Madrid, 3 abr (EFE).- El nuevo plan de salud mental que mañana presenta el Ministerio de Sanidad al Consejo Interterritorial cuenta con 39 millones de euros para desplegar ocho líneas de actuación, encaminadas a alcanzar un modelo de atención más humanizado, con más profesionales y un uso más adecuado de psicofármacos.
La segunda versión del 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027', a la que ha tenido acceso EFE, llega a la cumbre autonómica con algunos retoques respecto al documento original para subsanar las reticencias de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) que no afectan al fondo.
Así, sale de los Comités Técnico e Institucional con consenso, a la espera del filtro final que debe darle el Interterritorial después de que las comunidades del PP lo tumbaran en febrero.
Elaborado por el Comisionado de Salud Mental, comunidades, sociedades científicas, asociaciones y organizaciones de distintos ámbitos, el documento trata de dar respuesta a un gran desafío para el sistema sanitario a través de decenas de medidas contenidas en ocho líneas estratégicas:
Aumento del número de profesionales y mejora de sus condiciones, a través de medidas como la planificación de la oferta en la Formación Sanitaria Especializada o la creación de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia.
Propone elaborar un plan integral para prevenir los ingresos y ampliar la cartera común de servicios.
También apuesta por la promoción de la prescripción social, ocupacional, cultural, de ejercicio físico y terapéutico como enfoques complementarios. Fomentar las alternativas comunitarias, domiciliarias y formas de hospitalización -por ejemplo, hospitalización parcial o casas de crisis-.
Orientar la atención a los derechos humanos, humanización y lucha contra el estigma, con alternativas a la contención mecánica o reduciendo las intervenciones involuntarias, mejorando el registro y seguimiento de éstas con un registro estatal.
Defiende que estas personas puedan planificar de forma anticipada las decisiones sobre su atención sanitaria y se desarrollará en un documento dentro de sus historias clínicas.
Apuesta por garantizar el uso "adecuado" de fármacos que evite la "medicalización del malestar cotidiano" y potenciando otras alternativas disponibles.
El Ministerio promoverá que técnicos independientes elaboren una guía de práctica clínica para el uso adecuado de psicofármacos y la deprescripción de antidepresivos e hipnosedantes en virtud de la evidencia científica.
Se fomentará el consentimiento informado en el uso de medicamentos prescritos fuera de indicación de ficha técnica, se realizarán campañas dirigidas a la población para uso seguro de psicofármacos y se garantizarán terapias de calidad basadas en la evidencia.
El documento cita residentes en regiones rurales o de difícil accesibilidad, personas mayores, migrantes y desplazados de zonas en guerra o catástrofe, desempleados, víctimas de trata, abuso sexual o violencia de género, colectivo LGTBIQ+, personas en exclusión social o con discapacidad.
Al ser un grupo "especialmente vulnerable", requiere un abordaje específico, que se extiende a las mujeres en todas las etapas del periodo perinatal, no solo el embarazo y el parto. Se creará un grupo de trabajo y se fortalecerá la formación continuada y el apoyo a los Equipos de Atención Primaria.
Propone instaurar una vigilancia epidemiológica para lograr datos objetivos, homogéneos y de calidad.
Plantea acciones como crear una guía de identificación y comunicación de la sospecha de trastornos mentales derivados del entorno laboral o la vigilancia de los trabajadores expuestos a riesgos psicosociales. EFE
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