La ciudad de Morelia enfrentará un paro en el servicio de transporte público este lunes 26 de febrero desde las 10:00 hasta las 12:30 horas, por lo que la ciudadanía se verá severamente afectada.
Los grupos de transportistas de Alianza, Taxis de la Nueva Central y la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) han anunciado un plantón frente al edificio del Poder Judicial de la Federación en protesta contra los amparos desestimados en relación con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial impulsada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
La ley en cuestión busca, según las autoridades, regular el servicio de transporte en el estado bajo principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, pero ha sido criticada por los transportistas, quienes han presentado diversos amparos, todos desestimados por los jueces federales.
Según los transportistas, se han impuesto al menos 38 amparos contra la Ley de Movilidad, pero acusan que estos no están siendo considerados de manera adecuada por las autoridades, motivo por el cual han decidido manifestarse.
Rutas afectadas
La manifestación se concentrará en la Av. Camelinas, desde Ventura Puente hasta Av. Enrique Ramírez, un punto clave que anticipa afectaciones significativas en la movilidad de la zona.
La protesta tendrá un impacto directo en varias rutas de transporte público, incluyendo las rutas Roja, Guinda, Rosa, y Naranja, además de todas las rutas administradas por la CRT y los taxis.
Es importante estar atento a confirmaciones adicionales sobre el paro total de las rutas de la CRT, las cuales son lideradas por José Trinidad Martínez Pasalagua e incluyen un total de 12 variantes que prestan servicios en la zona.
Gobierno acusa “motivaciones políticas”
Ante la situación, Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno de Michoacán, aseguró que el paro no es más que una manifestación con motivaciones políticas detrás. Apunta a José Trinidad Martínez Pasalagua, también exdiputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ahora parece tener intereses vinculados al partido Tiempo x México en vísperas de las elecciones, buscando beneficiar a su nueva afiliación política.
Ibarra Torres explica que el movimiento de los transportistas también busca presionar al Poder Judicial de la Federación debido a la serie de amparos fallidos contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial; una regulación que, pese al gran número de intentos para impugnar, ha sido respaldada por jueces federales como constitucional y en pro del interés público.
Finalmente, el secretario advierte que es probable que los transportistas continúen perdiendo cualquier recurso legal que presenten contra esta legislación, dada su constitucionalidad y su naturaleza de orden público.
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