La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno argentino que el reclamo del juez federal Germán Castelli -uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7 que juzga el caso Cuadernos- por la estabilidad en su cargo se encuentra en etapa de admisibilidad y que evalúa acelerar el caso para dictar un fallo definitivo.
En un escenario similar al suyo se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. Los tres llegaron a sus cargos actuales por traslado, en 2018.
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La decisión del organismo internacional, que fue comunicada formalmente este lunes al canciller Pablo Quirno, se produjo luego de que el magistrado del TOF N° 7 denunciara una campaña de hostigamiento y una “doble vara” en el tratamiento de los traslados de jueces.
Para entender la disputa es necesario remontarse a noviembre de 2020, cuando el fallo “Bertuzzi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los traslados de jueces no son definitivos y que esos puestos deben cubrirse mediante los concursos tradicionales.
Sin embargo, Castelli denunció que este criterio se aplica de manera selectiva: mientras a él, a Bruglia y a Bertuzzi se los “presiona” con el avance de concursos para reemplazarlos, a otros magistrados en idéntica situación se los consolida en sus puestos.
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El juez del TOF N° 7 señaló puntualmente el caso de Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal -también llegó por traslado-, quien el mes pasado extendió cinco años más su permanencia en el cargo con acuerdo del Senado Nacional.
Durante el debate parlamentario, los legisladores oficialistas defendieron la continuidad de Mahiques con un argumento central: sostuvieron que el fallo de la Corte no puede aplicarse de forma retroactiva a traslados anteriores a 2020. Sucede que tanto Mahiques como Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados de un juzgado a otro en 2018.
Ante este escenario, Castelli reaccionó con dureza y envió una exigencia formal al Consejo de la Magistratura para que aplique ese mismo criterio de irretroactividad a su caso y al de los camaristas de Comodoro Py. El magistrado calificó la situación como una “fatal contradicción en perjuicio del sistema republicano, traducida en discriminación y persecución con afectación de la seguridad jurídica”.
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En esa línea, el juez reclamó la suspensión de los concursos N° 461 -dos vacantes en la Sala I de la Cámara- y N° 479 -una vacante en el TOF N° 7-, que se reactivaron en los últimos meses.
Es así que, en mayo, Castelli envió un escrito a la CIDH en el que solicitó que se abrevien plazos y se pronuncien sobre el fondo de su reclamo. Y vinculó esa reactivación de los concursos con un intento de condicionar su tarea judicial, debido a que interviene en el debate oral de mayor trascendencia pública en el presente, donde se juzga a más de 80 personas, entre ellas la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Es por esto que el organismo internacional analiza aplicar una medida excepcional para saltear las etapas de discusión preliminares y avanzar de manera directa hacia un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
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El magistrado recordó, además, que el Poder Ejecutivo interrumpió las negociaciones de solución amistosa ante la CIDH pocos días antes de que comenzara el juicio de los cuadernos de las coimas. Según sus palabras, esta medida representa “un indebido intento de presión política a través del señalamiento selectivo de la precariedad en la estabilidad del cargo”.
Por este motivo, el juez solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acelere el tratamiento de su reclamo ante el riesgo inminente de que el paso del tiempo vuelva inútil cualquier resolución.
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