Los próximos pasos en el caso Adorni: nuevas medidas y la declaración de una testigo clave

El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la investigación del crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, apuntado por la compra de propiedades y los vuelos en avión privado a Punta del Este

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, durante una reunión en Casa Rosada. REUTERS/Agustin Marcarian

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación del patrimonio de Manuel Adorni, prepara para los próximos días nuevas medidas tendientes a esclarecer cómo hizo el jefe de Gabinete para adquirir las propiedades que compró el año pasado junto a su esposa Bettina Angeletti: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El miércoles de la semana que viene será un día clave. Durante la mañana deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra de la unidad que adquirió Adorni en un edificio de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Como cualquier testigo, se sentará frente al fiscal y al juez Ariel Lijo sin sus abogados, y en todo momento estará obligada a decir la verdad.

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Nechevenko deberá explicar los pormenores de la operación. Hasta ahora se conoció que dos jubiladas, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64), le vendieron en noviembre de 2025 el departamento de 199 metros cuadrados al matrimonio, con ciertas facilidades. Fue mediante un crédito hipotecario de 200 mil dólares, del cual ambas son acreedoras en partes iguales.

El diario La Nación contactó a ambas mujeres. Una de ellas dijo no conocer a Adorni y la otra no contestó.

El edificio de Adorni en Caballito, custodiado por la Policía Federal. Foto: Gustavo Gavotti

Con el crédito, el jefe de Gabinete habría cubierto el 87% del valor del piso en Miró. No obstante, el fiscal Pollicita buscará saber a ciencia cierta cuánto vale la propiedad, y por eso trabaja en el requerimiento de una tasación del departamento, según adelantaron fuentes judiciales.

Otra línea de investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N° 11 es la que corresponde a la casa de Indio Cuá. Es que en las últimas horas, a partir de documentación que enviaron a la Justicia el Municipio de Exaltación de la Cruz y la administración del barrio privado, se confirmó que esta propiedad figuraba a nombre de Juan Ernesto Cosentino, un operador bursátil que, hasta ahora, no fue llamado como testigo.

Otros documentos, como las expensas de la propiedad, aparecen bajo la titularidad de Angeletti, la esposa de Adorni. Según la denuncia que originó el caso, los precios de las casas en ese barrio privado “oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000, dependiendo de la superficie y ubicación del lote”.

Aunque el análisis está en pleno desarrollo, las fuentes consultadas no descartan que la irregularidad en la escritura se deba a una demora en el papeleo.

Manuel Adorni en Nueva York, junto a su esposa, quien lo acompañó junto a la comitiva presidencial

Esto, claro está, no resuelve la duda central, que es cómo hizo el matrimonio Adorni-Angeletti para comprar casi al mismo tiempo, en noviembre pasado, el departamento de Caballito y la casa en Exaltación de la Cruz. Todo esto sin desprenderse de las propiedades que ya tenían en Parque Chacabuco y La Plata.

También están en trámite informes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, para saber cuántos vehículos tiene la pareja, y la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por Adorni, incluyendo los anexos reservados, de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano -que llegó a su banca de la mano de La Libertad Avanza- advirtió un “desproporcional incremento patrimonial” por parte de Adorni, a partir de que la casa de Indio Cuá no fue declarada en su declaración jurada.

“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”, dice el escrito que presentó la legisladora.

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