Desde que el pasado 16 de abril se abrió el plazo para presentar las solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes en España, y hasta su cierre el pasado 30 de junio, un total de 1.174.978 migrantes han pedido acogerse al proceso, y ya han sido admitidas a trámite más de 608.000 peticiones, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en el país, según ha informado esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese a este avance, miles de personas siguen esperando una respuesta y, hasta que no obtengan la resolución definitiva, continúan sin acceso pleno a derechos fundamentales y en una situación de vulnerabilidad legal y social, recuerdan desde el movimiento Regularización Ya, impulsor de la medida.
La plataforma subraya que el cierre del plazo de solicitudes marca solo una etapa en el proceso, y que el objetivo es que ninguna persona quede excluida. “Son muchas las personas que están pendientes de admisiones a trámite, resoluciones, citas y respuestas administrativas. El proceso está lejos de haber terminado”, recuerda el movimiento.
Las casi 500 entidades sociales y organizaciones sindicales colaboradoras de Extranjería, que han desempeñado un papel fundamental facilitando el acceso a la información y el acompañamiento a quienes presentaron sus peticiones, advierten que la tramitación de las solicitudes y la concesión de la autorización provisional suelen superar los 15 días previstos y señalan las dificultades que muchas personas han tenido para obtener el NIE y el número de la Seguridad Social. “Han sido mucho más de 15 días, a veces incluso dos meses de demora para dar admisiones a trámites”, señala a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya.
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El movimiento también critica la escasez de citas que ha habido para realizar el trámite de huellas en comisarías, necesario para recibir la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), y la complejidad de legalizar certificados en países de origen, especialmente en algunos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Argelia y Cuba. “Ha habido gente que no ha llegado o que no ha podido pagar trámites carísimos, como ha ocurrido en el consulado de Guinea Conakri, donde han pedido compulsas notariales”, lamenta Columba.
Aparte de las trabas administrativas y fallos burocráticos, desde Regularización Ya también han denunciado “el aumento de las deportaciones exprés durante el proceso, así como de situaciones de discriminación y controles policiales basados en criterios raciales“, y recuerdan que hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recomendó suspender las expulsiones durante el procedimiento.
Por otro lado, el movimiento solicita ahora al sector empresarial que contrate a personas migrantes que ya cuentan con la admisión a trámite y piden a las oficinas de servicios de ocupación que den de alta a estos trabajadores utilizando el número de seguridad social asignado durante el proceso de admisión, tal como establece el decreto aprobado.
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Ahora, además, señala el movimiento, se suma otro obstáculo: esta semana, el Tribunal Supremo planteó la posibilidad de llevar la regularización al Tribunal de Justicia Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho de la UE, aunque es poco probable que este recurso prospere.
Redes de solidaridad
Pese a todas las dificultades, desde Regularización Ya se muestran satisfechos con el trabajo que han realizado a lo largo de estos últimos dos meses y medio. “Hemos tejido redes de solidaridad y muchas entidades como Sedoac, Red Acoge o Coordinadora Abrim Fronteres, que se han dejado la piel durante este tiempo. Valoramos mucho la solidaridad de las voluntarias y compañeras activistas que han estado a la altura, mientras que las administraciones se han quedado atrás una vez más en poder echar un cable a un hito histórico”, sostiene Columba.
Desde Regularización Ya aseguran que continuarán su lucha para que el Gobierno detenga las deportaciones y cierre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). También piden la eliminación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece la política migratoria del bloque, y advierten sobre el riesgo de que el nuevo sistema restrinja derechos y profundice situaciones de vulnerabilidad para quienes buscan protección internacional.
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Quiénes han solicitado la regularización
Del total de solicitudes recibidas en el proceso de regularización, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial. Por autonomías, las regiones donde se han registrado un mayor número de peticiones han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.
En cuanto a la procedencia de los solicitantes, el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Por otro lado, el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.
Según los datos del Ministerio que lidera Elma Saiz, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).
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