El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero

La auto judicial sitúa la entrega del dinero a la expareja del exministro en diciembre de 2020 y sostiene que terminó retrasándose por el impacto del temporal Filomena en Madrid

Google icon
La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo (Jesús Hellín - Europa Press)

El nombre de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, aparece por primera vez en el ‘caso Plus Ultra’ dentro de una conversación intervenida por la UDEF en la que se habla de un pago de 2.000 euros en efectivo. El episodio figura en el auto de la Audiencia Nacional con el que el juez José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el que describe una presunta red de influencias organizada alrededor del rescate público de la aerolínea durante la pandemia.

La referencia surge en medio de una investigación que reconstruye durante decenas de páginas cómo empresarios, intermediarios y personas vinculadas al entorno político movieron contactos para intentar facilitar ayudas financieras y apoyo institucional a Plus Ultra. El juez sostiene que aquella operativa acabó articulándose alrededor de una estructura estable dedicada, presuntamente, al tráfico de influencias y a la canalización de fondos mediante sociedades instrumentales.

Es en ese contexto donde aparece la conversación relacionada con Jessica Rodríguez. Según recoge el auto, el 31 de diciembre de 2020 el empresario Felipe Baca habló con el abogado Palomero para encargarle “la realización de dos pagos” dirigidos a dos mujeres. Una de ellas era Rodríguez.

PUBLICIDAD

La cantidad ascendía a 2.000 euros en efectivo. Para facilitar la entrega, Baca remitió a Palomero una captura de pantalla con un contacto guardado bajo el nombre de “Jess” junto a un número español. El magistrado añade a continuación una aclaración que introduce directamente a la expareja de Ábalos en la causa: se trataría de Jessica Rodríguez, “conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos”.

El auto no precisa cuál era el motivo del pago ni explica si estaba relacionado de manera directa con las ayudas a Plus Ultra o con alguna otra actividad investigada dentro de la causa. Tampoco concreta si existía alguna contraprestación vinculada a la entrega del dinero. La resolución judicial se limita a incorporar la conversación intervenida y a señalar que el pago terminó retrasándose debido al temporal Filomena, que colapsó Madrid en enero de 2021. Según el juez, la entrega acabó produciéndose días después.

Los contactos con el entorno de Ábalos

La aparición de Jessica Rodríguez encaja dentro de una parte especialmente sensible de la investigación: la reconstrucción de los movimientos realizados por directivos de Plus Ultra y distintos intermediarios para acceder a apoyos políticos durante los primeros meses de la pandemia. El auto incorpora numerosas conversaciones intervenidas en las que los investigados hablan sin rodeos de la necesidad de encontrar contactos “a nivel político” para lograr financiación y ayudas públicas. En esos mensajes aparecen constantemente referencias al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su entorno más próximo.

PUBLICIDAD

Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, ha afirmado este martes, durante el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas, que el que fue ministro de Transportes le permitió elegir el piso ubicado en la céntrica Plaza de España de Madrid donde vivió: "Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara". (Fuente: Tribunal Supremo/Europa Press)

Ya en marzo de 2020, según recoge la resolución, Rodolfo Reyes —identificado como accionista de facto de Plus Ultra— hablaba de “llegar a las ayudas” y preguntaba “dónde tocar puertas”. La respuesta de uno de sus interlocutores fue directa: “Tocamos a Ábalos”.

A partir de ahí, la investigación describe una sucesión de contactos, llamadas y reuniones destinadas a abrir canales dentro del Ministerio de Transportes y de la SEPI. En varias conversaciones aparece mencionado Koldo García, entonces asesor de Ábalos y descrito por algunos investigados como “la mano derecha del ministro”.

El escrito relata cómo distintos empresarios vinculados a Plus Ultra trataban de acceder a “instancias de alto nivel” para impulsar créditos ICO y facilitar posteriormente el rescate de la aerolínea. En paralelo, las conversaciones muestran también el acercamiento al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero como otra vía de influencia política.

En abril de 2020, Rodolfo Reyes habla expresamente de “pedir ayuda a Zapatero” para el “‘lobby’ político” relacionado con Plus Ultra. Más adelante aparecen referencias a llamadas con personas próximas al expresidente y conversaciones sobre reuniones con responsables del Ministerio de Transportes.

El teléfono de Rodolfo Reyes y la colaboración de EE.UU.

Buena parte de las conversaciones incorporadas al auto proceden del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes. La Audiencia Nacional revela además que la UDEF contó durante la investigación con apoyo internacional de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según el juez, la HSI facilitó a los investigadores españoles la extracción del contenido del terminal de Reyes, considerado una pieza clave para reconstruir los movimientos políticos, económicos y societarios relacionados con Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en la comisión de investigación del Senado sobre el rescate de Plus Ultra. (Eduardo Parra/Europa Press)

A partir de esos mensajes, la investigación traza un mapa de relaciones entre empresarios, intermediarios y contactos políticos que, según la tesis del magistrado, formaban parte de una estructura organizada dedicada al ejercicio de influencias y a la canalización de fondos mediante sociedades instrumentales y contratos simulados.

El auto sostiene que esa red utilizó los contactos políticos del entorno investigado para facilitar decisiones administrativas favorables y desarrollar operaciones económicas relacionadas no solo con el rescate de Plus Ultra, sino también con negocios internacionales vinculados a petróleo, oro, compraventa de divisas y sociedades radicadas en Dubái.