Cuadernos: revés para Cristina Kirchner de cara a su reclamo ante la Corte Suprema para cuestionar la causa

El procurador General interino Eduardo Casal rechazó este viernes un pedido de la defensa de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner para que la Corte Suprema revoque su procesamiento por cohecho (coimas) de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una del ramillete de causas que se abrió a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. En este caso es la causa por la “cartelización de la obra pública” o “la camarita”, en donde se estableció que funcionarios entre 2003 y 2015 montaron un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente” del que participaron los empresarios pagando coimas. Allí también están procesados un importante grupo de empresarios.

“En mi entender, no hay fundamento para la equiparación que la defensa pretende. El recurso extraordinario deducido, sobre cuyo rechazo versa esta queja, se dirige contra un pronunciamiento que no es, por supuesto, la sentencia definitiva a la que alude el artículo 14 de la ley 48 ni es, por las consideraciones que he desarrollado, equiparable a tal. Por lo expuesto, opino que la queja no es procedente y que corresponde, en consecuencia, desestimarla”, dijo el jefe de los fiscales en un dictamen al que accedió Infobae.

Ahora, serán los ministros de la Corte Suprema de Justicia los que analicen el planteo de la defensa y del jefe de los fiscales, luego de diferentes negativas en instancias anteriores al pedido de la ex jefa de Estado.

El caso

En el caso de la cartelización, son 53 acusados encabezados por Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de la Obra Pública, devenido en arrepentido, José López; y el ex financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. Pero también están los empresarios está el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner, entre otros. En la lista de los acusados también están los ex funcionarios de Vialidad Nacional -que era el organismo que realizaba los pagos a partir de los cuales se devolvían las coimas- Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola y también el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello.

Algunos abogados defensores llaman a este capítulo de la causa cuadernos “la camarita”. Es uno de los tramos que más preocupa a los empresarios. Fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien confesó como arrepentido haber armado con De Vido el sistema de cartelización de la obra pública. Esa estructura consistía en que las empresas decidían cuál de ellas ganaba las licitaciones y luego pagaban coimas a los ex funcionarios. La existencia del mecanismo fue avalada por José López en su declaración como arrepentido. El financista Clarens aportó planillas con los pagos y cobros de las coimas y señaló a las empresas y a las personas involucradas. Explicó además que los desembolsos se realizaban en pesos que luego se cambiaban a dólares o euros y finalmente eran entregados en bolsos a Muñoz.

Cuando estalló la causa de los cuadernos, el juez Bonadio procesó en una asociación ilícita a funcionarios y hombres de negocios. Pero la Cámara Federal le dijo entonces que no podían ser parte de la misma banda porque unos recaudaban y otros pagaban. Entonces dispusieron que solo CFK y sus funcionarios integraran la banda y los empresarios quedaron procesado por entregar coimas. Pero con la declaración de Wagner y las planillas de Clarens, se abrió otro expediente en donde Bonadio volvió a repetir la acusación, aunque se sumaron o se quitaron empresarios y funcionarios según el caso. Ya no solo eran los que aparecían en las anotaciones de Centeno.

En 2020, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible la impugnación que la defensa de Cristina Kirchner contra el pronunciamiento en donde se le imputa de 75 casos de recepción de coimas. El fallo rechazó el planteo porque no se trataba de “una sentencia definitiva ni equipararse a ella en virtud de sus efectos”.

Los abogados defensores dedujeron entonces recurso extraordinario federal que se declaró inadmisible. Ese rechazo dio lugar a la presente queja con la que Cristina Kirchner pretende que la Corte Suprema revoque la decisión. Según sostienen, “todos sus planteos durante el proceso han sido arbitrariamente rechazados o desoídos, por lo que la instancia ante V.E. sería la última oportunidad de hacerlos valer, remediando de esa manera ‘un supuesto de absoluta privación de justicia’”.

La defensa también cuestionó el embargo y que “la tarea revisora” de la cámara de apelaciones habría “sido inexistente”. Agregó que se trata de “un caso de gravedad institucional” en donde el proceso estaría “plagado de ilegalidades y arbitrariedades, que no registran antecedentes similares en tiempos”.

La opinión de la Procuración

“En mi opinión, la queja no es procedente -sostuvo Casal-. A diferencia de lo pretendido por los apelantes, el recurso extraordinario, cuya denegación la motiva, no se dirige contra una resolución que resulte equiparable a la sentencia definitiva a los efectos de la apelación del artículo 14 de la ley 48. El auto impugnado, al denegar a la defensa el derecho a recurrir por la vía de la casación la confirmación parcial del auto de procesamiento que la parte había objetado, deja firme un pronunciamiento que especifica y limita los hechos atribuidos a la imputada en esta investigación y dispone la progresión del procedimiento en dirección a su etapa principal”.

Según sostuvo, “las razones aducidas por los recurrentes a efectos de equiparar lo decidido con la sentencia definitiva impugnable por la vía del recurso extraordinario, y justificar así la intervención de V.E. en esta instancia, en lugar de postergarla a la etapa de apelación de un eventual pronunciamiento final adverso, no cuentan, en mi entender, con el fundamento suficiente para ser atendidas”.

El procurador sostuvo que “la defensa esgrime otras objeciones sobre la validez de la prueba considerada, sobre el alcance que cabría darle, así como el incumplimiento de formas procesales que aduce y de normas del derecho común que juzga aplicables, cuestiones todas que no corresponde atender por la vía intentada, sino que la parte habrá de someter al conocimiento de los tribunales ordinarios en las etapas ulteriores del procedimiento en curso”. Y añadió que “las decisiones adoptadas, que la parte encuentra adversas” no permitan afirmar que la ex vicepresidenta “ha sido sometida a una privación total de justicia que justifique equiparar el auto de procesamiento cuestionado a la sentencia definitiva que habilita la intervención extraordinaria” de la Corte Suprema.

El jefe de los fiscales sostuvo que el procesamiento que se cuestiona “sólo habilita la continuidad del proceso hacia el juicio plenario” y no se entiende cómo pueda “provocar una afectación de derechos o libertades fundamentales que no pueda por principio ser atendida o, en su caso, remediada en las etapas ordinarias del procedimiento por venir”.

El futuro juicio oral de la megacausa cuadernos está en manos del Tribunal Oral Federal 7. Aún no tiene fecha de inicio.