Causa Itatí: Casación fijó la audiencia para revisar las condenas a políticos, policías y narcos involucrados

La Cámara Federal de Casación Penal fijó la fecha de la audiencia para resolver si ratifica o no las condenas dispuestas en la “Causa Itatí”, en la que se impusieron penas de hasta 17 años de prisión a una banda criminal acusada de asociación ilícita y transporte de estupefacientes desde Paraguay hasta la ciudad de Itatí, desde donde los comercializaban hacia distintas partes del país. En el expediente se encuentran involucrados el ex intendente de la pequeña localidad correntina junto a su vice y el ex subcomisario de la Delegación Corrientes de la Policía Federal Argentina, entre otros imputados.

El presidente de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, fijó para el próximo 18 de mayo la audiencia oral y pública de debate donde se determinará si se confirman las sentencias condenatorias dictadas a casi 40 imputados dentro de la “Causa Itatí”.

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En esa instancia revisará junto a sus colegas Javier Carbajo y Mariano Borinsky los veredictos según los cuales el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 de la Ciudad de Buenos Aires homologó los acuerdos de juicio abreviado de más de 30 acusados e impuso sentencia condenatoria a otras 9 personas, entre las cuales se encuentra Carlos Alberto “Cachito” Bareiro, presunto jefe de la asociación criminal dedicada a importar marihuana a gran escala desde el Paraguay para su posterior venta en distintos puntos del país, quien recibió por parte del tribunal una pena de 17 años de prisión tras considerarlo el organizador de las actividades ilícitas.

El ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y su vice, Fabio Aquino, fueron detenidos en 2017 en un megaoperativo realizado por la Gendarmería y la Policía Federal. En ese entonces el juez federal Sergio Torres había ordenado —en un pueblo de 6500 habitantes— una batería de medidas que incluyeron 30 detenciones y 40 allanamientos en el marco de una investigación que activó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). A los funcionarios públicos se los acusó de ser partícipes necesarios y articuladores dentro de una larga cadena de complicidades narco. A través de un proceso abreviado Terán llegó a un acuerdo de tres años de prisión en suspenso y Aquino alcanzó otro por tres años y ocho meses de cumplimiento efectivo.

La hija de Terán, Mariela, también había sido arrestada junto a su marido Ricardo Piris, ambos acusados de participar en la extensa trama narcocriminal. Por otro lado, Hernán Aquino, hermano menor del viceintendente, cayó a los pocos días arrestado por la Prefectura Naval sobre la ruta nacional 118 mientras llevaba casi 500 kilos de marihuana en su auto. El juez federal Torres en ese momento ordenó también la detención del comisario local, Diego Ocampo Alvarenga, miembro de la Policía correntina. Además detuvo a dos jefes jerárquicos de la delegación Corrientes de la Policía Federal, Carlos Víctor López -con rango de Sargento- y Rubén Ernesto “El Gordo” Ferreyra, subcomisario de la delegación de la Federal en Corrientes. Ambos estaban bajo sospecha de tener arreglos con narcos y de revender la droga que ellos mismos secuestraban en distintos allanamientos. Ferreyra, por ejemplo, cayó con 17 panes de marihuana en su despacho.

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La trama fue develando su complejidad y “Cachito” Carlos Bareiro —hoy preso en Marcos Paz— resultó ser uno de los encargados principales del movimiento de la marihuana paraguaya en la región junto a Luis “El Gordo” Saucedo” y Federico Sebastían “Morenita” Saucedo. Hubo además involucrados a través del transporte y la complicidad como Edgardo Javier Coria en una causa penal que llegó a juicio oral tras la caída del juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, acusado de beneficiar procesalmente a varios de los involucrados. Este juez, con competencia electoral y a cargo del Juzgado Federal de Corrientes cerca de 22 años, cursa actualmente un proceso cuyo juicio oral y público está por finalizar. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal y la PROCUNAR solicitaron para él una pena de prisión de 15 años e inhabilitación absoluta por los delitos de asociación ilícita, cohecho agravado y prevaricato.

El TOF 3 porteño dio sus veredictos en la causa que revolucionó a la pequeña localidad de Itatí en el mes de agosto de 2021, y en ese contexto condenó a 45 imputados, entre penas en suspenso y de cumplimiento efectivo, con más de 25 que aceptaron sus culpas en juicio abreviado. Ahora será la Casación la encargada de deliberar su decisión respecto a los involucrados.

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