El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado este martes el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra once apartados de ocho artículos de la Ley estatal de Vivienda, en vigor desde 2023. La decisión supone un nuevo respaldo jurídico a una de las normas más controvertidas de la legislatura y refuerza la capacidad del Estado para intervenir en el mercado inmobiliario.
El Ejecutivo madrileño sostenía en su recurso que la ley suponía “la invasión” de competencias autonómicas y municipales, especialmente en lo relativo a la declaración de zonas de mercado tensionado y a la obligación de los grandes tenedores de informar sobre las viviendas que poseen en dichas áreas. Con esta sentencia, recogida por Efe, el tribunal cierra el paso a ese planteamiento y avala la constitucionalidad de los preceptos impugnados.
La sentencia subraya que el legislador estatal “goza de competencias para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros”.
El fallo refuerza así uno de los pilares de la norma: la consideración de la vivienda no solo como un principio rector de la política social y económica, sino como un derecho subjetivo con alcance definido por el Estado.
A favor de la ley
El alto tribunal destaca que esta es la cuarta ocasión en la que se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley estatal de vivienda, consolidando una línea jurisprudencial favorable a la norma.
Asimismo, confirma la constitucionalidad del artículo 8, lo que implica que la vivienda puede configurarse como derecho subjetivo y que el legislador estatal tiene potestad para definir quiénes son sus titulares, ya sea en régimen de propiedad o en alquiler.
Rechazo al argumento de invasión competencial
La Comunidad de Madrid había anunciado en julio de 2023 su intención de recurrir la norma por considerar que los once apartados impugnados se extralimitaban e invadían competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía.
El Gobierno regional cuestionaba especialmente los artículos relativos a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta clave de la ley que permite limitar las subidas del alquiler en áreas donde los precios se han disparado.
También criticaba la obligación impuesta a los grandes tenedores de vivienda de informar sobre el número de inmuebles que poseen en esas zonas, al entender que esa exigencia suponía una intromisión en competencias propias.
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, denunció en su momento la excesiva regulación por parte del Estado en ámbitos como la protección pública o la definición de las áreas tensionadas. Sin embargo, el Constitucional ha rechazado ese planteamiento y ha avalado la actuación del Estado dentro de su marco competencial.
El Gobierno pide aplicar la ley
Tras conocerse la sentencia, el Ejecutivo central reclamó a las comunidades autónomas que apliquen la norma en lugar de recurrirla. “Harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance”, señalaron a Efe fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Para el Gobierno, la decisión del tribunal respalda “el rigor jurídico de la norma”, así como los mecanismos de intervención del mercado diseñados para preservar la función social de la vivienda y combatir la especulación.
La sentencia supone un espaldarazo político y jurídico a la estrategia del Ejecutivo en materia de vivienda, en un contexto de fuerte tensión en el mercado del alquiler y creciente preocupación social por el acceso a un hogar asequible.
Un tribunal dividido
El fallo no ha sido unánime. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, cuenta con el voto particular discrepante de cinco magistrados: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.
Este bloque refleja la división interna dentro de un órgano compuesto por doce miembros y pone de manifiesto la sensibilidad jurídica y política del debate sobre el alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de vivienda.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el aval a la declaración de zonas de mercado tensionado, instrumento que permite limitar los incrementos del alquiler en áreas donde el coste de la vivienda supera determinados umbrales en relación con la renta de los hogares.
La validación de este mecanismo abre la puerta a que más comunidades autónomas activen estas herramientas si lo consideran necesario. No obstante, su aplicación depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos regionales.
Con esta nueva resolución, el Tribunal Constitucional refuerza la arquitectura jurídica de la norma y dificulta nuevos intentos de tumbar sus elementos esenciales por la vía judicial. La batalla política sobre la vivienda continúa, pero en el plano constitucional la ley sale, reforzada.
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