PSOE pide prisión provisional para el ex 'número dos' de Interior con Rajoy por riesgo de fuga ante el juicio Kitchen

Las investigaciones sobre la gestión económica y los constantes desplazamientos internacionales de Francisco Martínez han suscitado dudas entre los responsables del caso Kitchen en relación con su disponibilidad para afrontar el juicio. Según informó Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó ante la Audiencia Nacional la adopción de prisión provisional para Martínez, quien fue secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016, debido al riesgo de fuga antes del inicio del proceso oral previsto para el 6 de abril. La misma medida fue reclamada para Andrés Gómez Gordo, comisario acusado en la misma causa, con el objetivo de asegurar la presencia de ambos durante las vistas judiciales y garantizar la posible ejecución de una sentencia condenatoria.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el PSOE, que actúa en calidad de acusación popular en el expediente sobre la denominada ‘Operación Kitchen’, expuso en la petición formal la preocupación por la falta de acceso a información acerca de la capacidad económica de los procesados. El escrito trasladado a la Audiencia Nacional subraya que no se ha comprobado si existe investigación alguna acerca de los movimientos patrimoniales de los acusados o, en su caso, su acceso a dichos datos, situación que incrementa el riesgo de elusión judicial.

Entre los argumentos expuestos por el PSOE figura la gravedad de los delitos atribuidos a Francisco Martínez. El medio Europa Press detalló que está imputado por ilícitos como malversación de fondos, pertenencia a organización criminal, delitos contra la intimidad, revelación de secretos y cohecho, con penas asociadas que superan con creces los dos años de prisión. El partido remarca que el volumen y la naturaleza de las acusaciones incrementan el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia.

Parte de la fundamentación del PSOE resulta de la situación familiar y el historial reciente de Martínez. Europa Press publicó que Martínez mantiene matrimonio con una ciudadana mexicana, y según la documentación, se traslada al país latinoamericano de manera regular atendiendo motivos personales. Fuentes del partido advirtieron que estos constantes viajes podrían facilitar su eventual salida del territorio nacional en caso de pretender evitar la comparecencia ante el tribunal.

Otro elemento relevante aportado en la solicitud es la supuesta vinculación de Martínez a una trama de ciberataques contra bases de datos de la Administración Pública. De acuerdo con Europa Press, la formación política señala que el ex alto cargo permaneció en prisión preventiva hasta junio de 2025, y actualmente enfrenta también un proceso en el denominado caso ‘policía patriótica’, relacionado con el partido Podemos.

El PSOE extendió las sospechas sobre la posible existencia de cuentas o activos con procedencia no esclarecida. La petición judicial transferida a la Audiencia Nacional hace hincapié en la dificultad de explicar cómo Martínez logra compatibilizar el desempeño de su puesto público como letrado de las Cortes con los frecuentes desplazamientos transnacionales, las obligaciones familiares y los costes asociados a su defensa en tres procesos penales de alta complejidad, elementos difíciles de justificar únicamente con el salario percibido como funcionario sujeto a un régimen estricto de incompatibilidades.

La solicitud de prisión provisional también recayó sobre el comisario Andrés Gómez Gordo. Europa Press informó que el PSOE argumentó la existencia de riesgo de fuga, agravado por una resolución judicial previa que impone la inhabilitación de Gómez Gordo para ejercer funciones públicas. Dicha situación, a juicio del partido, elimina el principal vínculo profesional y territorial del acusado con España, debilitando su arraigo y fortaleciendo el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia.

Además, el escrito presentado por el PSOE plantea interrogantes sobre los recursos con los que tanto Martínez como Gómez Gordo han afrontado los gastos de su defensa en múltiples procedimientos judiciales complejos. Según señaló Europa Press, el partido sugiere que los acusados podrían disponer de ingresos adicionales ajenos a los declarados como funcionarios públicos, cuya procedencia no ha sido aclarada durante la instrucción.

Según publicó Europa Press, la ‘Operación Kitchen’ es objeto de análisis judicial por tratarse de un supuesto operativo policial destinado a recuperar documentación presuntamente comprometedora en poder del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En este contexto, los acusados han adquirido relevancia dentro del procedimiento, y los movimientos económicos, sumados a sus vinculaciones personales y profesionales, constituyen el núcleo de la solicitud de medidas excepcionales que la acusación popular considera imprescindibles ante la proximidad del juicio.