La vida de Paca y Mariano, dos historias de resistencia frente al desahucio: “Nos están dejando sin recursos. Es violencia institucional”

Paca Blanco, de 77 años, y Mariano Ordaz, de 67, comparten un mismo problema: viven con la incertidumbre diaria de un posible desahucio. Entre cajas y maletas a medio hacer, por si un día tienen que marcharse rápidamente, aseguran que la sensación de impotencia y angustia es constante. Y es que la amenaza de perder la vivienda, ya sea por impagos, alquileres inasumibles o contratos precarios, deja huellas profundas en la salud física y mental. Más allá de la depresión, la ansiedad o el insomnio, explica a Infobae la socióloga Laura Barrio, aparecen conductas adictivas, cambios de humor, problemas en la convivencia y síntomas físicos como cambios de peso, hipertensión, desequilibrios hormonales y caída del cabello.

“No solo se trata de angustia o ideas suicidas, que son frecuentes en personas desesperadas, sino que el cuerpo también sufre”, afirma Barrio, activista por el derecho a la vivienda. A esto se suma que, cuando las personas temen no poder pagar la vivienda, suelen enfrentar carencias materiales severas, por lo que también se resiente la alimentación, con un aumento del consumo de ultraprocesados y una falta de proteínas y de productos frescos en la dieta, además de la dificultad para cubrir necesidades básicas.

“Es un impacto muy traumático. El ser humano necesita un entorno estable para desarrollarse y llevar una vida saludable, y cambiar de hogar de manera involuntaria rompe todas tus redes sociales”, resume la socióloga, que asiste regularmente a asambleas de vivienda donde observa cómo estas situaciones afectan a la vida cotidiana de muchas personas. Allí presencia casos similares al de Blanco y Ordaz, que nunca imaginaron que a su edad tendrían que enfrentarse a un posible desalojo.

67 años viviendo en la misma casa

La situación de Ordaz, que lleva viviendo toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el barrio madrileño de Embajadores, es especialmente precaria. En la pandemia se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler que le pedía la Venerable Orden Tercera de San Francisco, la orden católica dueña de este piso y otro centenar más en toda la capital. Le exigen abandonar el inmueble por impago del alquiler y se niegan, según explica, a negociar un alquiler social, a pesar de que podría hacer frente al pago de esa renta con su pensión.

El domicilio presenta graves deficiencias estructurales y de salubridad, relata. De hecho, el pasado mes de noviembre se derrumbó el techo de la cocina, deteriorado por las humedades, por lo que fue necesario apuntalar esa zona y parte del baño para evitar nuevos riesgos. La orden franciscana argumenta que el edificio necesita reformas y que por ello requieren el desahucio de Ordaz, que ya se ha enfrentado a cuatro intentos de desalojo. El último se produjo hace apenas un mes y medio y se paralizó temporalmente gracias al apoyo de los vecinos y el Sindicato de Inquilinas.

“Es un sinvivir”

“Vivo con mucha incertidumbre y nerviosismo. Tengo el estómago fatal porque esto también te afecta a la salud totalmente”, cuenta en entrevista con Infobae, visiblemente cansado. “He intentado negociar con la orden [religiosa] con el fin de poder seguir viviendo aquí, que es donde me he criado y vivido siempre, pero ellos no hacen caso. Dicen que no tienen obligación ninguna, que ya no tengo contrato con ellos, pero no valoran que me quedé sin trabajo en plena pandemia. Lo que quieren es arreglar la vivienda y alquilarla por un precio mucho más elevado al siguiente inquilino que llegue”, lamenta.

Tras el desplome del techo, Ordaz se ha visto obligado a vivir en un espacio mucho más reducido, entre el salón y su habitación. No puede cocinar ni utilizar el baño, por lo que se tiene que apañar como puede. “Utilizo los baños de la glorieta de Embajadores y mi vecina me deja la ducha, aunque también voy al gimnasio los jueves, por mediación del Centro de Servicios Sociales (CAT), y ahí también aprovecho para ducharme. O sea que es un sinvivir”, resume.

Para comer acude a un comedor social y por la noche, “se conforma con un sobre de jamón york y un par de yogures”. Sus pertenencias las tiene repartidas en bolsas, cajas y maletas porque nunca sabe cuándo le puede tocar irse y reconoce que sin la ayuda del Sindicato de Inquilinas estaría totalmente perdido. Ordaz no cuenta con una alternativa habitacional y teme que pronto llegue el quinto intento de desahucio y pueda quedarse en la calle.

“Me consideran una ocupante ignorada”

A sus 77 años y con movilidad reducida, la situación de Blanco, histórica activista extremeña, tampoco es fácil. A inicios de año recibió una orden de desahucio por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid que la obligaba a dejar la casa el 23 de febrero, pero gracias también al apoyo vecinal y de los colectivos en defensa del derecho a la vivienda se paralizó de forma temporal. Blanco vive desde hace 12 años en un piso que le fue adjudicado a su hijo y, aunque lleva pagando el alquiler un año de forma continuada y quiere regularizar su situación, la EMVS lo rechaza. Es más, la consideran una “ocupante ignorada”.

Blanco asegura que durante años presentó escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, negociar el aplazamiento de la deuda y evitar el desahucio, pero las autoridades rechazaron sus peticiones al argumentar que estos pisos “no pueden ser transferidos de hijos a padres”. Aun así, desde que hace un año recibió una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, la mujer no ha dejado de abonar el alquiler cada mes.

“No debo un recibo ni de luz, ni de agua, ni de comunidad. Creo que soy una vecina ejemplar y, como estoy en esta situación, procuro ser de lo mejor y dar ejemplo. A mí no me puede decir nadie que me echa por ningún motivo, ni de violencia, ni de broncas con los vecinos, nada. Tampoco me pueden decir que soy una ocupante ignorada, porque han contestado a los recursos que he puesto y porque me he reunido con la EMVS”, dice a este periódico sentada en su andador en un parque de Vallecas. Tanto su hijo como su nuera, explica, viven en Brasil y, de momento, no tienen previsto regresar a España.

Blanco explica indignada que se enteró de la orden de desahucio por la trabajadora social y, de momento, no hay fecha prevista para un nuevo intento. “La EMVS no me ha notificado nada tras la paralización del desahucio, aunque mi abogada no ha dejado de personarse en la causa. Esto es un maltrato institucional, porque no me puedo defender. Si hubiera juicio, al menos podría defenderme”, denuncia. Además, cuestiona el trato que están recibiendo como personas mayores y subraya el papel de su generación en la conquista de derechos y libertades. “A los mayores nos están dejando sin recursos, a quienes salimos a la calle y nos jugamos la vida por los derechos que hoy tienen los jóvenes. Ahora nos vemos en la calle por los mismos a quienes defendimos entonces. Es maltrato institucional”, insiste.

“Jamás iría a una residencia de monjas”

Los servicios sociales solo le han ofrecido como alternativa trasladarse a una residencia de mayores, una opción que descarta por motivos económicos y personales. Blanco percibe 1.200 euros mensuales entre la pensión de jubilación y la de viudedad, una cantidad insuficiente para asumir el coste, pero rechaza especialmente la posibilidad de ingresar a ese geriátrico porque está gestionado por una orden religiosa. “Llevo toda la vida luchando contra las monjas como para que ahora me quieran meter en una residencia con ellas”, protesta.

Su rechazo a convivir con religiosas se remonta a su paso por el Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo, una institución destinada a “corregir” a jóvenes que no se ajustaban al modelo impuesto por el régimen y donde, según relata, sufrió humillaciones, insultos y castigos físicos que marcaron profundamente su vida. “Es una ironía cruel que ahora me quieran llevar a vivir con monjas después de lo que nos hicieron sufrir. Yo quiero una muerte digna, aunque sea en un cuarto pequeño, pero no voy a pasar mis últimos días en una residencia con monjas”, concluye Blanco, que el pasado 20 de marzo, junto a otras 52 mujeres supervivientes del Patronato, fueron reconocidas por el Gobierno como víctimas del franquismo.

Los casos de Blanco y Ordaz muestran que, ante el estigma que enfrentan quienes sufren desahucios y dificultades habitacionales, los movimientos sociales por el derecho a la vivienda ofrecen la posibilidad de compartir experiencias, dejar atrás el aislamiento y buscar soluciones conjuntas. “El mensaje desde los movimientos sociales es claro: no estás sola, organízate, porque el problema es colectivo y la solución también pasa por ser colectiva”, resume Barrio.