A qué se dedicaba Alvise antes de ser eurodiputado: del Instituto Cervantes al gabinete de Toni Cantó

Para Luís Pérez Fernández, popularmente conocido como Alvise Pérez, la fiesta acaba de comenzar. Tras las elecciones del pasado 9 de junio, el agitador ultraderechista ha conseguido colarse en el Parlamento Europeo con nada menos que 800.763 votos (lo que equivale a tres escaños). El fundador del partido Se Acabó la Fiesta (SALF) lleva siendo el centro de la polémica desde hace ya varios años, y no precisamente por sus propuestas electorales (de momento no se ha conocido el programa político de su agrupación), sino por difundir bulos y desinformación. Según él, su objetivo para presentarse fue continuar con su “lucha contra el sistema” y sus denuncias a la presunta corrupción política sin enfrentar el riesgo de ser demandado, ya que los eurodiputados disfrutan de inmunidad parlamentaria.

Alvise nació el 26 de febrero de 1990 en Sevilla. La elección de su apodo proviene del personaje de una novela de Agostino Nifo en honor al filósofo de origen italiano del siglo XV, que además significa ‘Luis’ en italiano. Estudió Ciencias Políticas y de la Administración Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), aunque no llegó a terminar la carrera.

Tras ello, uno de los trabajos que se conocen del sevillano es el que desempeñó en el departamento de comunicación del Instituto Cervantes en Leeds (Inglaterra). Allí se convirtió en delegado internacional de la organización juvenil de los Liberal Demócratas, Liberal Youth, aunque esta no fue su primera conexión con el mundo de la política.

Su activismo comenzó como voluntario en Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido fundado en 2007 por Rosa Díez; y cuando volvió de Reino Unido, se afilió a Ciudadanos, donde pasaría a ser el jefe de gabinete del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, dirigido por Toni Cantó.

En 2019, después de la derrota electoral de Ciudadanos en las elecciones de diciembre, dejó ese cargo comenzó a convertirse en una especie de comunicador independiente a través de sus redes sociales, como Twitter (ahora X) y Telegram.

Su ‘labor’ en las redes sociales le ha valido numerosos problemas con la justicia por la difusión de bulos. En marzo de 2020 (en plena pandemia por la Covid-19), Alvise publicó en redes sociales que Manuela Carmena tenía un respirador personal mientras miles de personas morían asfixiadas por el virus, lo que la exalcaldesa de Madrid denunció. El agitador fue condenado a borrar el mensaje y pagarle 5.000 euros.

En octubre de 2020, publicó en Twitter una foto del entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un restaurante, criticándolo por pedir a los ciudadanos quedarse en casa durante la pandemia. También pidió su dimisión y continuó publicando información confidencial sobre Puente, incluyendo contratos y vehículos asociados a su persona. En septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Valladolid denunció a Pérez por acoso e injurias. Todas las querellas de Puente contra Pérez fueron desestimadas, ya que se considera que los cargos públicos deben tolerar críticas.

En enero de 2021, compartió en Twitter fotos del ministro José Luis Ábalos en la terraza de su casa, junto con un comentario cuestionando su salud mental. Aunque el tuit fue eliminado, Ábalos demandó a Pérez. En noviembre de 2022, un tribunal de Madrid condenó a Pérez a pagar 60.000 € por violación del derecho al honor, ya que las fotos eran de carácter privado y sin relevancia pública. En septiembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la sentencia por errores de notificación y ordenó un nuevo juicio, que celebrará próximamente.

En febrero de 2021, tres días antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña, Alvise compartió en Twitter una imagen de una prueba PCR positiva a nombre del candidato socialista Salvador Illa. El PSC denunció a Pérez, y QuirónSalud confirmó que el documento era falso. Pérez admitió ante el juez no haber verificado la autenticidad de la prueba.

Otros procesos judiciales en los que el agitador ha sido protagonista han tenido que ver con la difusión de imágenes de la hija del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la publicación de informaciones que comprometían a la empresa Newtral y a su propietaria, Ana Pastor; o las tres denuncias presentadas por FACUA debido a su campaña ‘Gobierno Dimisión’, en la que vendió banderas nacionales y carteles con la foto de Pedro Sánchez, exponiendo nombres, emails y números de cuentas bancarias de los usuarios.