El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, denunció que el gobierno de Javier Milei no podía avanzar con el aumento de colectivos y trenes que rige desde hoy. El motivo planteado ante la Justicia fue que el procedimiento de consulta, previo a las subas, ya había sido frenado por un fallo judicial, según denunció el jefe municipal este miércoles en los tribunales de La Plata.
Precisamente, Gray había logrado hace dos semanas una cautelar que hacía lugar a los cuestionamientos por el método en que el Gobierno Nacional escuchó las opiniones ciudadanas, previo a los aumentos: advertía irregularidades en la página web y pedía audiencias públicas. Pero el Gobierno Nacional apeló ese fallo. Y, con esa sola apelación que aún no tuvo respuesta en la Cámara Federal de La Plata, decidió avanzar con el cronograma de subas previstas.
Eso fue lo que denunció hoy Gray en el marco del expediente, para intentar hacer caer las subas del transporte y promovió un incidente de incumplimiento de la medida cautelar. Pidió expresamente que se desactive la suba de tarifas. “Estamos muy preocupados porque el Estado nacional incumplió el fallo de la Justicia federal y nos presentamos nuevamente informando esta situación para que se tomen las medidas necesarias que eviten un nuevo atropello”, dijo.
Según el escrito al que accedió Infobae, “el incumplimiento de la medida cautelar aquí denunciado consiste en que la Secretaría de Transporte de la Nación, sin atender a la manda judicial a través de los actos y hechos enunciados de manera arbitraria e ilegítima dió por concluído el procedimiento del proceso de consulta pública sin dar cumplimiento al referido Decreto 1172/2003″.
“A la luz del incumplimiento que aquí se denuncia, solicitó que se libre en forma urgente una orden dirigida al Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Transporte para que cumpla la medida dispuesta y, en consecuencia, que se suspenda la modificación del cuadro tarifario del transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano de jurisdicción nacional y del transporte ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional hasta tanto se dé cumplimiento a la readecuación del procedimiento de participación ciudadana al de Audiencias Públicas Decreto 1172/2003, como así también proceda al retiro de la página web de la Secretaría de Transporte el informe de Cierre de Instancia de Participación Ciudadana”, reclamó en el escrito presentado esta mañana.
A través de un decreto publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó a la audiencia pública donde se discutirá el incremento del 250 por ciento. La intención oficial es que desde febrero el mínimo del colectivo pase a costar $270 en zonas metropolitanas y quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada la tarifa se iría a casi el doble. En tanto, para los trenes, el nuevo esquema quedará en $130,00 con SUBE para la primera sección y $430 en efectivo; $169,00 para la segunda sección con SUBE y $430 en efectivo y, finalmente, de $208,00 con SUBE y $430 para la tercera sección. Esos aumentos empezaron a regir desde hoy, martes 6 de febrero.
Cuando el procedimiento de consulta vía web estaba en marcha, Gray se presentó en los tribunales “en su carácter de ciudadano -por derecho propio- y como intendente de la Municipalidad de Esteban Echeverría” para interponer una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución nro. 616/18 del Ministerio de Transporte, de fecha 13/07/2018 Reglamento General de la Instancia de Participación Ciudadana para el Ministerio de Transporte” y la nulidad absoluta de la Resolución 1/2024 de la actual Secretaría de Transporte, que da inicio al proceso de modificación de tarifas de transporte, por entender que se violan las garantías constitucionales. Según dijo, la página presentaba fallas y se debía llamar a audiencias públicas.
El juez Kreplak hizo lugar a la cautelar por un plazo de 5 días a partir del 1 de febrero (cuando finalizó la feria judicial) y conminó al Estado nacional a adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos de los usuarios readecuando un procedimiento de participación ciudadana en audiencia pública según lo establecido por Decreto 1172/2003. “Existe una vulneración de derechos, por cuanto el mecanismo extraordinario cuya suspensión se pide, no respetaría prima facie el derecho a la protección de los intereses económicos de los usuarios, ya que el mismo se realiza incumpliendo la normativa constitucional que da lugar a la participación ciudadana a través de la realización de audiencias públicas, impidiendo la intervención de todos aquellos que no cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias, por lo que se restringe de manera indirecta el acceso a toda la ciudadanía”, dijo y le pidió informes al Ejecutivo, vía la secretaría de Transporte.
Pero el Estado apeló. Los abogados dijeron que los errores de la página era ínfimos y cuestionaron la legitimidad de Gray para cuestionar el procedimiento. El caso fue elevado a la Cámara Federal de La Plata, para dirimir la cuestión. Se le giró en consulta a la fiscalía general. Pero hasta ahora no hubo respuestas a esos cuestionamientos y el nuevo precio del transporte comenzó a regir a partir de hoy. Frente a eso, el intendente exigió que se cumpla con la cautelar fijada y se suspenda la suba de tarifas hasta que se cumpla con el procedimiento de audiencias públicas.