La Comisión Europea ha confirmado este martes que no tiene autoridad para intervenir en los procesos de impago de alquiler ni en la ejecución de desahucios en España, ya que estas competencias recaen sobre las instituciones nacionales. Esta posición se ha reiterado tras revisar varias peticiones presentadas durante la reunión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo celebrada esta tarde.
Las reclamaciones recibidas por la Comisión Europea han provenido principalmente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, que se ha ofrecido como representante de quienes, según han denunciado, sufren las consecuencias de la extensión de las medidas adoptadas en la pandemia, como la suspensión de los desahucios.
La plataforma ha afirmado que estas medidas han originado “inseguridad jurídica” en el sector y trasladan el coste de la protección social a los pequeños propietarios, quienes, según sostiene la organización, deben en ocasiones continuar abonando gastos mientras permanece restringido su derecho de acceso a las viviendas arrendadas.
En lo que respecta a la distribución de competencias, el Ejecutivo comunitario ha reiterado que “la situación de los propietarios de vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembro”, puntualizando que tanto la regulación del arrendamiento como la aplicación de medidas que afectan a los contratos y desahucios son gestionadas por las instituciones de cada país de la UE.
Las posiciones de los partidos españoles en Bruselas
Ante el debate suscitado, las posiciones políticas han ilustrado la división de criterios. Por parte del Grupo Popular, la eurodiputada Dolors Montserrat ha considerado que se está produciendo una “vulneración del derecho a la propiedad” y ha defendido la introducción de medidas que permitan realizar desalojos “rápidos y eficaces”. Además, ha solicitado que el Parlamento Europeo envíe una misión a España para evaluar sobre el terreno el alcance del problema.
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Desde el Grupo Socialista, la eurodiputada Murielle Laurent ha reconocido que existen “situaciones reales” que afectan a los propietarios, aunque ha matizado que deben analizarse con empatía y considerando el contexto estructural de la crisis de vivienda. Laurent ha subrayado que parte de los desahucios se explican por situaciones de vulnerabilidad y ausencia de vivienda asequible.
Por su parte, el eurodiputado Jorge Buxadé (Vox) ha criticado la protección vigente a los propietarios, pidiendo endurecer las penas y ejecutar desalojos inmediatos, al calificar estos casos de “usurpación de la propiedad privada”. Ante estas posturas, la Comisión ha señalado que se encuentra trabajando en el Plan Europeo de Vivienda Asequible para identificar “modelos y buenas prácticas” que contribuyan a reforzar los derechos de los propietarios y a asegurar el equilibrio con los inquilinos.
Las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Ocupación
La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha retornado este martes a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo insistiendo en su mensaje de “desamparo” de las víctimas del fenómeno por la legislación vigente en España y denunciando el “desprecio” que, según recogen, muestra el Gobierno a sus reclamaciones.
Mediante un comunicado, el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, ha declarado: “Venir a Bruselas para que el Gobierno se digne a escuchar a la víctimas de la okupación e inquiocupación es una anomalía democrática y un acto de soberbia”. Según la organización, desde octubre de 2021 solicitan de forma mensual encuentros con los Ministerios de Vivienda y Justicia, “sin recibir una sola respuesta”.
Por ello, han exigido que el Gobierno de España asuma su función de protección social en lugar de delegarla en los ciudadanos. En palabras de la plataforma. Al finalizar el debate, la comisión ha decidido mantener abiertas las peticiones planteadas y solicitar información adicional tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España.
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