La primera semana de la huelga indefinida de médicos terminó el viernes con un seguimiento desigual y conflicto entre sindicatos y consejerías por las cifras. Los sanitarios ponen fin a los paros convocados para el mes de febrero, que volverán durante la semana del 16 al 20 de marzo y se prolongarán hasta junio, a razón de una semana de huelga por mes.
Los sindicatos convocantes, entre los que se encuentran la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), han celebrado el “éxito” de las jornadas de huelga contra el Estatuto Marco. Calculan que, de media, un 90% de los médicos han secundado su convocatoria en la atención hospitalaria y un 85% lo ha hecho en la atención primaria, pero los datos de las consejerías chocan con estas aproximaciones.
Los gobiernos autonómicos informaron durante la semana de un abanico de seguimiento que iba del 10% en Madrid al 24% en Andalucía, con gran variedad entre comunidades y provincias. En Ceuta y Melilla, el Ingesa informa de un seguimiento del 5,7%. Aun así, las consejerías de sanidad reconocen un impacto considerable en la actividad de sus sistemas de salud.
Consultas, pruebas y cirugías suspendidas: los efectos de la huelga
Pese a los servicios mínimos impuestos, que en algunos servicios alcanzaban el 100% de los efectivos, la huelga provocó la cancelación de miles de citas sanitarias durante la semana. El efecto ha sido especialmente significativo en la Comunidad de Madrid, donde se han anulado más de 24.200 consultas hospitalarias, 1.400 cirugías y 3.000 pruebas diagnósticas, así como 8.700 citas en atención primaria.
Desde el Gobierno regional, han cifrado el impacto económico de la huelga en casi dos millones de euros. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, se “zampe una a una” las reivindicaciones de su pasado, cuando “se ponía a bailar delante del 12 de Octubre”.
En la Comunidad Valenciana, calculan que se cancelaron un total de 32.000 actos asistenciales entre la atención primaria y hospitalaria durante la semana. Para la Generalitat valenciana, la huelga “se la hacen a la ministra de Sanidad”, que “está poniendo en marcha un nuevo estatuto del personal sanitario sin contar con los facultativos”. Desde Galicia, por su parte, se habrían suspendido unas 25.000 actuaciones sanitarias en la primera semana de paros, que aseguran serán “muy difíciles de recuperar”.
En Baleares, los paros médicos han supuesto la anulación de 339 intervenciones quirúrgicas, más de 7.700 consultas de atención primaria y 7.600 consultas hospitalarias, así como pruebas radiológicas y diagnósticas. Mientras, en Murcia, se han suspendido más de 7.500 consultas y 1.500 pruebas diagnósticas, según cálculos del Servicio Murciano de Salud. En el País Vasco, los paros de facultativos han provocado la cancelación de 10.291 consultas de atención primaria, 2.752 de pediatría y más de 500 cirugías, según los últimos datos.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, advirtió el jueves de que pediría una “ampliación” de las competencias autonómicas en materia sanitaria si el ministerio no asume sus “responsabilidades”. “No ha habido ningún gesto que permita vislumbrar una salida, y este escenario nos preocupa desde hace mucho tiempo”, indicó el consejero, que puso en duda “para qué necesitamos un ministerio dentro del Sistema Nacional de Salud”.
El Ámbito de Negociación defiende su Estatuto Marco
Frente a las reclamaciones del colectivo médico, los sindicatos del Ámbito de Negociación defienden el pacto alcanzado con Sanidad para renovar el Estatuto Marco y han comenzado una ronda de reuniones con profesionales del Sistema Nacional de Salud y representantes políticos para explicar las mejoras que traería la nueva norma.
Desde CSIF, defienden que el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco “supone un avance real en las condiciones laborales del personal estatutario”, actualizando una norma “claramente desfasada” que ha generado “precariedad, abuso de la temporalidad, desigualdades territoriales y falta de reconocimiento profesional”.
También el sindicato de enfermería Satse subraya los avances del acuerdo, que “pone coto a la temporalidad que sufren enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública”. La organización ha pedido a las comunidades autónomas y partidos políticos que no “dinamiten” el avance del Estatuto Marco. Así, consideran que se ha generado “mucho ruido y desinformación” sobre un acuerdo que mejora notablemente el Estatuto Marco “y no discrimina, perjudica y, mucho menos, maltrata a ninguna categoría”.