El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración testimonial a Claudia Sbabo en el marco del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La testigo sostuvo que el dinero que usó para comprar el departamento de la calle Miró en Caballito, que meses después vendió al funcionario provino de una operación inmobiliaria anterior “de pozo”, explicaron fuentes del caso. Además dijo que tenía un vínculo con la otra jubilada que ahora presta declaración, Beatriz Viegas.
Sbabo llegó a las 7:15 a los tribunales de Comodoro Py, casi dos horas antes de lo que se la esperaba. Se retiró minutos antes de las 11 con custodia policial y sin realizar declaraciones a la prensa.
Según explicaron fuentes judiciales, su cita era a las 9 pero pidió permiso para llegar antes y aguardar dentro de la fiscalía con el fin de evitar el acoso periodístico, algo que finalmente no logró.
Sbabo esperó casi dos horas en las dependencias judiciales y su declaración testimonial comenzó a las 9 con la llegada del abogado de Adorni, Matías Ledesma.
Dos horas más tarde y casi detrás de ella, ingresó a la fiscalía la segunda testigo del día, Viegas. Ambas mujeres son las jubiladas que le financiaron el pago del departamento que compró el funcionario del gobierno nacional, junto con su esposa Bettina Angeletti, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
La operación fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los restantes 200.000 dólares.
Ahora, por requerimiento de la fiscalía, Viegas y Sbabo presentaron en la audiencia de este miércoles sus teléfonos celulares con el fin de acceder a sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes relacionadas con las operaciones que se están investigando.
Los próximos testigos
La prueba testimonial avanzará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de compraventa en Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Ambos fueron citados el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana.
Pollicita dispuso también nuevas citaciones vinculadas a los viajes de Adorni y su esposa. Citó para el 4 de mayo al representante legal de la agencia de viajes Optar que facturó los pasajes de Adorni.
En tanto, el miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento.
La escribana Adriana Nechevenko señaló que Feijoo es amigo de Adorni, porque sus hijos van al mismo colegio. En ese sentido, justificó que las mujeres le otorgaron una hipoteca a un año sin intereses debido a la confianza que había entre las partes.
Según la declaración del futbolista Hugo Morales, el antiguo titular del inmueble, Feijoo lo había reservado para que luego lo compre su madre.
La pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración del ex dueño Juan Ernesto Cosentino.
Además, deberá comparecer Matias Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación del inmueble. En la citación, el fiscal Pollicita le pide que lleve a Tribunales distintos presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita establecer el alcance de las tareas de construcción encomendadas.
La causa
La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se inició con la acumulación de denuncias que apuntaban contra su viaje en avión privado a Punta del Este, más las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
En relación a la hipoteca de la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron en sede judicial que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda vencerá en noviembre de este año.
Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex vocero presidencial, su esposa Angeletti y sus cuatro acreedoras.
En el mismo sentido, el representante del Ministerio Público solicitó información patrimonial y financiera a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en la causa.