El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el anteproyecto de ley de Secretos Oficiales que llevará el Gobierno al Congreso para su tramitación parlamentaria "no es una prioridad" de los españoles, que necesitan con más urgencia que se arregle "el problema de la vivienda", entre otros asuntos.
Preguntado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, sobre si están a favor de desclasificar documentos de la Transición y la dictadura de Francisco Franco, el 'número dos' del PP ha indicado que van a estudiarlo "pormenorizadamente", pero que en cualquier cosa no es algo que reclamen los ciudadanos.
"Conocimos el texto ayer. Vamos a estudiarlo pormenorizadamente. Desde luego no es una prioridad de la sociedad española, se lo puedo asegurar", ha señalado, ironizando con que como no es del PSOE y puede "salir mucho a la calle" porque no le "increpan", nadie le ha hablado de esta ley.
Lo que le dice la gente, según Tellado, es que hay que "arreglar el problema de la vivienda" y otros "muchos problemas en nuestro país". "Pero desde luego por la Ley de Secretos Oficiales la gente no nos pregunta", ha zanjado el secretario general de los 'populares'.
El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de información clasificada en el que se establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podría hacer pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F si la norma se aprueba a finales de este año, "salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa".
Así lo explicó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que detalló que esta nueva ley viene a sustituir a la norma de secretos oficiales del franquismo, que se aprobó en 1968, y ahora se remitirá al Congreso para que inicie el trámite parlamentario.
Según explicó el ministro, además del límite de los 45 años para desclasificar información calificada como alto secreto, también habrá la posibilidad de una prórroga de 15 años más y será el Consejo de Ministros el órgano que tendrá que decidir sobre este asunto.
En el caso de la documentación de secreto, el límite para hacerla pública será de 35 años con prórroga de 10 años más. Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.
Últimas Noticias
La Policía tramitó 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años mediante su protocolo interno de denuncias
El Ministerio del Interior anunció una “revisión extraordinaria” tras conocerse la denuncia contra un alto mando policial, con el objetivo de identificar fallos en los mecanismos internos para abordar presuntas agresiones dentro de las fuerzas de seguridad
La Abogacía Española reclama una nueva ley para que los abogados de oficio "reciban un trato digno"
Sumar y socios del Gobierno piden en el Congreso una investigación sobre abusos y suicidios en la mili en los 80 y 90
Legisladores impulsan una petición para esclarecer supuestas violaciones de derechos, maltrato psicológico y físico, además de muertes autoinfligidas relacionadas con el servicio militar obligatorio, exigiendo responsabilizar a las instituciones y reparar a quienes resultaron afectados y sus allegados
Feijóo celebra que el Congreso tumbe "la última treta" de Sánchez con el decreto de escudo social y "los inquiokupas"
El jefe de la oposición destacó la derrota parlamentaria del Ejecutivo al no lograr apoyo para la norma que mantenía desahucios y ayudas básicas, mientras el Congreso sí respaldó el aumento de las pensiones conforme al IPC tras votarlo por separado
La UCO apunta a Pardo de Vera en la trama de mascarillas y revela que aconsejó abogada a Ábalos: "Mal no vendrá"
Nuevos informes policiales señalan a la expresidenta de Adif por gestionar adjudicaciones clave a la empresa central del caso mientras los investigadores revelan comunicaciones estratégicas con el entorno de Ábalos para abordar posibles implicaciones legales tras el estallido del escándalo
