Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

La empresa estatal de vivienda y suelo elevará así hasta 4.400 el número de viviendas licitadas en colaboración público-privada, según ha detallado la ministra Isabel Rodríguez este viernes

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece este viernes en la comisión correspondiente del Congreso. (EFE/ Javier Lizon)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado de que Casa 47 prevé licitar la construcción de 2.800 unidades en los primeros tres meses de 2026, que se sumarán a los 1.600 inmuebles de 2025. En una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, Rodríguez ha destacado que la nueva empresa de vivienda y suelo cuenta con solvencia para elevar hasta 4.400 las unidades en el proyecto de colaboración público-privada, para el que se han dispuesto 13.000 millones de euros en financiación para los próximos años.

Según ha avanzado el Ejecutivo, esta nueva convocatoria contempla la utilización de terrenos urbanos finalistas, es decir, suelos que ya cuentan con todos los permisos necesarios y están listos para la edificación. Además, se prevé la inclusión de ayudas públicas y la posibilidad de acceder a distintas formas de financiación, para facilitar la construcción y la adquisición, así como opciones de alquiler asequible.

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Además, Rodríguez ha indicado que la entidad ha reservado 100.000 millones de euros para ejercer una opción de compra sobre propiedades que actualmente son privadas y destinarlas a oferta de vivienda pública asequible. El Consejo Rector tiene previsto aprobar la próxima semana las bases de la iniciativa con el objetivo de sumar la compra pública a sus herramientas habituales, siguiendo el ejemplo de otras administraciones que ya aplican el derecho de tanteo y retracto para incrementar el parque administrado por el Estado.

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Convocatorias trimestrales de licitaciones

Este anuncio se enmarca en la estrategia de publlicación periódica de lotes de Casa 47, con la que el Gobierno espera garantizar un flujo constante de adiciones a las oportunides de acceso a vivienda asequible para compra y alquiler. La empresa pública planea sumar cada trimestre nuevas ofertas a través de su portal digital específico con el que simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas.

Para el abastecimiento de viviendas y terrenos, Casa 47 recurre a la construcción directa, pero también incorpora inmuebles y suelos propiedad del Estado, procedentes de ministerios como Hacienda, Defensa e Interior. A esto se suma la aportación de la Sareb, que transferirá 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para elevar la oferta en 55.000 casas adicionales.

Acceder a una casa ya es un lujo en Madrid y Barcelona: el precio de compra ronda los 5.000 euros el m2 y el alquiler, los 20 euros.

En este proceso se integrarán también ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid, declarados parcialmente lugar de memoria democrática por su carácter emblématico en la historia de la represión franquista, donde está previsto edificar 1.332 viviendas protegidas. Otro proyecto destacado es la Operación Campamento, que contempla la construcción de 10.700 viviendas. Tras dos décadas de paralización, las labores de demolición se encuentran ya en marcha.

Vivienda ya ha lanzado el primer lote de alquiler asequible

Los contratos de alquiler que ofrecerá Casa 47 podrán extenderse hasta 75 años y el precio estará limitado según criterios de asequibilidad. El importe máximo de renta no podrá superar en ningún caso el 30% de la renta mediana de cada comunidad autónoma, con el fin de garantizar la accesibilidad financiera de los arrendatarios.

Como parte de la primera fase, Casa 47 ha puesto en marcha una convocatoria piloto para asignar 171 viviendas de alquiler asequible provenientes de la Sareb, distribuidas en localidades afectadas por la DANA en Valencia (67), Vigo (67) y Mieres, Asturias (37). Pese a los avances, la presidenta de la entidad, Leire Iglesias, reconoció en diciembre que serán necesarios al menos cinco años para que el impacto de la iniciativa comience a tener efecto en los elevados precios del alquiler.

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