Pagar la factura de la luz y del gas es un tormento para muchos españoles. Cada guerra nos afecta. Lo vimos con la de Ucrania y ahora con la de Irán, que ha provocado una nueva espiral alcista en los mercados internacionales de energía. La consecuencia siempre es la misma: las facturas se disparan para las familias. Y en este contexto cabe recordar que en España contamos con el bono social eléctrico, una ayuda creada para proteger a los más vulnerables. Este dato es importante para entender a quién se supone que va dirigido este ingreso extra.
El pasado mes de diciembre recibieron el bono social eléctrico casi medio millón de familias numerosas (454.382) y un total de 77.000 pensionistas. El problema reside en que, según la información de un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por el catedrático en Economía Diego Rodríguez, no todos los destinatarios a los que llegó este subsidio económico lo necesitaban. Si es por necesitar, nunca viene mal, pero a lo que nos vamos a referir en este artículo es a personas en una situación de vulnerabilidad severa.
Este fallo en el sistema no es nuevo. La controversia saltó a la agenda pública cuando se conoció que la ministra de Sanidad, Mónica García, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ambos con ingresos elevados y cargos de responsabilidad, habían recibido ayudas energéticas. ¿Por qué? Porque ambos forman parte de una familia numerosa, lo que les da acceso automático al bono social sin importar sus ingresos. El caso generó indignación. El informe publicado ahora por Fedea muestra cuántas personas que no están en situación de extrema necesidad se están beneficiando mensualmente de una ayuda para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Desde 2023, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) publica datos mensuales sobre los beneficiarios del bono social. Si observamos los de diciembre (los que analiza Rodríguez), vemos que, de todas las familias numerosas que recibieron el bono, casi medio millón, no eran vulnerables 283.000. Es decir, del total, solo el 37,7% estaban en situación de “vulnerabilidad severa”, la categoría que agrupa a quienes realmente atraviesan dificultades económicas para afrontar el pago de sus recibos. Eso significa que el 62,3% de los hogares con título de familia numerosa beneficiarios no eran vulnerables severos y, por tanto, no sufrían una situación de pobreza energética grave.
Lo mismo ocurre con los pensionistas. De los 76.893 pensionistas con pensión mínima que recibieron el bono social eléctrico en 2025, solo el 36,9% se encontraban en ese nivel de vulnerabilidad extrema. Así, aproximadamente 48.500 pensionistas cobraron la ayuda sin estar en situación de necesidad económica grave. Es decir, podrían afrontar el recibo de la luz sin necesidad de una ayuda pública.
El bono social se concentra en las familias de Madrid
El bono social eléctrico nació en 2009 para proteger a los hogares más frágiles ante los vaivenes del precio de la luz. Para acceder a él, es necesario estar acogido a la tarifa regulada (PVPC) y cumplir con una serie de requisitos. El más relevante es el económico: no superar un umbral de ingresos que se calcula según el número de miembros del hogar y circunstancias especiales, como tener menores de edad o personas con discapacidad a cargo. Sin embargo, el problema reside en que hay abiertas otras dos vías: basta con ser familia numerosa o pensionista con pensión mínima para acceder al bono sin tener en cuenta la renta.
Este diseño es el que explica que cientos de miles de hogares con rentas medias o altas hayan recibido el bono social eléctrico. El caso de las familias numerosas es especialmente llamativo en la Comunidad de Madrid, donde se concentra un 18% de los títulos de familia numerosa de toda España, a pesar de ser una de las regiones con mayor renta per cápita. En la práctica, esto ha permitido que personas con altos ingresos —como la ministra Mónica García o el vicepresidente Ossorio— hayan cobrado ayudas públicas diseñadas para quienes realmente tienen dificultades para pagar la luz.
En datos generales, Madrid solo representa el 13,9% del total de hogares del país. Y sin embargo, el 10,89% de los hogares madrileños reciben el bono social eléctrico, frente al 8,81% de la media nacional. Y este porcentaje superior de beneficiarios en Madrid no se explica por una mayor incidencia de pobreza energética, ya que Madrid tiene una de las rentas per cápita más altas del país, sino por el acceso automático al bono a través del título de familia numerosa.
En Barcelona, la proporción de títulos de familia numerosa es menor respecto a su peso en el conjunto de hogares de España, por lo que el porcentaje de familias beneficiarias del bono social en Barcelona está por debajo de la media nacional. En general, donde hay más familias numerosas (aunque la renta sea alta), hay más beneficiarios del bono social eléctrico por esa vía, independientemente del nivel de pobreza energética.
Qué ocurre en el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV)
El informe de Fedea también señala que el acceso al bono social eléctrico por la vía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o por criterios estrictamente de renta sí logra llegar a los hogares más necesitados. El 83,2% de quienes acceden por IMV son “vulnerables severos”, frente al 37,7% por familia numerosa y al 36,9% por pensión mínima. Esto demuestra que el sistema, cuando aplica filtros económicos estrictos, sí cumple su función social.
El problema, según apunta Diego Rodríguez en el estudio, es que el modelo fragmentado de ayudas y los criterios administrativos abren la puerta a que hogares sin problemas económicos accedan a recursos públicos. Además, la existencia de múltiples bonos —eléctrico, térmico, transporte— sin un control global sobre la renta y la situación real de los hogares complica la gestión y puede dejar fuera a quienes sí necesitan la protección.
La polémica ha obligado a las autoridades a anunciar cambios. El Gobierno se ha comprometido a revisar los criterios para que el acceso al bono social eléctrico por familia numerosa o pensión mínima dependa también de la renta y no solo de la categoría administrativa. Para muchos expertos, esta reforma es inaplazable, especialmente en un contexto en el que la energía sigue encareciéndose y la presión sobre los presupuestos familiares es máxima.