El candidato propuesto para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, atravesó la audiencia pública y quedó a un paso de su designación oficial. Durante el proceso de designación recibió 112 adhesiones y sola una impugnación. En tanto, el candidato a vice del organismo anti lavado, Manuel Facundo Tessio, acumuló 93 adhesiones y la misma impugnación.
Yacobucci es abogado por la Universidad Austral y contador público nacional por la Universidad Católica. Además, es Magister en Derecho Penal y realizó diversos cursos de posgrados en la materia penal económica y tributaria.
Hasta ahora se desempeñaba como Secretario de Cámara de la Cámara de Casación Penal. Antes trabajó en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde prestó funciones en distintas áreas: fiscalía de primera instancia y de Cámara, Unidad de Investigaciones Complejas y en la Fiscalía General en el Área de Acceso a Justicia y Derechos Humanos.
El 3 de enero, el Gobierno había oficializado la candidatura de Yacobucci a través del Boletín Oficial, publicó sus antecedentes, y convocó a la audiencia pública.
Entre los expositores se destacaron Raúl Saccani, presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires; y Pablo Daniel Sanabria, abogado especializado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En su mayoría, los expositores destacaron la idoneidad técnica de ambos candidatos y la trayectoria de Yacobucci en el Poder Judicial como la de Tessio en el sector privado.
La única impugnación presentada fue de la Fundación Apolo, representada por José Magioncalda, quien planteó la falta de idoneidad para ocupar el cargo de ambos postulantes y un conflicto de intereses por parte de Tessio al proceder de la actividad privada.
“El cúmulo de adhesiones recabadas supera holgadamente a la solitaria impugnación. El conflicto de interés será una circunstancia que deberá ser eventualmente observada en el desarrollo de las tareas de la UIF, para circunstancialmente inhibirse en alguna cuestión en particular, pero no descalifica a los candidatos”, enfatizó el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.
Los candidatos contestaron la impugnación de la Fundación Apolo y presentaron sus propuestas: optimizar el recupero de activos, lograr una mayor efectividad del sistema, trabajar sin injerencias de la política y profesionalizar el organismo.
“El Ministro de Justicia ha propiciado la necesidad de hacer extensiva la aplicación del Código Procesal Penal Federal a todas las jurisdicciones del país. Esta herramienta de trabajo moderna, que recoge los nuevos paradigmas de la persecución penal, facilitará la misión de la UIF en el recupero de activos. En el caso de ser designado, pondré especial énfasis en recuperar para la ciudadanía lo que el crimen organizado le ha robado”, señaló Yacobucci.
Por su parte, Tessio sostuvo que “la criminalidad nunca puede tener premio. Queremos profundizar el trabajo de la UIF con la Justicia en todo el país, tenemos que desarrollar una fuerte tarea en los territorios de mayor riesgo identificados en la evaluación del año pasado, necesitamos coordinar los esfuerzos y federalizar las políticas del organismo”.
La reunión fue coordinada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien destacó la trayectoria e idoneidad de los candidatos; el jefe de gabinete del Ministerio, Diego Guerendiain; y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Ahora el ministro de Justicia tiene un plazo de siete días para evaluar el contenido de esta audiencia y elevar la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.
Las nuevas autoridades de la UIF deberán hacerse cargo de la presentación de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en marzo de este año examinará las políticas antilavado del país.
La evaluación del GAFI, la cuarta desde su creación en 1989, culminará en octubre del 2024, cuando el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina, es decir, si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Últimas Noticias
Dos hermanas pidieron borrar el apellido de su padre por un agravio moral, pero la Justicia les negó el pedido
Una Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia que rechazó el cambio de identidad registral solicitado por ambas mujeres, quienes alegaban padecimientos psicológicos. El tribunal analizó el alcance del Código Civil y Comercial para este tipo de reclamos y ratificó el fallo que desestimó la presentación
Alquiló para el verano una casa en Tigre con playa y vista a una laguna y terminó recuperando la mitad del alquiler
Una mujer pagó en dólares un alquiler temporario en un barrio privado atraída por la playa de arena y la vista al agua, pero durante su estadía la laguna artificial fue vaciada por tareas de mantenimiento. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y responsabilizó al propietario por el incumplimiento parcial de las condiciones ofrecidas
Reclamó una indemnización por tropezar en la vereda, pero sus propias contradicciones le hicieron perder el juicio
Una mujer demandó a un municipio de zona norte por una presunta caída en la vía pública, pero la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la demanda y la obligó a pagar las costas del juicio. Los jueces advirtieron contradicciones entre sus declaraciones y las pericias, y destacaron la falta de pruebas sólidas para acreditar cómo ocurrió el accidente
Casación mantuvo la prisión domiciliaria de un ex policía de Mendoza juzgado por crímenes de lesa humanidad
José Lellis Sosa Córdoba integra el grupo de 28 imputados sometidos a juicio por delitos cometidos contra más de 300 víctimas durante la última dictadura militar. La prórroga de la cautelar fue reducida a seis meses
Sistema acusatorio federal en Córdoba: jueces y abogados analizaron los cambios que comenzarán a regir en 2027
La reforma modificará la investigación penal, los tiempos procesales y el rol de jueces, fiscales y defensores. Durante una jornada en la Universidad Nacional de Córdoba se debatieron los principales desafíos de implementación
