La mayoría que conforman PSOE, Sumar, EH Bildu, Junts y PNV en la Comisión de Política Territorial del Congreso ha rechazado una iniciativa de Vox, que ha contado con la abstención del PP, en la que pedía la regulación del uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, poniendo como ejemplo las denominaciones de municipios como Gerona, Orense, Lérida o Fuenterrabía.
En concreto, Vox se ha quedado solo con su iniciativa, que ya ha llevado en anteriores legislaturas, mientras que el PP ha optado por la abstención.
Los de Santiago Abascal señalan que en algunos municipios y provincias se ha reemplazado el topónimo en castellano por su denominación en la lengua vernácula en favor de los discursos identitarios.
Así, este "intento de aniquilación de la lengua" ha derivado en "leyes estatales y autonómicas que retuercen" la interpretación del artículo 3 de la Constitución en materia de toponimia y denominaciones oficiales.
Así las cosas, el texto de la iniciativa recoge que como consecuencia de estas leyes "se han borrado del ordenamiento jurídico, como si nunca hubieran existido, topónimos castellanos de amplio uso aún hoy como Lérida, Gerona, Orense o Fuenterrabía".
Por ello, Vox pedía con esta iniciativa que el Gobierno adoptara un conjunto de medidas para garantizar el cumplimiento del citado precepto de la Constitución, así como para regular el uso de la toponimia castellana a fin de que sea oficial en toda España y que comparta dicha oficialidad con la de las restantes lenguas españolas propias de la correspondiente región.
Asimismo, querían que se restaurase la doble denominación, en castellano y en la lengua vernácula respectiva, en aquellas entidades territoriales que hayan sido desprovistas de ella, "promoviendo a tal efecto la derogación de las normas que hayan materializado la exclusión del castellano".
También instaban a adoptar las medidas necesarias en materia de régimen local para que, manteniéndose en los municipios la competencia para "el cambio de nombre de este", se conserve la toponimia tradicional castellana junto con la correspondiente a la lengua cooficial.
En esta clave, reclamaban que se garantice que las normas reguladoras del Registro de Entidades Locales, del Registro Central de Cartografía y del Sistema Cartográfico Nacional exigen la versión en castellano para que la inscripción, registro e incorporación sea válida.
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