En la Ciudad de México, un incidente registrado en el que un hombre fue desalojado de un vagón del Metro por llevar a su perro sin jaula transportadora ha motivado una investigación. El hecho, que fue objeto de viralización a través de videos en redes sociales, tuvo lugar en la estación Garibaldi de la Línea 8, provocando la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
El desalojo se produjo tras la activación de la palanca de emergencia por parte de otros usuarios, quienes reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente en el transporte público sobre el traslado de mascotas.
De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, especificada en el artículo 161, fracción XI, el transporte de mascotas en el sistema de Metro está permitido únicamente si estas van dentro de una jaula transportadora, norma que el hombre en cuestión no cumplía.
Ante su negativa a abandonar el vagón voluntariamente, fue necesario que los oficiales de la PBI procedieran a su retiro, ante la mirada y reacción mezclada de los presentes, entre los que se encontraban individuos que documentaron el suceso, generando diversas opiniones en las plataformas digitales. Por la falta de empatía de los elementos incluso por forcejear con el individuo que contaba con las manos ocupadas al llevar al lomito que se encontraba lesionado. El debate público se ha dado porque dicho personaje fue bajado de manera no cortés de las instalaciones del STC dejado a su suerte.
Por lo que los mensajes en contra de la administración del metro han llegado masivamente y buscan que el elemento sea sancionado por la actitud prepotente la cuál esta documentada en redes sociales. Asimismo se ha mencionado también que el susodicho esta únicamente cumpliendo con su trabajo, pero todos critican que hay formas no groseras y adecuadas de hacerlo, principalmente siendo servidores públicos.
La SSC ha tomado medidas al respecto, y mediante una tarjeta informativa hainiciando una investigación administrativa interna a través de la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa para evaluar la conducta de los agentes involucrados durante el incidente.
Este proceso busca esclarecer las circunstancias bajo las cuales se realizó el desalojo y asegurar el cumplimiento de las normativas internas y los derechos de los ciudadanos, en un esfuerzo por garantizar un ambiente seguro y regulado en el sistema de transporte colectivo de la capital.
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