La Cámara en lo Penal Económico ratificó este viernes al juez Diego Amarante al frente de la investigación por supuesta evasión en la que procesó al presidente de AFA Carlos “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.
Significó otro revés para la estrategia defensiva del tesorero de la AFA, quien había reclamado sacar al magistrado del caso. El Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación porque no hay pruebas de enemistad ni de pérdida de imparcialidad, concluyó.
“Por ninguna de las circunstancias invocadas se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad” del juez hacia el tesorero, advirtió el camarista Roberto Hornos. También recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y que no puede utilizarse para cuestionar decisiones procesales ni para intentar cambiar al juez natural de la causa. “No basta la mala opinión o malquerencia”, sino que debe acreditarse una “mutua animosidad, real y notoria”, algo que no se verificó en el caso.
Respecto de los hechos concretos, descartó que la organización de la salida del edificio o el operativo policial del día de la declaración indagatoria de Toviggino tengan relevancia para acreditar parcialidad porque se trata de cuestiones ajenas al proceso.
También descartó un trato discriminatorio del juez Amarante hacia el tesorero por mantener su prohibición de salida del país mientras que a otros procesados se les levantó esta restricción. Además, Hornos negó que la falta de producción de ciertas pruebas pedidas por la defensa implique parcialidad: “Los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas”, ya que esa evaluación forma parte de su “discrecionalidad”, advirtió el camarista.
En cuanto a un supuesto prejuzgamiento, concluyó que “no se encuentra acreditado que el juez haya divulgado a los medios de comunicación información” antes de resolver, y las publicaciones periodísticas sobre el futuro del caso fueron sólo “estimaciones”.
Finalmente, descartó que la elaboración previa de la resolución que dictó los procesamientos implique alguna irregularidad como postuló Toviggino. “Elaborar un proyecto de resolución no es prejuzgar, sino trabajar en la decisión”, concluyó la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La Cámara rechazó así la recusación y ratificó a Amarante como juez de la causa.
Esto se sumó a un planteo de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones que reclamó este viernes agravar la acusación por la que están procesados Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes acusados.
Los argumentos del tesorero
La defensa de Toviggino había intentado apartar al juez por supuesta “enemistad manifiesta” y riesgo de pérdida de imparcialidad basada en una serie de episodios que a su criterio ocurrieron durante la investigación.
Entre esos argumentos, sostuvo que durante su declaración indagatoria el juez rechazó que pudiera retirarse por una salida alternativa del edificio, lo que —según planteó— buscaba exponerlo mediáticamente. Según la recusación, esa decisión formaba parte de un “plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal”.
También cuestionó un supuesto trato desigual respecto de otros imputados. Señaló que, mientras a él se le mantuvo la prohibición de salida del país, a otros coimputados en una situación similar se les levantó esa restricción, lo que —a su criterio— violaba el principio de igualdad ante la ley.
Otro de los ejes fue la falta de producción de prueba solicitada por la defensa. Toviggino argumentó que el juez dictó su procesamiento sin haber ordenado un peritaje contable clave que había sido requerido, lo que interpretó como una muestra de “animosidad manifiesta”.
Además, planteó un supuesto escenario de prejuzgamiento. Sostuvo que algunos medios de comunicación anticipaban decisiones judiciales antes de que fueran firmadas, lo que —según su postura— evidenciaba que el magistrado ya tenía definido el resultado del expediente con anterioridad.
En esa línea, también cuestionó la rapidez con la que se dictó el procesamiento, al señalar que el juez habría tenido la resolución “redactada con anterioridad y absoluta prescindencia” de sus dichos.
El Tribunal descartó todos los argumentos y ratificó al magistrado. Los procesamientos están apelados, la fiscalía reclamó agravar la acusación y las defensas que sean revocados. Se fijó una audiencia para el 5 de mayo próximo y luego se conocerá la decisión.