Juicio de los Cuadernos: se negó a declarar Ángelo Calcaterra y otro empresario acusado dijo que Centeno “inventó”

Tras la última declaración indagatoria, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, dio por finalizada la jornada y convocó a todas las partes para el próximo martes a las 9.

“A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”, declaró el empresario Taselli ante una pregunta del juez Castelli acerca de las entregas de dinero. Relató, además, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos. Dijo que un día dejó de pagar porque “no tenía más formas” de hacerlo.

El empresario Alberto Taselli, de 79 años, nacido en Italia, de profesión industrial y titular de una empresa dedicada a la construcción de transformadores eléctricos, declaró ante el tribunal y describió un pedido de dinero que -según afirmó- le realizó el exfuncionario Roberto Baratta en el contexto de una campaña electoral. “Quisiera confirmar que Baratta me llamó en un momento por teléfono, en donde me solicitó un aporte para la campaña”, sostuvo.

Según relató, el planteo incluyó una referencia al monto, aunque sin mayores precisiones: “Me puso un papelito sobre el escritorio en el que había un ‘1’. Me extrañó un poco la cosa, traté de ver qué era eso. ‘No, mirá, esto es para la campaña’, me dijo”. Taselli explicó que la situación le generó desconcierto, en particular porque no se especificaba la moneda: “Era una cifra que no sabía en qué moneda estaba”.

El empresario señaló además que, con el paso del tiempo, comenzaron a insistirle para concretar el pago. Afirmó que el exfuncionario lo “apestillaba” para que cumpliera con el requerimiento. “Empezaron a apretarme para el tema del pago”, dijo, y explicó: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

En ese marco, sostuvo que incluso hubo exigencias respecto de la moneda en la que debía realizarse el aporte. “Nosotros pagábamos en pesos, y me llamó Baratta y me dijo: ‘no te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos’”. Y agregó: “Esto no es menos que una apretada. Toda mi entrega fue siempre en pesos, por más que él me exigiera dólares. Yo sentía que estaba frente a una exigencia”.

Taselli indicó que no comprendía el motivo del pedido ni la intervención de ese funcionario en su actividad. “Yo decía, no entiendo por qué razón me venía el pedido de ahí y no de otro lado, porque Baratta para mí no era nadie, no era alguien que licitaba o compraba”. En esa línea, explicó que su actividad no le permitía intervenir en procesos licitatorios ni influir en adjudicaciones: “Yo no tenía ninguna manera de arreglar alguna licitación”.

También precisó que las compras de los equipos que fabricaba su empresa dependían de las compañías del sector eléctrico. “Las compras las hacían cada ente eléctrico, Edesur, Edenor… ellos eran los que nos compraban. Para comprar un transformador había que llenar documentación técnica que debía ser evaluada para adjudicar. Baratta no estaba en condiciones de evaluar una cosa de estas características”.

A su vez, describió su situación empresarial como fuertemente dependiente del sector público, lo que -según dijo- condicionaba su margen de decisión frente a ese tipo de pedidos. “Esos pedidos venían en forma apretada, insistente, para que paguemos esto”, afirmó. “Estaba prácticamente obligado a aceptarlo, porque mi único cliente era el Estado. Lo único que yo producía en proporción muy importante eran máquinas de 500 kW, y el único que podía comprármelas era el Estado; no había nadie más que pudiera adquirir estos equipos”.

En ese contexto, reforzó la falta de alternativas frente a esa situación. “Estábamos obligados a hacerlo porque era el Estado, era mi único cliente, y si yo dejaba de hacerlo estábamos en peores condiciones”, sostuvo. Y agregó: “Todos los meses teníamos que pagar los sueldos, que nunca dejé de pagarlos en 35 años”.

“Realmente estoy indignado. He tenido que pagar lo que he pagado (…) y realmente creo que no lo merecía”, expresó. En ese sentido, negó haber recibido contraprestaciones o beneficios por parte del Estado a raíz de esos pagos.

El ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, rechazó durante su declaración las acusaciones en su contra en la causa y negó haber participado en maniobras de facturación apócrifa, por las que se lo vincula con operaciones por alrededor de 400 millones. “Lo que quiero señalar es que esto que fue incluido en mi elevación a juicio no fue real”, sostuvo, y remarcó que una inspección realizada en junio de 2019 “determinó que no hubo facturas apócrifas por contraprestaciones inexistentes”.

En esa línea, cuestionó la hipótesis de que su empresa se hubiera beneficiado de adjudicaciones públicas como contrapartida de pagos indebidos. A su vez, al describir la actividad de su firma, Fainser, puso como ejemplo un trabajo realizado para Dow Chemical: “Nos compró una caldera de 175 toneladas, la transportamos en un mes y diez días a Bahía Blanca, con toda una estructura y una logística, no son cosas sencillas las que nosotros hacemos”.

Durante su exposición, también repasó su trayectoria personal y empresarial. Relató que comenzó a trabajar a los 18 años, que manejó un taxi durante ocho años y que luego se volcó a la actividad industrial. Indicó que desde 1980 participó en el ámbito gremial empresario representando a fabricantes de acero, que en 1998 fue designado presidente de ADIMRA y que en 2007 asumió la conducción de la UIA. Sobre ese período, recordó la crisis energética de ese año, la estatización de las AFJP -que, según explicó, fue apoyada por el consejo directivo de la entidad- y el conflicto con el sector agropecuario en 2008, frente al cual la UIA adoptó una postura “equidistante”, promoviendo el diálogo.

Asimismo, mencionó su participación en viajes oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo misiones a Rusia y España, donde señaló haber recibido una condecoración, y encuentros bilaterales con Brasil orientados a fortalecer la industria en el Mercosur. “Esto es todo lo que he hecho en mi vida, de lo cual estoy absolutamente conforme y lo volvería a hacer”, expresó.

Por último, volvió a referirse a los hechos que se le imputan en el expediente y negó haber entregado dinero. “El señor Centeno dijo que yo entregué un paquete; no habló de dinero. El juez Bonadio y Stornelli hablaron de dinero, pero no encontré en ningún lado una justificación que hablara de dinero”, afirmó. Y concluyó: “Yo entregué unos catálogos”. En ese sentido, insistió en que su actividad siempre dependió de contrataciones derivadas de terceros: “Yo siempre fui subcontratado y dependía de que alguien haya ganado una licitación pública”. Luego de ello, cerró su declaración ante el tribunal.

El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A. adelantó que hará uso de la palabra, aunque no responderá preguntas.

Hernán Diego Del Río, quien asistía a José María Olazagasti, evitó responder preguntas.

Contó que actualmente hace changas, no tiene un sueldo ni un empleo fijo. Está acusado de ser partícipe necesario en el cobro de una coima.

Luego, a diferencia del resto, pasaron a leer la declaración indagatoria que hizo durante la investigación: “Quiero decirles que quiero colaborar, que estoy asustado, que a los dos días que apareció mi nombre en la televisión, me han amenazado a dos cuadras de mi casa en una moto, dos muchachos. Me dijeron que el silencio es salud, por eso estoy aterrado y hace tres días que no duermo y quería solicitarle al tribunal 72 horas para aportar todo lo que sé”, dijo por entonces Del Río.

El empresario arrepentido no declaró, y se limitó a decir ante el TOF N° 7: “Ratifico y mantengo todos los cuestionamientos jurídicos que mis abogados plantearon como cuestión preliminar”.

Quien fuera dueño del Grupo Albanesi evitó hacer declaraciones en su indagatoria, aunque aseguró que lo hará “posteriormente”, tal como lo tiene permitido.

Javier Sánchez Caballero, principal colaborador de Ángelo Calcaterra en Iecsa, se negó a responder preguntas.

El empresario, primo de Mauricio Macri y dueño de la constructora Iecsa al momento de los hechos, utilizó su derecho a guardar silencio.

Varias defensas hicieron reserva del caso federal, en línea con los cuestionamientos a los arrepentidos que no refrendaron sus dichos en juicio ni aceptaron respuestas.

El empresario sostuvo que sus reuniones con el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta referidas por el remisero Centeno en sus escritos fueron encuentros parte de “instancias normales de trabajo” vinculadas a la ejecución de obra pública. Explicó que la empresa BTU participó en proyectos clave de infraestructura energética, como la construcción de plantas compresoras y tramos del gasoducto entonces denominado Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno.

Según detalló, estos encuentros formaban parte de lo que en la jerga del sector se conoce como “reuniones de seguimiento”, en las que participaban funcionarios y empresas constructoras. “Eran reuniones presenciales, cara a cara, que duraban medio día y eran estrictamente ejecutivas. Uno de los éxitos de estas obras fue justamente ese esquema de trabajo”, afirmó.

También se refirió a los encuentros realizados en el restaurante Croque Madame, en el Museo de Arte Decorativo, donde —según dijo— se abordaban cuestiones técnicas como avances de obra, inauguraciones, reprogramaciones y dificultades para la importación de insumos.

Centeno documentó algunas de esas idas al restaurante y mencionó bolsos con dinero. “Es inverosímil pensar en maniobras de ese tipo en un lugar abierto y a la vista de todo el mundo”, desmintió Mundin. Además, señaló que “Centeno nunca dejó asentado en sus cuadernos la existencia de bolsos en ese restaurante”.

En esa línea, remarcó que existen registros fílmicos -hechos por el remisero- en los que se lo observa retirándose del lugar “sin portar ningún bolso, sino únicamente una carpeta de trabajo”.

“Nunca se me ocurrió ni pasó por mi cabeza hacer una oferta de dinero para evitar este juicio. Esperé este momento durante ocho años”, sostuvo al finalizar.

Mundin sigue declarando y sostiene que, en base a prueba suplementaria y a la ubicación de antenas de telefonía, se demuestra que lo que escribió Centeno “es un invento, no pasó”.

Según explicó, los registros de activación de antenas demostrarían que era imposible que hubiera estado en el lugar señalado en los cuadernos como encontrándose con el entonces funcionario y jefe de Centeno, Roberto Baratta para entregarle dinero que era llevado en bolsos.

“En base a dónde se captaron mis celulares, era imposible llegar al lugar marcado por Centeno en ese horario” y por eso “nuestro dinero mal podía estar en el bolso del señor Roberto Baratta”.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”, dijo.

El dueño de la constructora BTU SA, Carlos Mundin, declara y relata el impacto personal y empresarial que tuvo su detención en la causa. “Nos sacaron esposados ante las cámaras de TV. Fue un show mediático, desde mi punto de vista, innecesario”.

Recordó que se negó a ser un arrepentido. “Me hubiera permitido recuperar la libertad en forma inmediata. Como me acusaban de asociación ilícita, podía quedar detenido dos años”.

“Yo siempre negué los hechos. No estaba dispuesto a mentir”.

“Me sostiene el no haber traicionado a mis principios y la convicción de mi inocencia”, dijo tras repasar el tiempo que pasó detenido, la crisis de su empresa y a nivel familiar. Luego comenzó a negar los hechos en base a prueba que, según el acusado, desmiente los escritos del exchofer de Baratta.

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León cuestionó la existencia de canales informales de comunicación entre las defensas y el tribunal.

“Hay un canal de comunicación de los señores defensores con el Tribunal que excluye al Ministerio Público Fiscal —desconozco si también a la querella—”, expresó al inicio de la audiencia.

En ese sentido, remarcó que la fiscalía se mantiene permanentemente controlando los escritos de los imputados, pero que no tiene acceso a información relevante que circula por fuera del expediente:

“La fiscalía todo el tiempo está controlando los escritos de los imputados que van a declarar o que no van a declarar. No obstante, no conoce la situación de otros que sí lo harían, pero lo comunican por un carril diferente”.

León pidió evitar “situaciones que generan conflicto y controversia”.

Además, cuestionó un episodio ocurrido en la sala de audiencias vinculado al ingreso de elementos como un portatraje. “Ingresó, violando cuestiones de seguridad, un elemento como una valija o un portatrajes. Por seguridad de los asistentes no debía haber ingresado a la sala ni debía haber sido exhibido en función de lo resuelto en el proveído de prueba”.

También objetó la incorporación de prueba sin las debidas garantías procesales, en referencia a un video de la declaración del remisero arrepentido Oscar Centeno ante la Justicia española en una causa abierta en ese país por el pago de sobornos en Argentina por parte de la empresa Isolux. “Se debía haber certificado”, dijo sobre esa prueba que se exhibió en la audiencia pasada.

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Por Karina Poritzker

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