El Consejo de Ministros ha vuelto a dar su visto bueno este martes al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La normativa propuesta por el Ministerio de Sanidad ya fue aprobada el mes de febrero con el objetivo de poner fin a la deriva privatizadora de la sanidad pública española, según explicó entonces la ministra Mónica García, y esta semana ha conseguido pasar la segunda vuelta del órgano gubernamental.
El nuevo texto legislativo busca preservar la prioridad de gestión pública de los centros sanitarios del país, después de que saliese a la luz el escándalo del Hospital de Torrejón. Según desveló el diario El País, el grupo privado Ribera Salud que gestiona este centro público, pidió a sus trabajadores realizar menos intervenciones quirúrgicas y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar los beneficios. Trataría a su vez de impedir fallos como los sucedidos con el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía, según apuntó García.
Así, el proyecto de ley afirma en su exposición de motivos que “la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público".
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La gestión privada será “estrictamente excepcional”
Partiendo de esta base, la nueva normativa supondría la derogación expresa de la Ley 15/1997, que permitió la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública. Limitaría la gestión privada de centros públicos (gestión indirecta) a situaciones estrictamente excepcionales. Para recurrir a ella, las administraciones tendrían que motivar objetivamente que no es posible dar una prestación pública (gestión directa) y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.
El Gobierno exigiría a las comunidades una evaluación previa obligatoria, realizada por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Este órgano debería dilucidar si se puede aplicar la gestión indirecta en un caso concreto. En caso afirmativo, los casos de concesión deberán contar con un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE).
Solo entonces podría sacarse a licitación la gestión indirecta de un centro público. En cualquier caso, en caso de empate en las licitaciones, se debería dar prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
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El proyecto de ley exige, asimismo, la publicación anual de indicadores de resultados para todos los centros de salud, ya sean gestionados de forma pública o privada. Igualmente, el Ministerio de Sanidad se compromete a publicar un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997.
Estas exigencias solo afectarían a los nuevos contratos que se firmen una vez entrase en vigor la ley. Los contratos y concesiones ya iniciados se seguirían rigiendo por la norma anterior (Ley 15/1997) y se mantendrían hasta su vencimiento. El proyecto de ley todavía necesitará el apoyo del Congreso y del Senado para salir adelante. De conseguir la validación de las Cortes, entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.
56,8 millones para salud mental
A su vez, el Gobierno ha autorizado la distribución territorial de 56,8 millones de euros adicionales para atención de salud mental. La inversión se divide en dos grandes bloques: 39 millones de euros para acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio.
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