La tapia del cementerio de La Almudena, donde la dictadura franquista fusiló a tres mil españoles, ya es Lugar de Memoria

Entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944, tras la Guerra Civil, 2.936 españoles fueron asesinados en el cementerio de La Almudena. Al menos 44 víctimas fueron ejecutadas a garrote vil y otras muchas fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio. Al menos, 80 víctimas fueron mujeres y entre ellas figuran las conocidas como Las trece rosas, fusiladas el 5 de agosto de 1939. Ahora, las vidas y muertes de esos casi tres mil españoles serán recordadas. El Gobierno lo ha nombrado Lugar de Memoria esta semana.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el pasado jueves la decisión del Gobierno de España de declarar la “Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este”, conocido como el de La Almudena, como Lugar de Memoria Democrática, una distinción que recoge la Ley de Memoria Democrática y con la que establecen las medidas de protección que garanticen la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización del espacio.

“Los fusilados eran en su mayoría hombres y mujeres que habían sido militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales, y republicanos que se oponían a la dictadura, muchos de los cuales habían sido juzgados en procesos militares sin las debidas garantías legales”, detalla el BOE. Este lugar de represión se mantuvo hasta la inauguración de la nueva prisión de Carabanchel en junio de 1944, que se convirtió entonces en el nuevo lugar de fusilamientos del régimen franquista.

Para el Gobierno, la tapia de la Almudena representa uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, y hoy en día es “un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad”.

La batalla por el nombramiento de la Real Casa de Correos

Esta declaración se produjo después de que se publicara otro acuerdo para declarar también la Real Casa de Correos. El edificio, actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, convertido en Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista, recibe este reconocimiento tras meses de conflicto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que se negaba a que el edificio recibiese esta distinción y que va a presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por esta decisión que tildan de “arbitraria y sectaria”.

Actualmente, cuenta con tres insignias de piedra colocadas en la fachada principal: una en honor a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la colocada más recientemente, a los fallecidos durante la pandemia de la covid. Sin embargo, la presidencia autonómica se niega a colocar una cuarta que detalle las humillaciones, torturas o asesinatos que se cometieron en el lugar durante el franquismo. No obstante, el Gobierno central insiste. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, señala en un comunicado que “todos los demócratas” deberían “alegrarse” de esta declaración, “para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos”.

También se publicará en el BOE la declaración de Lugar de Memoria de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, conocida como la Cárcel de Carabanchel. . Se convirtió, según reza un comunicado del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática, en “uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria”. Entre los encarcelados se encontraron algunos de los líderes sindicales y políticos cuyo papel fue importante en la transición española a la democracia. “En las celdas de Carabanchel pasaron sus últimas horas decenas de presos antes de ser ajusticiados, en unas condiciones de vida extremadamente duras, fruto del hacinamiento, la malnutrición, la falta de atención médica y frecuentes malos tratos por parte de los guardias”, denuncian desde Memoria.