El CGPJ aprueba por unanimidad un informe que cuestiona la reforma de la carrera judicial

Madrid, 19 mar (EFE).- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un informe sobre el anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial que cuestiona varios aspectos del sistema de promoción en la carrera judicial, que considera "discriminatorio" y donde alerta de "disfunciones".

Fuentes jurídicas informan de que el órgano de gobierno de los jueces ha avalado el informe, preceptivo pero no vinculante, de la norma que impulsa el Ejecutivo para establecer un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.

El pasado 21 de enero, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial, del año 1985, que contempla un sistema público de becas de 4 años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y que prohibirá también la financiación privada de las asociaciones judiciales.

La reforma contempla también la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Así, sustituye una prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico, que hasta ahora no existía, mientras que quienes acceden por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales.

También regula el cuarto turno (que implica que juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años de ejercicio profesional puedan acceder a la carrera judicial) para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso oposición.

En cuanto a la mejora de la carrera profesional establece un sistema de ascenso automático por antigüedad, mejora la especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina las incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función.

El informe del CGPJ cree que el nuevo sistema de oposiciones, con la necesidad de corregir los dictámenes escritos de todos los candidatos como fase previa a la baremación, "va a suponer un paso previo que va a dilatar en el tiempo más de lo deseable".

Indica, en este sentido, que la inclusión de un test eliminatorio previo -cuya corrección y valoración es más rápida-, seguido del dictamen eliminatorio, la baremación y una entrevista agilizaría en gran medida el proceso selectivo.

Considera también que el cambio en el sistema de oposición sin un tiempo suficiente de adaptación, tanto de medios de gestión del proceso de selección, como de preparación de opositores, "perjudica seriamente el que hasta ahora es el sistema primario de acceso a la carrera judicial, al no estar el cuerpo de opositores preparado para un cambio de este calado sin un periodo de adaptación suficiente".

"Es por ello por lo que de aprobarse un cambio como el que se pretende, debería considerarse también un periodo de vacatio legis suficiente (4 o 5 años) para su adaptación".

En cuanto al acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado, ve "discriminatorio" que se reconozca cinco años de servicios prestados en la categoría de juez en el orden jurisdiccional por el que hubieran accedido a la carrera judicial.

"Este reconocimiento de cinco años de servicios introduce un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado", señala.

Sobre la decisión de convertir el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones, cree que sería "más adecuado que estuviera encomendada a una autoridad u órgano plenamente independiente, así como que el poder judicial jugara un papel notable".

Elogia, sin embargo, la concesión de becas para la preparación de oposiciones para el ingreso a los principales cuerpos de la Administración de Justicia. EFE