Venezuela aprueba la reforma a ley de hidrocarburos para abrir su petróleo al capital

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, firmó la reforma de la Ley de Hidrocarburos después de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional de manos de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. El medio EFECOM reportó que esta reforma pretende facilitar la entrada de inversión extranjera en el sector petrolero venezolano y se consolidó tras varios días de consultas con actores del sector, incluidos representantes de compañías petroleras internacionales y trabajadores del ramo. El Parlamento, dominado por fuerzas afines al chavismo, dio su respaldo unánime al proyecto de ley tras una revisión artículo por artículo, abriendo el camino para una mayor presencia privada y foránea en actividades clave de la industria petrolera.

Según detalló EFECOM, la propuesta legislativa se presentó el 15 de enero y culminó su fase de debate durante la segunda discusión plenaria, en medio de una coyuntura marcada por el reciente ataque militar estadounidense que desembocó en la detención de Nicolás Maduro en Nueva York, acusado de narcotráfico. En ese contexto, el intercambio telefónico entre Delcy Rodríguez y el presidente Donald Trump coincidió con el debate parlamentario. Trump anunció la reapertura total del espacio aéreo comercial venezolano, decisión que permitirá restablecer conexiones comerciales suspendidas desde noviembre del año anterior e incentivar la llegada de inversores.

Durante un acto con trabajadores petroleros frente al Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez destacó la relevancia de la medida: “Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”. De acuerdo con EFECOM, la administración estadounidense emitió también una licencia general que levanta sanciones a determinadas transacciones comerciales con el Gobierno venezolano y con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Este permiso facilita la participación de empresas estadounidenses en la nueva fase comercial y productiva del sector energético venezolano.

El cambio en la política de Washington elimina así la modalidad anterior de concesión de permisos individuales, como la otorgada a Chevron, y establece una serie de condiciones para las nuevas operaciones comerciales. EFECOM detalló que los pagos a entidades venezolanas deberán pasar por una cuenta bancaria bajo control estadounidense, y que los contratos entre empresas de ambos países se regirán bajo la legislación de Estados Unidos, donde se resolverá cualquier disputa. Además, se prohíben pagos considerados "poco razonables" por las autoridades estadounidenses, así como canjes de deuda, pagos en oro o acuerdos que involucren actores de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

Los 34 artículos que conforman la reforma jurídica evolucionaron tras consultas sostenidas entre el fin de semana y el miércoles anterior a su aprobación. En esas jornadas participaron representantes de empresas internacionales como la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell. Según EFECOM, Delcy Rodríguez aseguró ante ellos que el nuevo marco legal impulsará la transformación de Venezuela en un gran productor de energía, con posibilidad de resolver disputas contractuales a través de mecanismos alternativos como mediación y arbitraje.

El texto reformado modifica la ley de hidrocarburos promulgada en 2001 y ajustada en 2006 durante el mandato de Hugo Chávez, donde se consolidó el control estatal sobre el sector. Esta renovación otorga espacio a la inversión privada y foránea, admitiendo su participación en áreas esenciales como la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de crudo, y establece reglas para atraer capitales internacionales en un contexto de flexibilización de sanciones y mayor apertura comercial.

No obstante, la reforma suscitó posturas críticas dentro de la Asamblea. Según EFECOM, el diputado Antonio Ecarri, del bloque minoritario de oposición Libertad, expresó preocupación por el aumento de facultades del Ministerio de Hidrocarburos, al que se le otorgaron 19 nuevas atribuciones.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia y que no mantiene alianzas ni con el Gobierno ni con sectores opositores liderados por María Corina Machado, calificó la reforma como un "retroceso histórico" y la acusó de “desmantelar” la soberanía energética del país. El PCV advirtió sobre impactos negativos para el control nacional sobre los recursos estratégicos.

En contraste, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, expresó su respaldo a través de un mensaje en Telegram antes del inicio de la discusión legislativa, considerando que el proceso de reforma "consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética". La reforma, promovida tras el ataque militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro y de la ex primera dama Cilia Flores, responde también a la decisión de la administración Trump, que desde este mes acordó con Caracas transacciones energéticas por 500 millones de dólares, consignó EFECOM.

Especialistas como el exministro de Petróleo Rafael Ramírez han interpretado estos cambios como la "erradicación" del esquema instaurado durante el período de Chávez, donde la estatal petrolera y el Estado tenían predominancia y se restringía la entrada de capital extranjero. Delcy Rodríguez, por su parte, aseguró ante los manifestantes y ante medios que la norma vigente mantiene el “sello” de la gestión de Chávez y responde a la perspectiva de futuro delineada por Maduro.

La apertura al capital internacional en el sector petrolero venezolano marca un viraje en décadas de normativas restrictivas sobre la participación privada y foránea. Las nuevas reglas, según detalló EFECOM, se articulan en línea con un proceso de negociación bilateral que incluyó también los términos para la reapertura del espacio aéreo y la flexibilización parcial de sanciones comerciales, a cambio de mecanismos de control estadounidense sobre los flujos financieros y la resolución de controversias bajo la normativa de Estados Unidos.

Los cambios jurídicos en el sector hidrocarburos, enmarcados en esta coyuntura, abren espacios para acuerdos entre compañías multinacionales y el Estado venezolano, en condiciones que reflejan tanto la presión internacional como la necesidad de recuperar la producción y atraer recursos frescos al país.