como parte del grupo que facilitó la fuga del edil electo.
Héctor de Mauleón detalla que la victoria de Hernández de Paz en las elecciones municipales se habría conseguido mediante la intervención de la Familia Michoacana, que habría secuestrado al suegro de una de sus principales contrincantes, Teresa Reyes Loza, quien renunció a su candidatura por razones de seguridad.
El periodista también mencionó que Hernández recibió un mensaje de uno de los operadores de la organización, identificado como ‘El Tuza’, donde se le informaba que la acción contra el suegro de su contrincante ya se había realizado.
Cambios en la presidencia municipal

Tras la huida de Hernández de Paz, la presidencia municipal quedó en manos del suplente, Ismael Matías Domínguez, quien días después asumió el cargo en una sesión privada ante los conflictos generados por las investigaciones en curso.
Matías Domínguez se comprometió públicamente a garantizar la seguridad y transparencia en el municipio, en medio de una crisis de gobernabilidad provocada por los presuntos nexos entre las autoridades locales y el crimen organizado.
La detención de María del Rosario “N” forma parte de las acciones desplegadas por el Operativo Enjambre, que tiene como objetivo desarticular redes criminales en el Estado de México. Según la FGJEM, estas investigaciones buscan combatir delitos como el uso indebido de recursos públicos, la extorsión y la colaboración de autoridades locales con grupos delictivos.
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