Compromís ve "incompleto" el decreto del Gobierno de medidas ante la guerra en Irán

Las rebajas de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes, una de las medidas claves del último decreto aprobado ante la crisis derivada de la guerra en Irán, ya se aplican desde el pasado fin de semana, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, la convalidación definitiva de las nuevas disposiciones y su validez legal dependen del debate y votación previstos en el Congreso de los Diputados para el próximo jueves, 26 de marzo. De acuerdo con la cobertura de medios principales y las valoraciones ofrecidas por distintos representantes políticos, el paquete de iniciativas gubernamentales ha generado posiciones contrastadas entre los partidos, especialmente en lo relativo a la amplitud y profundidad de las respuestas económicas y sociales diseñadas para amortiguar los efectos de la crisis internacional.

Según detalló el medio, el real decreto ley publicado el sábado incorpora un conjunto de acciones entre las que destacan rebajas fiscales específicas para carburantes, electricidad y gas, así como ayudas dirigidas a sectores especialmente afectados por la situación. Además, la congelación de los alquileres por un periodo de dos años figura en un segundo decreto, promovido por el grupo Sumar. Ambas normativas entraron en vigor el domingo, aunque su aplicación queda condicionada a la validación parlamentaria.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, expresó que el decreto le parece "incompleto", enfatizando que el centro de la respuesta debería estar enfocado en garantizar que nadie se beneficie de manera impropia en una coyuntura tan excepcional. En sus declaraciones, Baldoví se refirió a las prácticas en las gasolineras, donde los incrementos se trasladan al consumidor de forma inmediata, mientras que las bajadas suelen demorarse, situación que, a su juicio, evidencia necesidades de supervisión. Para Baldoví, la rebaja en los combustibles representa una oportunidad de alivio para la ciudadanía, si bien recalcó la importancia de que el Gobierno de España refuerce su implicación y compromiso para asegurar la efectividad de las medidas. Instó además a que se evite la contradicción de votar en contra de acciones que impactan positivamente en los bolsillos de la población.

Sobre el segundo paquete, relacionado con la congelación de los contratos de alquiler, Baldoví destacó que el Ejecutivo central debería comprometerse más activamente, recordando que la vivienda constituye uno de los problemas más urgentes y que la medida representa un alivio tangible para quienes negocian su renta en el actual contexto de inflación y crisis.

Desde el PSOE, el síndic del PSPV, José Muñoz, defendió la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que, ante la situación creada por la guerra en Irán, el Ejecutivo ha impulsado lo que describió como "el escudo social más importante de todas las democracias europeas". Según consignó el medio, Muñoz subrayó que ninguna otra nación ha puesto en marcha iniciativas de tal alcance y que estos decretos reiteran el liderazgo de España en la protección frente a las consecuencias de crisis bélicas. Muñoz apuntó que la reducción de 30 céntimos en el litro de carburante ya ha comenzado a notarse, recordando que medidas similares se implementaron durante la guerra de Ucrania, y reclamó el apoyo parlamentario para ambas normas. Sobre la vivienda, animó a los partidos de la derecha a respaldar las medidas para facilitar el acceso y la estabilidad de los ciudadanos.

En el ámbito del debate político, Muñoz también dirigió críticas al Partido Popular, cuestionando su falta de apoyo consistente a los decretos presentados por el Gobierno. Reclamó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicite su rechazo a cualquier intervención bélica e influya para que Estados Unidos y otras potencias reconsideren sus posturas inclinadas a la intervención. En el plano autonómico, el representante socialista se refirió al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien acusó de no tomar acción pese a los antecedentes del Ejecutivo valenciano previo, presidido por Ximo Puig, que, según recordaron varios portavoces, adoptó iniciativas para contrarrestar el impacto de conflictos internacionales sobre la economía regional.

Por su parte, Luis Martínez, diputado del Partido Popular, reiteró que las medidas del Gobierno "llegan tarde" y defendió que el PP ya había propuesto rebajas fiscales en línea con las incluidas en el decreto. Según reportó el medio, Martínez reconoció el valor de las nuevas disposiciones fiscales, pero criticó la gestión socialista, acusando al Ejecutivo de financiar infraestructuras como desaladoras y trasvases en Marruecos mientras se reduce el apoyo a proyectos hídricos internos como el Tajo-Segura, situación que calificó de discriminatoria. También indicó la necesidad de evaluar los detalles de las medidas antes de decidir si la Generalitat debe aprobar acciones complementarias, recordando que las competencias fiscales y en materia de IVA corresponden al Ejecutivo central.

La secuencia de la aprobación de estos decretos, de acuerdo con la información recogida, refleja que el Gobierno optó por movilizar 5.000 millones de euros entre ambos instrumentos legales. El primero opera a través de rebajas fiscales y apoyos directos a los actores económicos más perjudicados, mientras el segundo se orienta a frenar el encarecimiento de los alquileres sobre los hogares, congelando las rentas durante dos ejercicios. Según informaron distintas voces políticas al medio, se espera que durante la semana se sucedan ajustes y debates parlamentarios, lo cual podría producir modificaciones adicionales antes de la votación clave en el Congreso.

Las medidas han provocado reacciones en todos los niveles de la administración y suscitado debate entre quienes priorizan la intervención decidida del Estado para evitar que la presión inflacionaria y la especulación recaigan sobre la población, y quienes insisten en la adopción de incentivos fiscales como mecanismo de alivio económico. Mientras la validación definitiva depende del consenso y de posibles enmiendas en el Congreso, la opinión de los representantes políticos refleja tanto el alcance como las limitaciones actuales del plan gubernamental, así como los distintos enfoques en la forma de abordar las consecuencias de crisis internacionales sobre la economía española.