Alrededor de 60.000 personas han llegado a Ceuta en menos de 48 horas. La ciudad, con 83.000 habitantes, afronta este viernes 31 de julio una jornada marcada por la llegada constante de personas durante la noche y la mañana, lo que ha provocado una crisis migratoria que las autoridades locales consideran ya fuera de control.
A mediodía de este viernes, el Gobierno de Ceuta calcula que la cifra de llegadas supera ampliamente cualquier registro anterior. Las instituciones locales, encabezadas por Juan Jesús Vivas, han reiterado sus solicitudes al Ejecutivo central: declaración de emergencia nacional, coordinación bajo mando único y cierre temporal de fronteras. Hasta ahora todas estas peticiones han sido rechazadas. “Vemos una inacción tremenda por parte del Estado. La sensación es que no son conscientes de la dimensión que esto está teniendo”, señalaron para ABC desde el entorno de Vivas.
Ceuta reclama “una actitud de Estado ante un problema de Estado”
El Ministerio del Interior argumenta que la normativa vigente no contempla los flujos migratorios como riesgo para activar el Sistema Nacional de Protección Civil. Por ello, el Gobierno local ha pedido que se declare la emergencia bajo el paraguas de la seguridad nacional, en virtud del artículo 23 de la Ley 36/2015. Según fuentes de la presidencia ceutí, Vivas expuso la gravedad del momento a Pedro Sánchez por teléfono y “habló con toda la crudeza”. Desde su equipo insisten: “Si esto no es una emergencia, no entendemos qué lo es”.
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El recuerdo del episodio de mayo de 2021, cuando en dos días entraron unas 10.000 personas, planea sobre la ciudad. Esta vez, la magnitud es mucho mayor y las autoridades locales remarcan que “no es lo de todos los veranos” y lamentan que el Gobierno central no haya escuchado sus advertencias.
Durante la jornada del viernes, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, con representantes de todos los partidos, ha mantenido una postura unánime en sus demandas al Ejecutivo central. Mientras tanto, persisten las dudas sobre los motivos de la nueva oleada de llegadas desde Marruecos. Por el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen de este repunte migratorio, si bien se habla de que se pudo haber gestado en redes sociales.
En declaraciones a Onda Cero, Vivas resumió el estado de ánimo en la ciudad: “Reclamo una actitud de Estado ante un problema de Estado. No se puede pretender que esta presión migratoria tan desorbitante recaiga exclusivamente sobre las espaldas de una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, extrapeninsular, de 85.000 habitantes y siendo frontera exterior de España y Europa; y a la que la geopolítica le afecta manifiestamente a sus capacidades de desarrollo”.
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Durante la rueda de prensa concedida conjuntamente por Pedro Sánchez, el ministro Marlaska y el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, han elevado la cifra de muertos a 34 y la de personas que han entrado en Ceuta a 60.000. “El Gobierno debe actuar de forma enérgica e inmediata”, ha reclamado, lamentando que “la situación en Ceuta es insostenible” y que este jueves se atendiese “de forma tardía e ineficiente” a la petición de movilizar el ejército bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional. “Se pudo actuar antes porque había indicios y advertencias de lo que podía ocurrir, advertencias, algunas de ellas formuladas por el propio gobierno de la ciudad y de manera insistente”, ha afirmado. Vivas también ha señalado a Marruecos por, según sus palabras, utilizar a sus propios ciudadanos para “presionar a España” con este “acto de hostilidad”, que considera una “inaceptable manipulación de la población con fines políticos”.
Ha elevado entonces la cifra de personas que han llegado a Ceuta en las últimas 48 horas a las 60.000, lo que representa “un 70% de la población” local, una cifra que “indica que es imposible asimilar esta presión”.
A la espera de respuestas y medidas concretas, Ceuta sigue gestionando la mayor crisis migratoria de su historia reciente, con todos los recursos municipales volcados en la atención de quienes llegan y con la administración local pendiente de la reacción del Estado.
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