El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha vuelto a reclamar al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, una actuación inmediata ante la acampada instalada en la plaza de España. La petición se produce después de que el colectivo Flama denunciara en redes sociales comportamientos sexistas y presuntas situaciones de acoso sexual en el entorno, donde además alertó de la presencia de menores de edad, según informa la agencia Europa Press.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma califica de “extremadamente graves” las acusaciones difundidas por el colectivo. Flama ha denunciado tanto “comportamientos y actitudes sexistas” como episodios de acoso sexual dentro o en las inmediaciones de la acampada, unos hechos que para el consistorio refuerzan la necesidad de que la Delegación del Gobierno “asuma sus competencias, evalúe la situación y adopte medidas sin demora”.
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Martínez ya había solicitado el desalojo del espacio y el fin de una situación que, según el Consistorio, altera el uso habitual de uno de los principales puntos de paso de la ciudad. La plaza de España recibe cada día a miles de residentes y visitantes y, de acuerdo con el Ayuntamiento, los servicios municipales no han podido desarrollar con normalidad durante más de una semana las tareas de limpieza, mantenimiento y conservación.
El equipo de gobierno municipal también recuerda que el plazo comunicado inicialmente por la organización ya había expirado. La concentración había sido convocada para los días 28 y 29 de septiembre y, según el consistorio, el derecho de reunión tiene un carácter temporal, vinculado a una convocatoria concreta y limitada en el tiempo.
Una vez finalizado ese plazo, el Ayuntamiento sostiene que la situación actual de la plaza no parece ajustarse al ámbito de la concentración comunicada. Insiste en que respeta el derecho de reunión y manifestación, aunque subraya que su ejercicio debe desarrollarse dentro de la normativa vigente y con garantías de seguridad, convivencia y protección para todas las personas.
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Apoyo para presentar una denuncia o recibir asistencia
Ante las denuncias de acoso sexual y la advertencia sobre la presencia de menores, el Consistorio considera imprescindible que la Administración competente actúe. El Ayuntamiento también ha puesto sus servicios a disposición de Flama para acompañar a las personas afectadas a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), si requieren apoyo para presentar una denuncia o recibir asistencia.
Medidas para evitar episodios similares
Tras hacer públicas las acusaciones, la acampada ha celebrado una asamblea interna en la que las afectadas expusieron las situaciones ocurridas. Según Flama, de ese encuentro han surgido medidas para preservar el espacio como un lugar “seguro y libre de cualquier forma de acoso, machismo, Lgtbifobia o violencia”.
Entre los acuerdos figura la salida de personas cuya presencia había generado conflictos o inseguridad. También se ha propuesto un protocolo de prevención y actuación frente al acoso, el machismo y otras violencias, además de un punto de referencia LGTBI y de cuidados dentro de la acampada.
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El colectivo también explica que ha habido disculpas públicas por las actitudes y comentarios que causaron malestar y asegura que seguirá pendiente de la aplicación de las medidas para que las afectadas puedan sentirse seguras.
La Justicia rechaza desalojar Sol en Madrid
Cabe recordar que este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la medida cautelarísima con la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso buscaba obligar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol, que ocupa la plaza desde el pasado 26 de septiembre tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen Abascal. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, por el momento la acampada se mantiene en el kilómetro cero de Madrid, donde la organización ha hecho además un llamamiento a la huelga general.
La cooperativa Red Jurídica explicaba hace unos días a Infobae que el desalojo de una protesta pacífica solo se puede llevar a cabo “si se acreditan riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública”.
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La organización también recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas señala que “las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan”, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público. “Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, aclara la cooperativa.
(Con información de Europa Press)
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