Govern pide ambición con el catalán en UE y Albares responde que no abandonará el combate

Barcelona, 24 may (EFE).- La consellera en funciones de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Meritxell Serret, ha pedido al Gobierno "máxima ambición" para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le ha respondido que el Gobierno "no abandonará el combate" por el catalán.

Ambos han coincidido en un acto organizado por la patronal Pimec en Barcelona este viernes, el primer día de campaña para las elecciones europeas del 9 de junio.

Durante su intervención, Serret ha resaltado la campaña diplomática llevada a cabo por la Generalitat para respaldar la propuesta del Gobierno sobre la oficialidad del catalán.

En la misma línea, Serret ha pedido al Gobierno "máxima ambición a la hora de desplegar toda su capacidad y eficiencia diplomática" para conseguir "pasos adelante firmes a favor de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas".

"No vamos a abandonar el combate (...) Sabes de mi compromiso con ello", le ha dicho el titular de Exteriores al tomar la palabra.

Hace unos días, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, aseguró que España no preveía ningún plazo para volver a debatir a nivel de ministros la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, aunque se declaró optimista sobre los contactos a nivel técnico de los últimos meses sobre este tema.

"No hay plazos, es cuestión de seguir nuestro diálogo con los Estados miembros y con el Consejo, pero somos muy optimistas al respecto", dijo Sampedro a su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el foro a nivel de ministros en el que se tiene que decidir sobre este asunto.

En el último encuentro en el que se trató el tema, el pasado marzo, España presentó un memorándum de seis páginas y dieciséis puntos en el que se señalaba que "la diversidad lingüística es particularmente relevante en España, dado que es un aspecto fundamental" de la "identidad nacional y constitucional" del país, para tratar de disipar las dudas de los países más reticentes.

Desde que España pidió el pasado mes de agosto la modificación del reglamento lingüístico de la UE, el Gobierno ha mantenido contactos informales con los servicios jurídicos del Consejo en los que se ha puesto de manifiesto la disparidad de opiniones entre el Gobierno y los asesores legales de la institución. EFE

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