La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la concesión del tercer grado penitenciario al exmiembro de ETA Juan Jesús Narváez Goñi, que perteneció al comando de liberados 'Ekaitz', al entender que es prematuro.
Así lo señala en una nota de prensa el Ministerio Público, recogida por Europa Press, en la que explica que el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Carlos García-Berro, ha sido el responsable de presentar dicho recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional contra la resolución de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Señala asimismo que este recurso se fundamenta en que si bien Narváez Goñi "muestra buena evolución en el tratamiento penitenciario" se entiende que "es preciso estar a la espera de cómo se desarrollan los permisos de salida", que se han concedido "muy recientemente".
Precisamente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció el pasado viernes los últimos terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco a presos de la banda terrorista ETA, incluido el de Narváez Goñi, indicando que son en realidad "indultos encubiertos", y lamentaba que el 30 por ciento de los etarras ya tienen condición de semilibertad, el paso previo a que sean "finalmente libres".
Ponía como muestra el caso de Narváez Goñi, condenado al máximo de condena de 30 años por matar a cuatro personas, y que, tras 10 años en la cárcel, en 2025 "ya ha obtenido el tercer grado".
Narváez Goñi fue detenido y extraditado en 2014 desde México junto a la exmiembro de ETA Itziar Alberdi Uranga. Ambos llevaban 22 años huidos de la Justicia y fueron hallados en la localidad mexicana de Puerto Vallarta, donde vivían con sus dos hijos y trabajaban, respectivamente, como masajista y profesora de yoga. Eran los que mayor número de asesinatos acumulaban entre los presos reclamados al estar en paradero desconocido.
EL COMANDO 'EKAITZ'
Los dos etarras formaron parte del comando de liberados 'Ekaitz', que cometió 18 asesinatos en un año, y fueron incluidos en la primera lista de terroristas más buscados elaborada por la Unión Europea.
En 2015 ambos fueron condenados por la Audiencia Nacional a 296 años de cárcel como autores del envío de un paquete bomba desde una empresa de mensajería de Toledo a su central en Madrid que el 12 de junio de 1991 provocó la muerte de dos agentes de los Tedax que intentaban desactivarlo.
Previamente, Narváez Goñi ya había sido condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de dos policías en Barcelona.
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