Saneamiento del Riachuelo: cuál es el estado del cumplimiento del plan y por qué la Corte pide actualizaciones

A seis años de la última audiencia pública en la que se dieron explicaciones sobre el plan de saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución en la que instó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los juzgados federales que llevan la causa a informar en un plazo de 30 días los avances del proceso.

El 8 de julio de 2008 la Corte dictó un fallo ordenado a los estados Nacional, bonaerense y porteño a diseñar un plan de limpieza de la cuenca más contaminada de la Argentina. Las mandas de esa sentencia buscaba cumplir con tres objetivos simultáneos: la mejora de la calidad de vida de más de 4 millones de personas, el 10% de la población argentina, que habita la zona; la recomposición del ambiente y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.

“A la luz del tiempo transcurrido, el Tribunal precisa contar con información actualizada a los fines de evaluar el grado de cumplimiento de la condena dictada en esta causa. A esos efectos, resulta imprescindible que la ACUMAR, en plazo de 30 días acompañe información actualizada acerca del cumplimento de las mandas”, sostiene el fallo firmado por el presidente del cuerpo Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

También dio 30 días plazos para los informes que deben presentar los juzgados Criminal y Correccional Federal N° 12 y Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón, encargados de seguir la ejecución de la sentencia, a los fines de “evaluar el grado de cumplimiento de la condena dictada el 8 de julio de 2008 en la causa Mendoza, vinculada al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”.

La información que espera el Máximo Tribunal es la del avance de las ocho mandas del fallo, que ya cumplió 16 años, relacionadas con los siguientes temas: información pública; contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de márgenes de río; expansión de red de agua potable; desagües pluviales; saneamiento cloacal y desarrollo de un plan sanitario de emergencia.

Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), organización que forma parte del Cuerpo Colegiado que representa a la sociedad civil para seguir el cumplimiento del fallo, sostuvo: “La intervención de la Corte aparece como muy oportuna, en tanto ha sido quien con sus decisiones ha permitido marcar el paso en el cumplimiento de la sentencia que ordena sanear el Riachuelo, la que necesita de un fuerte impulso y respaldo institucional que permita recuperar el letargo en el que se encuentra desde hace ya varios años”.

Recordó, además, que es importante conocer el grado de avance del cumplimiento de las obras comprometidas en un contexto en que el Gobierno nacional ha frenado todas las obras públicas. “Cabe recordar aquí que la obra pública de mayor relevancia en materia de saneamiento que se encuentran en marcha en la Argentina es el Colector Margen Izquierdo del Riachuelo y el emisario Cloacal que desemboca en el Río de la Plata sin cuya finalización todo el saneamiento del Riachuelo no podrá concretarse. Asimismo, también resulta necesario conocer cuáles serán los planes que prevé llevar adelante la Acumar, que ha sido recientemente reestructurada y saber si el presupuesto con el que cuenta, que ahora se encuentra congelado, le permitirá cumplir con las mandas que la propia Corte enuncia en su resolución”.

El fallo, como se dijo, incluyó a la sociedad civil y al Defensor del Pueblo para seguir el cumplimiento de la sentencia y conformó lo que se conoce como Cuerpo Colegiado. Ese grupo de organizaciones, entre las que están Farn, Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos sigue la causa sin contar con fondos propios y con la ausencia, desde hace 15 años del Defensor, cargo que sigue vacante por falta de acuerdo político en el Congreso.

Respecto de las principales causas de la contaminación de la Cuenca, en orden de importancia, son los efluentes cloacales en un 70%, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en un 30%.

La calidad del agua, que se evalúa según la cantidad de oxígeno disuelto, no es uniforme en la cuenca. En la cuenca baja, cerca de la desembocadura la presencia de oxígeno es nula. Mientras que, en la cuenca alta, donde hay una menor presión industrial y de población los indicadores son un poco mejores. Casi no hubo variación en estos 16 años.

El fallo de la Corte también incluía la relocalización de la población afectada directamente por la contaminación. En estos años, a la lentitud del proceso, se sumó el crecimiento de las familias. “Desde el comienzo, la Defensa Pública está a cargo del patrocinio de las miles de familias de la Ciudad de Buenos Aires comprendidas en la sentencia. A fin de lograr los objetivos que fijó la Corte en términos de mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la cuenca, recomponer el medio ambiente de manera integral y prevenir los daños provocados por la contaminación, la defensa legal de estas familias se complementa con el trabajo de un equipo interdisciplinario en el territorio. El Ministerio Público continúa acompañando y asesorando a vecinos/as y a los cuerpos de delegados de los distintos barrios afectados, con el objetivo de lograr la participación activa de las personas involucradas en la causa”, indicó a Infobae el año pasado Marcela Millán, titular del Ministerio Público de la Defensa porteño.

Según cifras oficiales, hay casi 2000 familias que siguen esperando por una solución a su situación habitacional. “En Buenos Aires a la vera del Riachuelo 1,5 millón de familias esperan hace décadas poder conectarse a la red de agua potable y cloacal. La paradoja es que para estas familias “mejoren sus condiciones” tal como encomienda el “histórico” fallo, el Estado Nacional recibió el mayor crédito internacional otorgado por el Banco Mundial en su historia para saneamiento ambiental que asciende a U$S1350 millones. Se ha avanzado y completado la construcción del llamado Sistema Riachuelo, pero sin un plan de ordenamiento ambiental y territorial, sin medir y evaluar en audiencia pública el impacto ambiental del mismo sobre el Río de la Plata. Además, se tomaron fondos de otro crédito internacional por U$S400 millones a la Ciudad de Buenos Aires para dar infraestructura a importantes desarrollos inmobiliarios sobre los bordes costeros desde La Boca a San Fernando”, indicó la arquitecta Cecilia Alvis, del Proyecto Des-Límites y miembro del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente de la FADU.

Y agregó: “Para cumplir el fallo se requiere de voluntad política, presupuestos acordes de Nación, Provincia y Ciudad y gestiones comprometidas que permitan año a año llevar adelante las obras y tareas requeridas”.