El temor a una “guerra perpetua” en Oriente Medio es real. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconocía este lunes la preocupación del Gobierno ante un conflicto que “no tiene visos de parar”. Y no será porque Donald Trump no lo intente. La semana ha comenzado con amenazas de destruir las centrales eléctricas de Irán, los pozos de petróleo y hasta la isla de Kharg si no se llega rápido a un acuerdo. Pero más allá del plano geopolítico, el Ejecutivo piensa ya en las posibles consecuencias económicas para España si este conflicto se prolonga y en si, llegado el caso, tiene que tomar nuevas medidas.
Los primeros efectos ya son visibles. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo se ha elevado hasta el 3,3% interanual, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes. La energía vuelve a ser el primer canal por el que se ataca el bolsillo de los ciudadanos. Pero no será el único. Según los análisis de Funcas, el siguiente frente inflacionario será el de los alimentos. La lógica económica es clara: el aumento del precio del combustible encarece el transporte, eleva los costes agrícolas y presiona al alza los fertilizantes y otras materias primas esenciales. Todo ello termina trasladándose, de forma progresiva, a la cesta de la compra.
Esta es la idea que comparte el economista Raymond Torres en una entrada en el blog de Funcas titulada Perspectivas tras un mes de guerra y que va en sintonía con lo que anunció este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien aseguró que estaría encima de cómo evolucionan los precios de la cesta de la compra. De momento, se ha dado tres meses para evaluar el efecto de una guerra que parece estar lejos de terminar, pese a las prisas de Donald Trump.
Los dos escenarios posibles en Oriente Medio
Son dos las posibles evoluciones del conflicto. La primera, más benigna, pasa por un cese relativamente próximo de las hostilidades. En ese caso, el impacto sería limitado y manejable para la economía española. La inflación podría situarse en torno al 3% en el conjunto del año, en línea con las estimaciones de organismos como el Banco de España o la OCDE. El golpe se traduciría en una pérdida moderada de poder adquisitivo y en una ligera desaceleración del crecimiento, según Funcas.
Sin embargo, el escenario que más preocupa al Gobierno es el segundo: un conflicto largo, con episodios de escalada y posibles interrupciones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es clave para el suministro energético mundial, y su bloqueo tiene consecuencias directas sobre el precio del petróleo. “Estamos ante una guerra larga hasta alcanzar unos objetivos, hay que decirlo, aberrantes. Israel, que lo ha dejado muy claro, está en una guerra que no tiene ningún viso de parar, como Estados Unidos”, sentenció el ministro de Exteriores José Manuel Albares.
En este sentido, Torres apunta lo siguiente: “Las tensiones sobre los precios serían mucho más intensas y persistentes que en el escenario central, pudiendo perpetuar el desvío de la inflación por encima de los objetivos marcados por los bancos centrales”. El Banco de España no descarta que el IPC pueda rozar el 6% en un escenario adverso, duplicando prácticamente el objetivo de estabilidad de precios.
El problema ya no es solo la magnitud de la subida, sino su duración. Una inflación elevada durante un periodo prolongado erosiona el poder adquisitivo de los hogares de forma más profunda y sostenida. Además, tiende a extenderse al conjunto de la economía, afectando a salarios, servicios y expectativas empresariales. Un entorno de precios altos reduce el consumo, encarece la inversión y genera incertidumbre. Y España, como economía dependiente de las importaciones energéticas, es especialmente vulnerable a este tipo de impactos externos.
El efecto tampoco se limita a los precios. La prolongación del conflicto condiciona la política monetaria. Los mercados ya anticipan nuevas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, mientras que la Reserva Federal podría retrasar cualquier bajada. Esto se traduce en un encarecimiento del crédito tanto para los Estados como para el sector privado.
Otro problema: hipotecas más caras
En España, el euríbor ya se sitúa por encima del 2,8%, medio punto más que antes del estallido del conflicto. Ha alcanzado su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros anuales. Este aumento reduce la capacidad de gasto e inversión de los hogares. “El euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables y confirma un cambio de tendencia: dejamos atrás el periodo de alivio y entramos en una fase de mayor incertidumbre”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.
Ante esta situación, la respuesta de la política económica se vuelve más compleja. El Gobierno ya ha puesto en marcha medidas para amortiguar el impacto, como las rebajas de impuestos sobre los productos energéticos. Sin embargo, su coste es elevado. La recaudación anual por estos conceptos ronda los 22.500 millones de euros, y mantener las rebajas durante todo el año podría suponer un agujero fiscal de más de 10.600 millones, equivalente al 0,7% del PIB.
Torres advierte de que estas medidas son poco eficaces si se aplican de forma generalizada. En un escenario de guerra prolongada, recomiendan focalizar los esfuerzos en los sectores más afectados. “Habrá que prepararse para ello, y concentrar nuestra respuesta a la crisis en torno a las medidas más eficaces, como el apoyo al transporte profesional, al sector primario y a los grupos vulnerables, renunciando a renovar las rebajas universales de impuestos energéticos, poco eficaces y muy costosas”, concluye Torres en su artículo.