La expansión de los fondos de inversión en el campo español ha transformado de forma radical el sector agrícola, con especial incidencia en los cultivos de olivo y almendro. Según el nuevo informe de Greenpeace, la llegada de fondos internacionales y grandes capitales está desplazando a la agricultura familiar y concentrando recursos clave como el agua y las subvenciones públicas, lo que genera una profunda transformación en las zonas rurales de España. La organización ecologista también denuncia que estas empresas están provocando una pérdida masiva de soberanía, agrobiodiversidad y puestos de trabajo.
Las operaciones de los fondos de inversión en el campo español incluyen la compra de tierras para arrendarlas a sus anteriores propietarios, la adquisición directa de explotaciones y la compra de empresas del sector. Se tra de un proceso, según el informe, que ha encarecido de forma notable el valor de la tierra, de forma que en zonas de olivar en regadío de Sevilla, el precio de la hectárea aumentó un 24,6% entre 2020 y 2024. Según Greenpeace, en Andalucía, el 90% de las compraventas de fincas rústicas en 2024 se cerraron sin hipoteca, lo que refleja el dominio de grandes capitales con liquidez inmediata.
El modelo intensivo y superintensivo promovido por estos fondos se apoya en la mecanización y la externalización de servicios. Nuevos intermediarios, como Balam o Todolivo, asumen la gestión integral de las plantaciones, desde la mejora genética hasta la recolección, permitiendo que inversores ajenos al sector agrario operen fincas como franquicias. Este esquema ha reducido la demanda de mano de obra y ha facilitado la entrada de capitales ajenos al conocimiento agrícola, critica Greenpeace.
“Solo les interesa obtener una mayor rentabilidad”
“Lo que los fondos buitre están haciendo con la vivienda -acaparar, especular y expulsar a la gente- lo están replicando ahora en el campo: concentran tierra, agua y ayudas públicas, mientras dejan fuera a quienes lo han trabajado toda la vida. Además, este modelo se maquilla de eficiencia, pero es concentración y acaparamiento de recursos hídricos, en un contexto de emergencia climática”, señala Helena Moreno, responsable de Agricultura en Greenpeace.
También ha cuestionado que estas empresas defienden su actividad argumentando que deben atender el aumento de la demanda global de alimentos. “Si es por ellos, solo nos alimentaríamos de aceite de oliva, almendra y pistacho porque, básicamente, son los cultivos que tienen mayor rentabilidad, que es únicamente lo que les interesa”, ha criticado.
En solo una década, el número de fondos de inversión especializados en agricultura a nivel mundial ha crecido de 41, en 2015, a más de 1.000 en 2025, según una estimación provisional de la organización. En la península ibérica, la inversión en agronegocio aumentó de 800 millones de euros en 2021 a 2.200 millones en 2023. Hasta mayo de 2025, se habían formalizado operaciones por 400 millones adicionales y estaban en curso negociaciones por otros 3.000 millones.
Acceso al agua y brecha sectorial
El acceso al agua se ha consolidado como el elemento clave para la viabilidad de los nuevos modelos superintensivos impulsados por grandes grupos empresariales. En el caso del olivar, producto emblemático y de liderazgo mundial para España, este modelo superintensivo apoyado en el regadío “está profundizando la desigualdad dentro del propio sector”, según denuncia Greenpeace en su informe.
Los planes hidrológicos de cuenca han favorecido a estas explotaciones, asignando un mayor volumen de agua por hectárea y año al olivar superintensivo respecto al olivar tradicional de regadío, lo que organizaciones de pequeños y medianos agricultores consideran un trato discriminatorio. Los principales beneficiarios son las grandes empresas del agribusiness, que representan una minoría. Durante los períodos de sequía, el olivar tradicional, mayoritario, ve reducida su producción por la falta de precipitaciones o restricciones en el riego, lo que repercute en una menor cosecha y un aumento de los precios. Por el contrario, el modelo superintensivo sostiene su nivel productivo y resulta favorecido por el incremento de los precios.
“En un país de sequías recurrentes, los legisladores se han encargado de proteger el acceso al agua de esta minoría poderosa, aunque haya supuesto ir en contra de los agricultores y agricultoras tradicionales, mucho más numerosos y ligados al territorio”, ha indicado Moreno.
“La PAC alimenta a grandes corporaciones”
El anáñisis de Greenpeace también señala que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) han pasado a concentrarse en grandes corporaciones y fondos. Solo el 0,08% de los beneficiarios recibe más de 500.000 euros cada uno, lo que representa el 10% del presupuesto total, mientras que el 60% apenas percibe menos de 5.000 euros anuales. Entre los grupos destacados figuran De Prado, que ha percibido más de un millón de euros entre 2023 y 2024, y estructuras vinculadas a Atitlán, que superan los 2,4 millones de euros en ese periodo. Vehículos centrados en el almendro, como ISFA (Iberian Smart Financial Agro) y Almondplus (Lizard Agro), han captado cerca de 850.000 y 745.000 euros respectivamente, añade la organización ecologitsa.
El informe señala que muchos de estos grandes grupos utilizan sociedades filiales para dificultar la trazabilidad y fiscalización del destino final de los fondos públicos, lo que evidencia carencias en la transparencia corporativa.
Qué fondos operan en España
Entre estas grandes empresas con mayor presencia en la penísula ibérica, según indica Greenpeace, figuran canadienses como Fiera Comox, PSP Investments, el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, junto con Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), operan proyectos de gran escala, como el desarrollo de 3.000 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal. También participan firmas como Cibus Capital (Londres), Atitlán y Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, vinculadas a sectores como el aguacate y el almendro. Además, la familia Entrecanales ha invertido más de 46 millones de euros en plantaciones de almendro en Aragón a través de Lizard Agro.
Propuestas de Greenpeace
Ante este panorama, Greenpeace reclama la exclusión de fondos de inversión y grandes holdings de las ayudas de la PAC, transparencia corporativa, la regulación del mercado de la tierra, el control de la integración vertical en la cadena de valor y un reparto justo y sostenible del agua. La organización también propone modificar los planes hidrológicos para eliminar las concesiones que benefician a los modelos superintensivos y crear bancos públicos de agua, además de revisar las concesiones históricas.