Bruselas, 24 may (EFECOM).- La Comisión Europea y los Estados miembros analizarán las restricciones territoriales al suministro que llevan a que los consumidores paguen precios diferentes por productos idénticos en distintos países de la Unión Europea, algo que les cuesta 14.000 millones de euros al año.
"Llevaremos a cabo una misión para recabar datos primero y luego veremos qué herramientas son necesarias para acabar con las restricciones que elevan los precios", explicó la vicepresidenta y responsable de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa tras el consejo de ministros de Competitividad de la UE.
Bélgica, Países Bajos, Croacia, República Checa, Dinamarca, Luxemburgo y Eslovaquia pidieron durante el encuentro abordar estas restricciones, que dificultan que los minoristas se aprovisionen de productos en el Estado miembro que prefieran con las "mejores condiciones de mercado posibles".
Estas pueden consistir en que los mayoristas o productores de un Estado rechacen sistemáticamente suministrar a un minorista de otro Estado, remitiéndoles a un proveedor de su propio país donde la compra del mismo producto es más cara, algo que puede repercutir al consumidor en forma de precios más altos o limitar la gama de productos disponibles, explican estos socios en un documento presentado al resto.
El debate se produjo justo un día después de que la Comisión Europea multase ayer a la multinacional estadounidense Mondelez con 334 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado para obstaculizar el comercio transfronterizo de galletas, chocolate y café con prácticas "ilegales" que impedían a los minoristas comprar sus productos en Estados miembros con precios más bajos.
Vestager explicó que este tipo de acciones basadas en la política de competencia comunitaria pueden usarse para eliminar restricciones en los casos de compañías que tengan una posición de dominio en el mercado o hayan firmado acuerdos anticompetitivos, pero no es así en el supuesto de que sean empresas sin posición dominante o no tengan estos acuerdos (salvo en casos de cártel).
Por ello, la Comisión Europea y los Estados - a través del grupo de trabajo del Mercado Único - recabarán nuevos datos y estudiarán qué herramientas podrían utilizarse en estos últimos casos.
"Si queremos asegurar que el mercado funciona para la gente es importante que nos centremos en esto y encontremos soluciones que funcionen", dijo la vicepresidenta comunitaria.
Vestager advirtió, no obstante, de que las opiniones al respecto de estas medidas divergen entre los distintos actores de la cadena de suministro, ya que algunos lo atribuyen a las diferencias de poder adquisitivo entre países o las preferencias nacionales, mientras que otros lo consideran restricciones territoriales.
El último informe de la Comisión Europea sobre este tipo de restricciones, elaborado en 2020, calculó que estas prácticas tenían un coste de 14.000 millones de euros al año para los consumidores europeos. EFECOM
lpc/jug/jla
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