El juez toma declaración al dueño de Forestalia en una causa contra la alcaldesa de Mosqueruela (Teruel)

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El magistrado titular de la plaza número 1 sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha tomado declaración este martes, en calidad de testigo, al propietario de Forestalia, Fernando Samper, en el marco de las diligencias abiertas contra la alcaldesa de Mosqueruela (Teruel), María del Alba Lucea, investigada por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

También han declarado como testigos el concejal del Ayuntamiento de Mosqueruela Joaquín Gargallo y la secretaria-interventora del Consistorio, Laura Gimeno.

El juez abrió diligencias el pasado mes de enero tras la denuncia presentada por Teruel Existe en el juzgado contra Alba Lucea, alcaldesa de Mosqueruela, por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los hechos que motivaron la denuncia se remontan a 2023 cuando en la localidad de Mosqueruela se planteaba la puesta en marcha de diversos proyectos de energías renovables dentro del denominado Clúster del Maestrazgo.

El objeto de la denuncia presentada se centra en la firma del contrato de prestación de servicios de asesoramiento jurídico con la mercantil Servicios Tributarios de la Administración Local realizada el 7 de noviembre de 2023.

Los denunciantes argumentan en su escrito irregularidades e ilegalidades ya que la contratación se hizo sin licitación ni publicidad, que no existió procedimiento ni expediente de contratación, por la inexistencia de una consignación presupuestaria previa y por los artificios presupuestarios realizados con posterioridad para intentar dar cobertura al gasto que ya estaba comprometido.

Argumentan también en su denuncia la ilegalidad del contrato, aprobado por decreto de la alcaldesa, cuando por el valor de lo contratado la competencia de su aprobación recaía en el Pleno del Ayuntamiento.

La empresa Servicios Tributarios de la Administración Local presentó al ayuntamiento una factura por valor de 104.565,83 euros. Al tenerse conocimiento de ello la oposición municipal solicito una revisión de oficio, procedimiento en el cual se encuentra incluido un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que entiende que dicho contrato es nulo.

Dentro de estas diligencias, mañana a las 10.00 horas el instructor tiene previsto tomar declaración María del Alba Lucea.