La Cámara Federal procesó a un integrante de Revolución Federal por agredir el auto de Sergio Massa

Se trata de Gastón Guerra, uno de los referentes de la agrupación, que estuvo preso en octubre del 2022. El procesamiento fue por los hechos sucedidos en la Casa Rosada cuando el líder del Frente Renovador asumió como ministro de Economía

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Comdooro py marcha revolución Federal
Uno de los militantes de la agrupación fue procesado

La Cámara Federal porteña dictó el procesamiento de Gastón Guerra, uno de los referentes de la agrupación Revolución Federal por los daños causados a un vehículo de la provincia de Buenos Aires en el que viajaba el ex candidato presidencial Sergio Massa. Los hechos investigados ocurrieron el día que asumió como ministro de Economía.

En marzo pasado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había dictado la falta de mérito del imputado, por entender que haber pateado las puertas del vehículo del ex funcionario no había sido delito. Pero el tribunal entendió que el daño había existido. En la misma resolución también se revocó el sobreseimiento por “amenazas” proferidas por Guerra ese mismo día contra el periodista del canal C5N Lautaro Maislín y se ordenó profundizar la investigación.

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Todo forma parte de la megacausa contra los integrantes de Revolución Federal, una investigación que se abrió después del intento de homicidio de Cristina Kirchner. Se trata de otra causa, que no se vincula al atentado, y en donde estuvieron presos Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile. Y luego fueron procesados más personas por distintos incidentes hacia otros dirigentes o referentes del gobierno pasado.

En febrero pasado, el juez Martínez De Giorgi también les prohibió a tres integrantes de Revolución Federal, procesados por incitación a la violencia, que se acerquen a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus familiares. La orden también les impide asistir al Congreso Nacional o al Instituto Patria .La decisión es consecuencia de un planteo de la ex jefa de Estado, para garantizar sus medidas de seguridad, luego de que Leo Sosa, uno de los acusados en la causa, estuviera en la sesión en la Cámara de Diputados cuando se debatía la ley Omnibus. Eso fue confirmado por la Cámara Federal.

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Pero lo que analizó ahora el tribunal fue la decisión tomada en marzo por Martinez De Giorgi sobre Guerra por haber pateado el automóvil en el que Sergio Massa, ex-candidato a presidente, llegó a la Casa Rosada en 2022 para asumir como Ministro de Economía, así como también por hostigar al periodista Lautaro Maislín, del canal C5N. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al acusado por considerar que ninguna de las dos conductas tuvo entidad tal como para ser consideradas un delito.

El juez estableció que “difícilmente puede inferirse que las conductas desarrolladas hubieran acarreado, de manera verosímil, la posibilidad real de causación de un mal”. Martinez de Giorgi interpretó que las conductas de Guerra no tuvieron la suficiente entidad para “considerar que presentaban la seriedad y credibilidad sobre la conminación de cualquier mal”. Incluso, citó la declaración de un chapista que trabaja para la Policía Bonaerense, quien afirmó que “los golpes presentados en los dos automotores eran leves –indicó que ‘no eran gran cosa, ni tenían profundidad’-”.

Sin embargo, el fiscal Pollicita apeló y los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocaron esa decisión. “Más allá de lo expresado por el mecánico encargado de reparar los vehículos oficiales -en cuanto a que no se precisó realizar erogaciones adicionales tales como compra de materiales específicos, como pintura o herramientas especiales- lo cierto es que ambos vehículos presentaron los daños”, dijeron. Además “generó gastos para la Gobernación, pues ambos debieron ser ingresados al taller para su arreglo”.

Sobre el periodista de C5N, la Cámara Federal afirmó que “el cuadro probatorio conformado en la causa no evidencia la certeza negativa que resulta necesaria para adoptar un temperamento desincriminatorio”. “Lo trascendente en cuanto al tipo penal de amenaza simples radica fundamentalmente, no en la gravedad del daño enunciado, sino en la chance de que la amenaza se instituya en un condicionamiento de la actividad de su receptor”, subrayaron los camaristas.

“Nos encontramos frente a un contexto en el que existen indicios serios que permiten presumir la existencia de una conducta típica” de amenazas. Por eso, recomendaron “convocar a Lautaro Maislin a prestar declaración testimonial, a fin de que brinde su versión de los hechos”. Sobre ese hecho se revocó el sobreseimiento y se le dictó la falta de mérito.

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