El juez federal Sebastián Ramos procesó a Diego Ricardo Corvalan, Secretario adjunto del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y a otros 15 trabajadores acusados de los delitos autor y coautores penalmente responsable de los delitos de abuso de armas y daño agravado. Asimismo ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 8 millones de pesos.
La causa se originó cuando en junio de 2020, el SUPA tomó por la fuerza el Puerto de Buenos Aires y paralizó sus actividades. Los sindicalistas coparon la Terminal 4 de ese complejo portuario donde además agredieron físicamente al personal de seguridad.
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Durante esas jornadas de protestas violentas que llevó adelante el SUPA y que fueron encabezadas por su Secretario Gremial, Diego Corvalan también forzaron el acceso a las Terminales Río de la Plata, donde arrancaron los portones de ingreso a esa estación portuaria, incidentes por los que también está denunciado penalmente el gremialista.
A estos antecedentes de extrema violencia que se encuentran en manos de la Justicia, se suman otros hechos que fueron denunciados por Florencia Arietto en la batalla judicial que viene llevando adelante contra el SUPA por los mecanismos extorsivos y violentos que despliega el gremio. La abogada ha presentado denuncias penales por hechos de violencia generados por el sindicato de portuarios en el Depósito Fiscal Mercocargas y por bloqueos al Puerto de Bahía Blanca. Arietto, que asesora al Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que nació con ocho pymes adheridas y hoy ya cuenta con 123 miembros, denunció penalmente al gremio por extorsión y bloquear las terminales del Puerto de Buenos Aires.
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En noviembre de 2018 la Cámara Comercial porteña ordenó intervenir el sindicato de los portuarios y cancelar su personería gremial además de mandar que se disponga la baja del registro de asociaciones sindicales en el Ministerio de Trabajo como consecuencia de la quiebra del gremio. La justicia comercial delegó en la cartera laboral hacer cesar la personería gremial. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no cumplió con la manda judicial, no anotó la sentencia de cancelación de la personería gremial en el registro de asociaciones sindicales y tampoco concretó la intervención del sindicato conforme a lo establecido en el marco legal aplicable al caso. No solo eso, una vez que el Sindicato acreditó el levantamiento de la quiebra la cartera laboral ratificó en el cargo a los dirigentes que llevaron al gremio de los portuarios a la bancarrota.
El SUPA se caracteriza por estar conformado por la familia Corvalan casi en pleno. Su Secretario General es Juan Corvalan, su hijo Diego Corvalan es el Secretario Gremial, su otro hijo Cristian es miembro de la Comisión Directiva, su hija Rosana es la Gerente de la Obra Social y su yerno Federico el letrado apoderado del Gremio. El manejo de la entidad sindical por parte de la familia Corvalan fue denunciado ante la justicia en numerosas oportunidades.
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En el año 2016 se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12 una denuncia contra Juan Corvalan y Rosana Valeria Corvalan, por defraudación por administración fraudulenta, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos privados, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Esta presentación fue previa a que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenara la intervención del Sindicato, incumplida luego por el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, en el año 2020 se presentó otra denuncia caratulada como Corvalan, Juan Pedro y otros sobre defraudación por administración fraudulenta, causa que lleva el número 2816/20 e inició su periplo en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 26. En ninguna de las dos causas se han registrado avances importantes hasta ahora.
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