El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha desestimado la petición del PSOE para restringir el volumen de información que debe entregar sobre los pagos en metálico efectuados por el partido entre los años 2017 y 2024. En el auto al que ha tenido acceso Infobae España, el magistrado concluye que “no procede la aclaración interesada” y ordena a la formación que aporte todos los abonos y sus justificantes, sin limitar la información únicamente a los investigados en el ‘caso Koldo’.
La resolución llega como respuesta al escrito de Ferraz, que había planteado que la orden judicial podía implicar un exceso al obligar a remitir datos de trabajadores, cargos, militantes y voluntarios sin vinculación procesal con la causa. El partido sostenía que esa obligación supondría revelar información especialmente sensible, vinculada incluso a “ideología y creencias”, en un procedimiento donde están personados PP y Vox como acusación.
El magistrado, sin embargo, considera que los pagos en metálico efectuados por el PSOE durante el periodo indicado constituyen un elemento “relevante” para esclarecer el funcionamiento del sistema de reintegro utilizado para compensar gastos de José Luis Ábalos y de su antiguo asistente Koldo García. El auto recuerda que existen comunicaciones policiales que apuntan a pagos cuya naturaleza y origen no han quedado suficientemente acreditados.
Además, se da la circunstancia de que el propio Tribunal Supremo, a través del instructor Leopoldo Puente, trasladó al juez Moreno la existencia de “incógnitas” por despejar en relación con el origen del dinero en efectivo manejado por el partido para reembolsar esos gastos. Ese aviso dio pie a una línea de investigación específica dentro del ‘caso Koldo’.
El juez invoca la necesidad de esclarecer hechos y descarta la tesis de Ferraz
En la parte de fundamentos jurídicos, Moreno sostiene que la solicitud de información es plenamente legítima y proporcionada. El documento recuerda que, según doctrina constitucional, la administración de justicia puede acceder a datos protegidos cuando existan “intereses constitucionalmente relevantes” que lo justifiquen. El juez alude también a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el equilibrio entre privacidad e interés público en investigaciones penales.
Moreno recalca que el objetivo de la medida es determinar el origen de las cantidades en metálico de las que dispondría el partido para afrontar compensaciones. De acuerdo con la línea expuesta tanto por la Audiencia Nacional como por la Fiscalía Anticorrupción, persisten dudas sobre cómo se generaba y administraba ese flujo de efectivo, especialmente teniendo en cuenta que, según indica el auto, “esta forma de pago no era infrecuente” dentro de la organización.
Ferraz había pedido al juez que aclarase si se le requería entregar únicamente la información relativa a los imputados —que, según el partido, ya constaba en la causa y, por tanto, sería redundante— o si debía facilitar todos los datos de pagos realizados a cualquier persona durante todo el periodo. Esa última opción, a juicio del PSOE, implicaba un “exceso” contrario a la normativa de protección de datos. No obstante, el magistrado concluye que no existe margen para interpretar la orden de manera restrictiva, ya que la información requerida abarca la totalidad de los pagos en metálico, sin excepciones.
El auto, al que ha tenido acceso este diario, insiste en que la petición no responde a una curiosidad indiscriminada, sino a la necesidad de verificar posibles irregularidades, en un contexto en el que Anticorrupción ha advertido de la eventual existencia de conductas que podrían encajar en delitos de blanqueo de capitales o incluso desfalco contra el propio PSOE. De hecho, la Fiscalía sostiene que limitar la entrega de datos solo a los investigados dejaría sin respuesta cuestiones relevantes para entender el mecanismo completo de reintegros internos.
El PSOE acatará la orden y defiende la legalidad de sus cuentas
Tras conocerse el auto, la dirección socialista ha asegurado que “respeta la decisión del juez” y que colaborará “con total normalidad” con la Audiencia Nacional. Fuentes del partido señalan que la transparencia se ejerce “en la práctica” y recuerdan que las cuentas del PSOE están fiscalizadas y auditadas.
La formación, que no se encuentra imputada en la causa, mantiene además que el partido podría haber sido perjudicado por las presuntas maniobras de antiguos responsables de Organización. El PP ha intentado sin éxito expulsar al PSOE de la acusación particular, pero Moreno ratificó hace dos semanas su legitimación para seguir en esa posición dentro del procedimiento.
El juez establece que contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de las vías procesales que correspondan en caso de petición de aclaración o rectificación futura, dando por firme la obligación de entregar toda la documentación requerida.
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