El empresario Armando Loson, acusado en la causa de los “Cuadernos” y denunciante en la investigación que analiza irregularidades en los anotadores, hizo su jugada en medio de la polémica que se desató entre el tribunal que debe llevar adelante el debate oral y el juez de instrucción que abrió la investigación que él impulsó. En un escrito ante el Tribunal Oral Federal 7, Loson denunció “temor de parcialidad” y aseguró: “nadie puede coartar el deber del Estado de investigar hechos ilícitos asociados a un proceso en trámite y mi derecho de recurrir a la justicia a procurar la sanción de delitos cometidos en mi perjuicio”.
La presentación de Loson, con la firma del defensor Mariano Cúneo Libarona como abogado, tensa la cuerda ante el tribunal que hace una semana le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que se abstenga de avanzar con la causa de las irregularidades. Es más: aseguró que los magistrados deberían alarmarse del resultado de los peritajes que confirmaron una manipulación y “seguir atento su curso y evolución y no, en cambio, pretender que se cierre la investigación “.
Según el escrito al que accedió Infobae, el representante del grupo Albanessi dijo que no estaba buscando introducir prueba de manera “oblicua” en otra causa, como interpretó la fiscalía y el tribunal. Y afirmó que esa posición le “provoca un fundado temor sobre vuestra imparcialidad frente a la causa, la prueba y prejuicios sobre mi persona. V.E. y la Sra. Fiscal han tomado una postura que me preocupa”.
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Fue ahí que introdujo su estrategia: Loson reclamó así celeridad en el debate oral “y , de paso, examine la curiosa forma que se inició el proceso, cómo eligieron al magistrado y al fiscal, su competencia, la formación de otras causas paralelas, las detenciones injustificadas, los embustes de (Oscar) Centeno, (Jorge) Bacigalupo, y otros, lo sucedido con los famosos cuadernos (su armado, y cadena de custodia), prisión o declarás, motivaciones políticas, crematísticas y personales, odios, mentiras y parcialidades”. “Este proceso alarma, huele mal y presenta enormes irregularidades, puntos muy oscuros, y graves delitos”, opinó.
La causa que se abrió a raíz de los cuadernos que escribió Oscar Centeno cumplió cinco años. Allí está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, junto a un grupo de sus ex funcionarios. También están acusados los principales empresarios del país. La hipótesis del expediente sostiene que existió una banda que recaudaba dinero entre los hombres que hacían negocios con el Estado.
La tarea estaba a cargo de Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro Julio De Vido. Su chofer, Centeno, escribió sobre aquellos viajes en una serie de cuadernos. Cuando en agosto del 2018 el caso estalló mediáticamente, Centeno junto a más de una veintena de empresarios y ex funcionarios se convirtieron en arrepentidos y confirmaron ese sistema. El debate oral aún no tiene fecha y el tribunal debe evaluar ahora qué prueba acepta o no de cara a ese juicio.
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Pero en las últimas semanas se activó una investigación que uno de esos empresarios arrepentidos, Loson, y su abogado Carlos Vela habían presentado el año pasado en Comodoro Py, luego un peritaje caligráfico privado que detectaba anomalías en algunos tramos de los cuadernos en donde lo nombraban a él. El juez Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita abrieron la causa, se ordenaron peritajes oficiales y confirmaron las anomalías. Y hubo un allanamiento a la casa del amigo de Centeno, Jorge Bacigalupo, que tuvo los cuadernos en sus manos y los entregó a la prensa. Ese peritaje oficial sobre imágenes de esos anotadores determinó las adulteraciones habrían sido hechas por Bacigalupo. De inmediato, Cristina Kirchner pidió incorporar esa prueba a la causa principal de juicio y la adjuntó a sus pedidos de nulidad ante la Corte Suprema.
En ese contexto, el viernes pasado, los jueces del TOF 7 hicieron lugar a un planteo de la fiscal Fabiana León que advertía que esa causa buscaba hacer caer la prueba del expediente principal. Los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron librar oficio a Martínez De Giorgi para “ponerlo en conocimiento” de los cuestionamientos de la fiscalía y advirtieron que debía abstenerse de avanzar. El juez Germán Castelli opinó que había directamente que disponer la inhibitoria y reclamar el expediente.
Pero el juez Martínez De Giorgi rechazó los argumentos. Dijo que “tomaba nota de las inquietudes”, pero que ya en su momento habían fracaso los planteos para que esa investigación formara parte de la causa principal. En la misma resolución ordenó investigar los teléfonos, computadoras y comunicaciones de Bacigalupo.
En ese contexto aparece ahora la presentación de Loson. Dijo que “la decisión del Tribunal -y en especial el voto en disidencia- viola en todo sentido posible mis derechos como ciudadano que pretende que el Poder Judicial de la Nación, uno de los poderes del Estados, investigue”, y que eso le “provoca un fundado temor sobre vuestra imparcialidad frente a la causa, la prueba y prejuicios sobre mi persona. V.E. y la Sra. Fiscal han tomado una postura que me preocupa”, afirmó el escrito. Se pregunto así si podría tener “un juicio justo sin opiniones preconcebidas”. No planteó, sin embargo, recusaciones.
Tras insistir en que “los cuadernos fueron adulterados, por lo menos con relación a mi persona”, Loson aseguró que “ningún Tribunal Oral puede instar a un juez de instrucción que no investigue delitos que, por cierto, fueron comprobados pericialmente, porque no tiene competencia para ello” y por ello interpretó la resolución del Tribunal “como de gravedad institucional”. Agregó que a los jueces debería alarmarlo “el resultado de los peritajes y pruebas en curso”.
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