El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que vaya a juicio oral el gendarme acusado de herir con una pistola lanza gases al reportero gráfico Pablo Grillo, mientras este cubría una protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación, en marzo de 2025.
Se trata del cabo primero de la Gendarmería Nacional Héctor Guerrero, imputado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón.
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Guerrero participó del operativo en el Congreso como integrante de la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería. El legajo de Guerrero contiene dos certificados de aprobación de cursos sobre el Código de Conducta para funcionarios, encargados de hacer cumplir la ley.
En el requerimiento, Taiano precisó que “se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional. Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria”.
El informe de los peritos estableció que el gendarme disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes que se encontraban al costado de la plaza.
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El fotógrafo se encontraba sobre Yrigoyen, en posición de cuclillas, dos metros atrás de una especie de barricada improvisada, y a una altura aproximada de entre 60 y 70 centímetros respecto del suelo. Desde allí fotografiaba la zona donde se ubicaban las fuerzas de seguridad, quienes se encontraban a unos 47 metros de distancia.
Taiano indicó que “en atención a su vasta experiencia, no existe posibilidad alguna de que desconociera los protocolos establecidos para el uso del arma empleada. Mucho menos podía dejar de representarse la posibilidad de ocasionar una lesión”.
Agregó que Guerrero “ejerció las potestades conferidas en razón de su cargo de manera abusiva al efectuar disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) contra un reportero gráfico que no representaba peligro alguno, y contra manifestantes que tampoco constituían amenaza”.
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Por el impacto de la granada de gas sobre su cabeza, Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.
De acuerdo con la actualización de su historia clínica, “Grillo presenta un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, lo que podría derivar en secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada”.
El futuro de la causa
La jueza María Servini deberá poner en consideración el planteo del fiscal Taiano antes de resolver si envía la causa a juicio oral. En este caso, son querellantes la familia de Pablo Grillo, con la representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
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Los informes que presentó Gendarmería Nacional revelaron que existe un protocolo que expresa que si “se tuviera que emplear apuntando, como podría ser para arrojar el proyectil en el perforante o largo alcance, jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte”.
La documentación agrega que “para una alternativa de este tipo resulta conveniente tener presente que los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza y al propio tiempo obtener un desplazamiento adecuado del cartucho”.
Taiano consideró que el gendarme actuó con plena consciencia de que infringía las normas y de que ponía en peligro a las personas allí presentes, en un contexto donde no existía una amenaza actual e inminente.
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