El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles fue multado con 350.000 dólares por una explosión mortal donde murieron tres agentes

La multa de 350.000 dólares impuesta al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha puesto en el centro del debate la seguridad laboral y la responsabilidad institucional en el manejo de materiales explosivos. La sanción llegó tras una investigación que reveló graves falencias en los procedimientos del departamento, luego de una explosión que cobró la vida de tres agentes en el este de Los Ángeles. La tragedia ha desencadenado una serie de acciones legales, demandas familiares y revisiones internas, mientras las autoridades estatales y federales mantienen una pesquisa activa sobre los hechos y la desaparición de una segunda granada.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) determinó que el Departamento del Sheriff incurrió en ocho violaciones a la normativa, lo que derivó en multas por un total de 351.500 dólares. Entre los motivos destacados se encuentran la “falta de corrección de condiciones y prácticas laborales inseguras” y la “capacitación e instrucción inadecuadas” para los agentes encargados de manipular el artefacto explosivo que, finalmente, resultó letal. Cal/OSHA enfatizó que la tragedia subraya la obligación de los empleadores de anticipar riesgos y proteger a sus trabajadores, particularmente en tareas de alto riesgo como el manejo de municiones y materiales explosivos.

La investigación de Cal/OSHA expuso diversas violaciones y deficiencias en los protocolos de seguridad del departamento. Los inspectores señalaron que no se garantizó el uso de equipo de protección personal adecuado al manipular artefactos explosivos, incluidas las granadas. Además, el departamento no estableció ni conservó métodos eficaces para identificar y evaluar los peligros asociados a la recuperación, transporte, almacenamiento y manipulación de municiones explosivas. Otra de las faltas consistió en dejar materiales explosivos sin vigilancia y no almacenarlos en los depósitos reglamentarios ni en contenedores apropiados al ser transportados manualmente. Por último, se constató la ausencia de documentación requerida de capacitación en seguridad y la falta de evaluación escrita de riesgos en el lugar de trabajo respecto al uso de equipos de protección personal.

Estas observaciones llevaron a la imposición de sanciones que el Departamento del Sheriff decidió apelar. Según informaron inspectores estatales, la institución presentó una impugnación formal ante las multas, desencadenando una disputa legal con Cal/OSHA. El organismo estatal espera que el sistema judicial obligue al departamento a entregar los documentos de investigación solicitados, ya que algunos elementos aún no han sido compartidos y otros, según la institución, no existen. El Departamento del Sheriff declaró que está trabajando de la mano con la Asesoría Legal del Condado para cumplir con los requerimientos legales y asegurar que la información entregada no comprometa la integridad de las investigaciones en curso. Aunque se han proporcionado algunos documentos, otros permanecen en revisión o no han sido localizados.

El hecho que originó estas consecuencias ocurrió el 18 de julio de 2025, cuando los detectives Joshua Kelley-Eklund, William Osborn y Victor Lemus manipulaban dos granadas en el estacionamiento de la Academia de Entrenamiento del Centro Biscailuz, en el este de Los Ángeles. Una de las granadas explotó, provocando la muerte de los tres agentes en el acto. El suceso evidenció deficiencias en los protocolos de seguridad y capacitación interna, factores que, según las investigaciones, contribuyeron a la fatalidad.

Tras la tragedia, surgieron alegatos legales de parte de la familia de una de las víctimas. La detective Nancy Lemus, viuda de Victor Lemus, denunció que el departamento no envió a su esposo al programa de capacitación del FBI para la manipulación de explosivos, ni le ofreció una formación interna adecuada antes de incorporarlo al escuadrón antibombas. Los abogados de la familia Lemus presentaron una demanda en la que aseguran que Kelley-Eklund y Osborn tampoco cumplieron con los mandatos departamentales y legales para el manejo de explosivos. Según la demanda, uno de los agentes retiró el seguro de la granada antes de la explosión, acción que resultó decisiva en el desenlace.

A raíz de la explosión, el Departamento del Sheriff informó que consultó con el escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Los Ángeles, el FBI y la ATF para actualizar sus manuales y directrices de capacitación. El objetivo de estas revisiones es reforzar los protocolos y prevenir incidentes similares en el futuro. Las modificaciones incluyen la evaluación de procedimientos de recuperación y almacenamiento de materiales peligrosos, así como nuevas normas para la formación de los agentes asignados a tareas de alto riesgo.

En cuanto al estado actual de la investigación, la situación sigue abierta. El Departamento del Sheriff continúa trabajando junto a autoridades federales, mientras que la ATF desarrolla su propia pesquisa sobre la explosión. Un punto crítico es la no localización de una segunda granada que fue confiscada por Eklund y Osborn el año anterior al incidente. Hasta el momento, los agentes no han logrado encontrar ese artefacto, manteniendo vigente la preocupación por la seguridad y la gestión de materiales explosivos dentro del departamento.