Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “¿Cómo puede haber medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones de la ‘ley de nietos’ y no para revisarlas?”

Luis María Pardo llega a la redacción de Infobae y, antes de empezar la entrevista, deja escapar en un suspiro: “Vaya mañanita llevo”. El partido político que preside, Iustitia Europa, acaba de oponerse al recurso de la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares de la ‘ley de nietos’ y pide al Tribunal Supremo que mantenga paralizadas las altas en el CERA de forma provisional.

La cuestión de los posibles efectos electorales de la conocida formalmente como Ley de Memoria Democrática es una de las causas que Iustitia Europa ha llevado a los tribunales como acusación popular. La formación sostiene que la instrucción dictada para desarrollar la norma amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad española y reclama que se suspenda cautelarmente el derecho al voto de quienes, según su interpretación, hayan obtenido la nacionalidad únicamente al amparo de esos nuevos supuestos. El asunto está ahora pendiente de que la Abogacía del Estado aporte al Tribunal Supremo la información que le ha requerido sobre las nacionalidades concedidas.

-Pregunta: ¿Hasta cuándo cree que se pueden mantener las medidas cautelares sobre los efectos electorales de la ‘ley de nietos’?

-Respuesta: Hasta que la Abogacía del Estado acredite todo lo que le ha solicitado el Tribunal Supremo. Nosotros consideramos que las medidas cautelares deben mantenerse porque hay cientos de miles de personas que han obtenido la nacionalidad a través de una instrucción que, a nuestro juicio, altera el espíritu de la ley y habilita un supuesto que esta no contemplaba. Ahora el Tribunal Supremo está pidiendo que se determine cuántas nacionalidades se han concedido directamente al amparo de la ley y cuántas a partir de esa instrucción. Las personas que hayan obtenido la nacionalidad cumpliendo los requisitos legales podrían ejercer su derecho al voto, mientras que nosotros pedimos que se suspenda cautelarmente el voto de quienes hayan accedido a ella únicamente por los supuestos introducidos por la instrucción.

-P: Unos minutos antes de esta entrevista Iustitia Europa pedía el Tribunal Supremo que no tuviese en cuenta el recurso de Gobierno. ¿Por qué exactamente?

-R: Primero, porque la Junta Electoral Central no se ha opuesto a las medidas cautelares. Al contrario, las ha ejecutado y ha pedido a la Oficina del Censo que aporte toda la documentación necesaria. La Junta es la administración electoral que está por encima de la Oficina del Censo y tiene, precisamente, entre sus funciones la fiscalización del censo. Quien se ha opuesto a las cautelares es la Oficina del Censo, dependiente del Gobierno, alegando que no dispone de tiempo ni de medios suficientes para acreditar todo lo sucedido en los consulados. Pero resulta difícil entender que haya habido medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones y que ahora no los haya para comprobar cómo se concedieron y si se ajustaron a la ley. Por eso consideramos que las cautelares deben mantenerse.

-P: ¿Cuánto puede prolongarse el procedimiento de las medidas cautelares que ha iniciado Iustitia Europa?

-R: En condiciones normales, un procedimiento de estas características puede durar alrededor de dos años en un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento especial de protección de derechos fundamentales sí puede resolverse mucho antes. Se está hablando de que este asunto podría estar resuelto antes de enero, pero yo lo dudo.

-P: Teniendo en cuenta que las elecciones autonómicas serán el año que viene, y que las generales pueden ser este mismo año si finalmente se adelantan, ¿cree que habrá tiempo para resolver este asunto antes de que se celebren?

-R: Es difícil. El censo electoral se tiene que cerrar el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria electoral. Si las elecciones autonómicas fueran el 27 de mayo de 2027, el censo tendría que estar cerrado el 1 de enero. Por tanto, es difícil prever una sentencia del Tribunal Supremo antes de esa fecha cuando la propia Abogacía del Estado está diciendo que no puede aportar toda la documentación porque no sabe qué ha ocurrido. Si quien tiene que acreditar lo sucedido no puede hacerlo, es difícil que el tribunal levante una medida cautelar mientras persista la duda sobre si se han concedido nacionalidades sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.

-P: ¿Qué estimación hacen de las altas en el CERA que se han visto afectadas por estas medidas cautelares?

-R: Nosotros, en las medidas cautelares, pusimos varios ejemplos. Por ejemplo, Tres Cantos, un municipio de Madrid creado en 1991, registró 215 altas a través de la Ley de Memoria Democrática. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Si tú te exilias entre 1935 y 1955 y Tres Cantos existe 40 años más tarde, ¿cómo puede haber gente de Tres Cantos? También encontramos casos en Murtas o Madracos. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha fallado? En la Ley Orgánica del Régimen Electoral hay una orden que establece que, cuando se producen anomalías estadísticas en el censo, el INE tiene que intervenir y ver qué pasa. Aquí no se ha hecho nada. Se ha generado la sombra de la duda sobre la transparencia electoral en España. Pero eso está muy bien, que se abra ese debate también. La sociedad española era reacia a pensar que en España las elecciones podían realizarse de manera fraudulenta, por decirlo así. Pero ahora todo el mundo sabe que han surgido unas nacionalizaciones que han dado el derecho al voto y que han podido poner en riesgo la transparencia electoral. Y esto no nos lo podemos permitir porque está en juego la legitimación de nuestras instituciones democráticas.

-P: También han planteado la posibilidad de llevar esta cuestión a la Unión Europea. ¿En qué punto se encuentra esa vía?

-R: Consideramos que puede existir una afección al ordenamiento comunitario porque la nacionalidad española da derecho al estatuto de ciudadano de la Unión Europea. Estas personas, si han obtenido la nacionalidad a través de una instrucción que consideramos contraria a la ley, pasarían a tener también ese estatuto y podrían, entre otras cosas, votar en unas elecciones al Parlamento Europeo o residir en otro Estado miembro. Hemos estado analizando durante varios días si sería viable plantear una cuestión prejudicial, pero todavía no hemos tomado una decisión. Preferimos ser cautos y esperar, en primer lugar, a que se resuelva el procedimiento sobre las medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y, en función de lo que ocurra, valorar los siguientes pasos. La viabilidad jurídica existe, pero una cuestión prejudicial es un procedimiento complejo y no queremos entorpecer el trabajo de la Sala.

-P: Pasando al caso de Ceuta, en el que también están personados y cuya investigación asume la Audiencia Nacional, ¿qué cree que puede salir en las próximas semanas?

-R: La jueza María Tardón ha solicitado múltiples informes a la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos de información e inteligencia, y habrá que esperar a conocer su contenido. A partir de esos informes podremos empezar a determinar quién pudo realizar la agresión por acción, qué omisiones pudo haber en Ceuta y si pudo existir alguna responsabilidad por parte de las instituciones o del Gobierno de la Nación. También habrá que determinar qué se sabía, en qué momento y si se podía haber actuado de otra manera.

-P: ¿Cree que puede haber responsabilidad penal por la muerte de más de 80 personas?

-R: Sí, son homicidios. Homicidios imprudentes, pero son homicidios. 83 fallecidos en territorio español, pero 140 en total. Y no podemos normalizar que mueran 140 personas. España ha sido agredida utilizando a la población civil, pero esa utilización de la población civil ha provocado la muerte de 140 personas. Son seres humanos y son víctimas también de todo esto, posiblemente de un engaño por parte de Marruecos, y eso habrá que determinarlo. Hay que saber quiénes fueron los responsables de todo esto y actuar contra ellos, independientemente de dónde procedan.

-P: ¿Considera que el CNI tenía información sobre lo que podía ocurrir en Ceuta y que se podría haber preparado para esa situación?

-R: Si el CNI tenía información, como pudo tenerla la Guardia Civil o la Policía Nacional, esta habría sido trasladada a través de los canales correspondientes a los mandos, para que estos la elevaran a los responsables políticos, que son quienes tienen que tomar las decisiones. Otra cuestión es por qué los gobernantes no lo hicieron.

-P: ¿Cree que podría existir responsabilidad penal de algún alto cargo o responsable político por lo ocurrido en Ceuta?

-R: Las declaraciones del señor Vivas y del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno pueden servir para conocer hasta qué nivel puede escalar la investigación. Hay que tener en cuenta que el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno y el propio delegado tienen por encima a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y al presidente del Gobierno...

-P: ¿Por qué cree que el Gobierno no responsabiliza directamente a Marruecos por lo ocurrido en Ceuta?

-R: Porque durante muchos años se ha creado un lobby de potencias extranjeras en España y, con esas potencias extranjeras, lo que se ha hecho seguramente es minar la integridad de ciertas personas respecto a la nación española. ¿En qué cabeza cabe que 80.000 personas se junten en una frontera terrestre para invadir otro país y la responsabilidad se derive a que no ha sido Marruecos? Es un núcleo tan grande que todos los servicios de inteligencia debieron alertar. Y yo no tengo duda de que alertaron. Entonces, ¿qué se esconde detrás? Una influencia de muchos años de Marruecos, seguramente a través de los lobbies. Marruecos es un adversario de España. A ver si nos lo metemos en la cabeza. Si hemos sido agredidos por Marruecos, lo primero que tiene que hacer España es cortarle el gas. Se habla mucho de Pegasus, pero en lo que no tenemos que equivocarnos es en que España es la víctima. ¿Dónde está la OTAN? Ha sido agredido un Estado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Dónde están nuestros aliados? ¿Por qué no se refuerza toda la frontera de Ceuta y Melilla? Ceuta y Melilla son España desde hace siglos y eso está fuera de todo debate. Y todo eso ha generado, precisamente, la crisis de Ceuta.

-P: ¿Qué relación cree que puede existir entre las crisis de Ceuta de 2021 y 2026? ¿Hay algún elemento común entre ambas?

-R: Argelia. El nexo denominador de las dos agresiones es Argelia, un enemigo de Marruecos. En ambos casos se producen visitas a Argelia, y Marruecos reacciona de esa manera virulenta. Quizá no se esperaba que la reacción fuese tan contundente, pero tanto en 2021 como en 2026 hay unas visitas que se producen. La de 2026 es paradigmática: creo que fue el 21 de julio cuando el presidente del Gobierno viajó a Argelia, y el día 30 fuimos invadidos por parte de Marruecos. Luego está la posición de España respecto al Sáhara. España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara, pero ha abdicado de sus funciones en detrimento de Marruecos. Toda esta geopolítica se mete en una batidora y da como resultado lo ocurrido en Ceuta.