La UCO vuelve a entrar en la sede del PSOE este miércoles. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha irrumpido en Ferraz en medio de la evolución del caso de Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, en este caso, la operación responde a algo completamente separado. Como señala EFE, la razón de la entrada sería recabar información sobre el caso de Leire Díez. También hemos conocido que se van a registrar las viviendas de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, ya que han sido imputados en el caso, junto a la gerente del partido.
Ahora, la UCO trata de seguir la pista de posibles pagos efectuados a Leire por parte del partido. EFE ha informado que también se ha dirigido la UCO a la sede de la Guardia Civil, para buscar conexiones que puedan demostrar o descartar si desde el Instituto Armado se facilitó información a la trabajadora del PSOE. La aparición de Leire en las investigaciones se produce hace más de un año por la salida a la luz de grabaciones donde, presuntamente, buscaba influir sobre jueces, fiscales o altos cargos para favorecer el partido.
Los casos de ‘Hirurok’
Dentro de las investigaciones que hay sobre la conocida como ‘fontanera’ del PSOE, destaca la supuesta estructura que creó para cobrar comisiones ilegales a través de contrataciones públicas. Lo habría hecho junto a Vicente Fernández Guerrero, exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Joseba Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar S.L.
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Europa Press recogía hace meses que los tres, bajo el nombre de 'Hirurok’—“nosotros tres” en euskera- están acusados de desviar más de 700.000 euros en comisiones ilegales a través de varias operaciones con empresas públicas y privadas entre 2021 y 2023. El caso, que permanece bajo secreto de sumario, investiga adjudicaciones irregulares y pagos canalizados a través de sociedades como Mediaciones Martínez S.L.
La investigación judicial señala cinco maniobras bajo sospecha en el entorno de la SEPI. El caso más relevante es el rescate a Tubos Reunidos, en el que el grupo Hirurok habría facilitado la concesión de fondos públicos y recibido una comisión a través de Mediaciones Martínez. Otra operación bajo la lupa es la adjudicación de un contrato a Servinabar por parte de Mercasa para un informe técnico sobre el cambio de sede, que los investigadores consideran innecesario y con documentación falsa. En el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), una unión de empresas resultó beneficiada con un contrato, lo que permitió a los implicados cobrar en torno a 400.000 euros.
Las pesquisas también abarcan la intervención de Hirurok en la contratación de un despacho de abogados por parte de Enusa, así como en una ayuda pública gestionada por Sepides para la sociedad Arapellet. El juez Santiago Pedraz prorrogó el secreto de sumario, mientras sigue la investigación sobre Vicente Fernández y Antxon Alonso por supuestas comisiones en contratos públicos. Ambos fueron detenidos en diciembre y luego liberados bajo medidas cautelares. Además, Díez es investigada en Madrid por posibles maniobras para dificultar pesquisas judiciales y por un contrato vinculado a Zarrías, quien declaró que fue para una investigación periodística, según apunta EFE.
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