El Boletín Oficial del Estado hizo públicos la semana pasada los fondos que el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez destinará este año a las Comunidades Autónomas que han presentado proyectos para actividades de memoria democrática. Se trata de 2,78 millones de euros repartidos entre todas las regiones menos Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Andalucía es la que más recibirá, con 615.000 euros. En el otro lado de la balanza, Canarias, con 35.600 euros.
El Ejecutivo financia dos tipos de actuaciones: la localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes; y todos aquellos trabajos desarrollados sobre divulgación de los resultados conseguidos y “de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos”. Según los proyectos presentados por las comunidades, estos fondos sirvieron en 2024 para sufragar los gastos que se han desarrollado en 363 fosas donde se han recuperado 2.418 cuerpos. Como esta primera línea de actuación tiene una partida de dos millones de euros, el Gobierno central destina una media de 827 euros a exhumar cada cadáver. En Andalucía se ha desenterrado casi la mitad de todas las víctimas: un total de 1.077.
Desde 2019 se han exhumado en España 8.941 cuerpos de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero apenas 70 han podido ser identificados tras la verificación genética. La cifra supone apenas un 0,7 % del total. La baja tasa de identificación responde a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos. Cuando se confirma una identidad, los restos se entregan a los familiares para que decidan sobre su destino. Si no hay posibilidad, la normativa establece que se inhuman en el cementerio de la localidad a la que pertenece la fosa, con la opción de instalar una placa que señale el origen de esos restos. De esas 8.941 exhumaciones, 6.000 han sido financiadas directamente con fondos estatales.
Para este 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha dotado, de momento, con fondos a cinco proyectos que se llevarán a cabo en Andalucía, once en Aragón, cinco en Asturias, cuatro en Extremadura, ocho en las Islas Baleares, trece en Cataluña, 16 en Navarra, ocho en Galicia y diez en Castilla y León. Un estudio de la Sociedad Aranzadi ya calculó que, con la financiación del Estado, podrían recuperarse entre 20.000 y 25.000 cuerpos, con entre 5.000 y 7.000 identificaciones posibles. Es decir, un 20% del total, una cifra muy superior al 0,7% logrado ya con una muestra significativa de casi 9.000 fallecidos.
Un banco de ADN
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que preside Emilio Silva, el nieto de la primera víctima desaparecida que fue identificada genéricamente en España, exige que el Gobierno cumpla de una vez y la ley y cree un banco de ADN para permitir la identificación de todas las víctimas del franquismo. “Está recogido en el artículo 23 de la ley, que este octubre cumple tres años. ¿Por qué el Gobierno no lo pone en marcha?“, se pregunta. Teniendo en cuenta, además, que en octubre de 2023 el ministerio de Justicia anunció que adquirí el software Bonaparte, con el objetivo de crear y gestionar ese banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Costó 290.000 euros. ”Pero de momento el Gobierno no lo ha puesto en marcha", asegura Silva.
Para esta asociación, que trabaja sin recibir subvenciones estatales, “la tasa tan baja de identificaciones debería despertar una alarma y cambiar el método de trabajo. Lo lógico es empezar todo el proceso cuando lo solicita una familia. Pero ahora el Gobierno está subvencionado exhumaciones donde no hay un solo familiar. Hay que empezar cuando lo pide una familia y no depender de los colores políticos de ayuntamientos y comunidades, que solicitan los fondos estatales muchas veces sin peticiones de familias de víctimas. Es necesaria la creación de una oficina de desaparecidos, donde se pueda compartir información entre todas las Administraciones y las familias”.
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