La ‘ley de nietos’ suma 40.000 electores al censo gallego, donde el PP tiene su principal bastión entre el voto emigrante

La ‘ley de nietos’ ha impulsado la incorporación de unos 40.000 electores al censo exterior gallego, un aumento que sitúa el foco en una comunidad donde el voto emigrante tiene un peso especialmente relevante. En las elecciones autonómicas de febrero de 2024, el PP obtuvo 11.308 votos desde el extranjero, casi la mitad de los emitidos. No obstante, se desconoce qué orientación política tienen los nuevos nacionalizados y si su comportamiento electoral seguirá la tendencia de los últimos comicios.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) contabilizaba 516.669 electores gallegos en el extranjero a comienzos de octubre de 2026. En 2024 eran 477.432, lo que supone un aumento de 39.237 inscritos entre ambos recuentos. Galicia concentra así el mayor electorado exterior de España y cerca del 18,4% de su censo reside fuera del país. El peso de la emigración convierte cualquier variación en el registro en un dato relevante para analizar el comportamiento electoral de la comunidad.

La dimensión del fenómeno tiene una explicación histórica. Durante décadas, miles de gallegos emigraron a países como Argentina, Cuba, Venezuela, Uruguay o Brasil. Sus descendientes han mantenido vínculos familiares con España y la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió una vía para que determinados hijos y nietos de españoles de origen pudieran acceder a la nacionalidad, incluidos los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por motivos políticos, ideológicos o de creencia, entre otros supuestos previstos en la norma.

El PP obtuvo casi la mitad del voto exterior en las autonómicas de 2024

Los resultados de las últimas elecciones autonómicas ofrecen una referencia para medir el peso electoral de la emigración gallega. En los comicios del 18 de febrero de 2024, el PP obtuvo 11.308 votos del CERA, frente a los 3.627 del PSOE y los 3.583 del BNG. Los populares concentraron aproximadamente el 49% de los 22.960 votos emitidos por el electorado exterior, mientras socialistas y nacionalistas quedaron prácticamente empatados.

El resultado confirma el respaldo que el PP ha cosechado tradicionalmente entre los gallegos residentes fuera de España, pero no permite extrapolar ese comportamiento a quienes han adquirido la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’. El CERA agrupa a emigrantes de distintas generaciones y a ciudadanos con trayectorias familiares muy diferentes. No existe una estadística pública que permita separar los votos de los nuevos nacionalizados ni conocer su orientación política.

La participación introduce otro matiz. En las autonómicas de 2024 votaron 22.960 personas de un censo exterior de 477.432 electores, alrededor del 4,8%. La eliminación del voto rogado en 2022 simplificó el procedimiento para votar desde el extranjero, al permitir el envío de oficio de la documentación electoral, pero no convirtió automáticamente a todos los inscritos en votantes efectivos.

El crecimiento del censo tampoco se traduce por sí solo en una modificación del reparto de escaños. Para medir su posible incidencia electoral sería necesario conocer cuántas de las nuevas altas corresponden a A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Las cuatro provincias constituyen circunscripciones independientes y el peso del voto exterior varía entre ellas. Sin ese desglose, no es posible determinar dónde se concentra el incremento asociado a la ‘ley de nietos’ ni calcular su repercusión en cada territorio.

El Supremo mantiene suspendido el voto de parte de los nacionalizados

La ampliación del censo exterior coincide con la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 ciudadanos nacionalizados por esta vía en el conjunto de España. El 12 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para levantar la medida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La resolución afecta al colectivo incluido en el procedimiento judicial, no a todos los descendientes que han obtenido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática. La controversia se centra en los requisitos para acreditar el exilio de los antepasados de determinados solicitantes y en los criterios administrativos empleados para tramitar las inscripciones electorales.

No se ha publicado cuántos de los 163.020 afectados corresponden a Galicia, ni cuántos están incluidos en la estimación de los 40.000 electores adicionales vinculados a la ‘ley de nietos’ en la comunidad. La suspensión cautelar introduce así un factor adicional en el voto exterior gallego de cara a las generales: una parte de los nuevos nacionalizados podría no participar en los comicios, aunque el alcance de la medida en las cuatro provincias sigue sin estar cuantificado. La Oficina del Censo Electoral y los registros consulares deben identificar las inscripciones afectadas por la resolución judicial.